Ir al contenido

Nacional | Miércoles 18 • Mayo • 2016

Ya están en el Parlamento

Luego del acuerdo logrado con los partidos políticos, el Poder Ejecutivo envió ayer por la mañana al Parlamento dos proyectos de ley en materia de seguridad pública. Uno de ellos posterga la aplicación de los aspectos medulares del nuevo Código del Proceso Penal para 2017; el texto inicial del Ejecutivo proponía aplazarlo hasta febrero de 2019 en virtud de la “importante erogación de fondos públicos” que implicaría su implementación inmediata y teniendo en cuenta “la actual coyuntura económico-financiera, nacional e internacional”. El proyecto desestima la aplicación parcial del Código en determinadas regiones, porque ello afectaría, a juicio del Ejecutivo, el derecho a la igualdad.

El segundo proyecto acordado con los partidos políticos busca agilizar los procesos judiciales en materia penal, estableciendo mecanismos que permitan la “resolución en forma rápida del conflicto penal”, según consta en la iniciativa. Estos son la suspensión condicional del proceso, los acuerdos reparatorios y los procedimientos abreviados en los casos de delitos de una pena no superior a seis años de penitenciaría. En este último caso, el imputado deberá aceptar los hechos y la aplicación del procedimiento. El Ministerio Público estará facultado a disminuir la pena hasta en una tercera parte y el juez dicta allí mismo la sentencia. En el caso de los acuerdos reparatorios, se da una mediación extraprocesal y se llega a un convenio entre partes, en casos de conductas “con apariencia delictiva que no revisten gravedad como para formalizar la acción penal". En tanto, la suspensión condicional del proceso es pedida por el fiscal en acuerdo con el imputado, siempre que la pena mínima del delito cometido no supere los cuatro años de penitenciaría, “a cambio de condiciones y obligaciones", como residir en un lugar específico, no acercarse a determinadas personas o lugares, llegar a un consenso para la reparación material o simbólica, realizar prestaciones en beneficio de la comunidad, someterse a tratamientos, entre otras. El proceso se suspende, pero si el imputado incumple, se deja sin efecto la suspensión.

En cuanto al tercer proyecto acordado con la oposición, que elimina el beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes en delitos de rapiña, copamiento, secuestro, extorsión, homicidio, violación y narcotráfico, el Poder Ejecutivo tenía previsto enviarlo luego de la reunión de hoy en la tarde con los partidos de la oposición, porque en ese ámbito se presentó la redacción final, explicó a la diaria el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. El proyecto del Ejecutivo señalaba que "la reincidencia o reiteración en conductas delictivas son demostrativos de que la persona ha elegido el camino de la delincuencia como forma de vida". "De manera que restituir a la sociedad a quienes vuelven a incurrir en dichos delitos, mediante un instituto que conlleva la reducción del cumplimiento de la pena, pone en riesgo la seguridad pública ya que los pone en condiciones de volver a delinquir, aun cuando sean sometidos a un régimen de vigilancia", argumentaba el texto original.

Por otra parte, el Ejecutivo envió también ayer a consideración del Parlamento un proyecto de ley que establece cambios en el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación. La iniciativa se había presentado en una primera instancia en la reunión multipartidaria sobre seguridad, pero finalmente la oposición solicitó que se enviara al Parlamento para discutirla en profundidad, sin un acuerdo previo. Todos los proyectos están a consideración de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Íbamos mal

El senador colorado Pedro Bordaberry difundió ayer una columna de opinión en la que considera que, al convocar a una mesa de diálogo interpartidario, el presidente Tabaré Vázquez “está aceptando que el camino que transitó hasta ahora el Frente Amplio no es suficiente y necesita la ayuda de todos”. Bordaberry expresó su “temor” por la posibilidad de que “los uruguayos se formen demasiadas expectativas” sobre los tres acuerdos logrados, que “no enfrentan la totalidad del problema” y que “si no son complementados con otras medidas, ocasionarán más problemas”.

El legislador recordó que ya estaba previsto que el Código del Proceso Penal entrara en vigencia en 2017, por lo tanto aquí no habría novedad. En cuanto a la mediación extraprocesal, señaló que le genera “dudas”. “Nos parece que ese acuerdo debe contemplar el daño a la víctima pero también otros daños. Quien delinque causa daño también a la sociedad con su conducta y a sí mismo. Por ende, el acuerdo que evite el juicio debería siempre atender el resarcimiento a la víctima pero también a la sociedad (mediante tareas comunitarias, por ejemplo) y a sí mismo (con obligación de ir a clínicas de rehabilitación, si es consumidor de drogas o alcohólico, o a cursos de manejo y tránsito, etc.). Más allá de esto, resulta evidente que esta no es una medida que vaya a tener resultados impactantes en el combate a la delincuencia y la recuperación de la seguridad ciudadana”, concluyó Bordaberry.

En cuanto a la quita del beneficio de la libertad anticipada para quienes cometieron ciertos delitos, el legislador colorado celebró que el Frente Amplio acepte una medida de este tipo cuando dos años atrás se negaba a hacerlo. Bordaberry concluyó que los tres acuerdos anunciados “muestran que se puede llegar a acuerdos”, pero sostuvo que quedarse sólo con ellos “será un fracaso”.

Etiquetas


Seguí leyendo sobre esto: