Siete adultos mayores murieron ayer de madrugada a raíz de un incendio en un hogar residencial sin fines de lucro en el barrio Atahualpa, en Montevideo. En total había 17 personas alojadas. De ellas, uno se encuentra en el Hospital de Clínicas por padecer problemas respiratorios, algunos fueron trasladados al centro Tarará de la Unión, otros a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y otros fueron retirados del lugar por sus familias.
El hogar se encuentra en Millán y Cisplatina, y funciona desde 2014 sin habilitación de Bomberos; desde entonces recibió dos inspecciones, del Mides y del Ministerio de Salud Pública (MSP). En conferencia de prensa, el director nacional de Salud, Jorge Quian, aseguró que lo “ideal” sería que los locales y la gestión fueran sujetos a inspección antes de que ingresaran los residentes, pero, sin embargo, la realidad es que primero llegan las personas y después se realizan los trámites formales. “No tenemos la capacidad de rever dónde se va a poner a los ancianos. No es que con controles se resuelva. Es imposible que se vaya casa por casa controlando si hay ancianos a su cuidado. El MSP va detrás de los hechos, y los hechos son porfiados”, sostuvo. La subdirectora de Salud del MSP, Raquel Rosa, agregó que “seguramente hay un subregistro” de las residencias. Además, aclaró que una vez que se inicia el trámite, el Mides y el MSP “acompañan” mientras se espera la habilitación final que da Desarrollo Social. Quian aseguró que ésta “lleva tiempo y hay lugares donde los cuidados son buenos”.
En este caso, además de carecer de habilitación de Bomberos, la residencia había sido observada en las dos inspecciones por exhibir deficiencias de la planta física. Rosa aseguró que “no había grandes problemas sanitarios”, que la “atención era la adecuada, los pacientes se encontraban limpios y en buen estado de salud”. Por otro lado, al momento del incendio había sólo una persona a cargo de los 17 residentes, algo “insuficiente”, al entender de las autoridades. Rosa sostuvo que se prevé que por cada diez personas autoválidas haya un funcionario, e informó que aunque aún no hay normativa que lo estipule, ya se está “reglamentando”.
La jueza María Larramendi determinará si hay responsabilidad penal en el caso; hasta el momento, las dos responsables del hogar quedaron emplazadas, informó El Observador. La diputada del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, convocó al Parlamento al director del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango. En noviembre del año pasado, Bango había dicho en la Comisión de Presupuesto del Senado que se debería “cerrar un tercio de los centros residenciales”, pero “no lo vamos a hacer porque Uruguay no tendría condiciones de poner a esas personas en otro lugar”. Desde la asociación Red Pro Cuidados, Margarita Percovich aseguró que se “necesita un control más estricto”. “Hay cierta resistencia a hacer demasiadas inspecciones porque el Estado no tiene alternativa para ubicar a la gente que utiliza los servicios”, explicó.
En octubre de 2014 el Instituto Nacional del Adulto Mayor del Mides presentó un relevamiento de los establecimientos transitorios y de larga estadía que ofrecen servicios de cuidados a los adultos mayores. Se visitaron 912 centros y se relevó información de 583: sólo 20% están habilitados para funcionar, 72% de los usuarios son mujeres y casi 50% son personas dependientes en algún nivel. En ese entonces también se anunció que la regulación, habilitación y fiscalización serían coordinadas entre el Mides y el MSP. La subdirectora de Salud del MSP, Raquel Rosa, dijo ayer que no tiene las cifras sobre cuántos centros están habilitados, y cuántos en trámite de habilitación. Según los datos del Censo 2011, en Uruguay hay 13.817 personas que hacen uso de alguno de los dos servicios, de las cuales 11.560 son mayores de 65 años.