Ayer fue el Día Mundial Libre de Humo de Tabaco, y el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprovechó para presentar los últimos datos. Según Enrique Soto, director del Programa Nacional del Control de Tabaco, el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística arroja que el consumo bajó de 35% en 2005 a 22% en 2014. “Eso no quiere decir que estemos contentos con las cifras”, dijo, ya que se registró 22,8% de trabajadores de la salud que fuman. El objetivo del gobierno es que en 2020 la población de fumadores baje a 18%. El MSP está preocupado en especial por las franjas etarias de 45 a 60 años. La Junta Nacional de Salud, dijo el jerarca, está haciendo un relevamiento sobre cuáles son los prestadores de salud que están derivando a los usuarios a clínicas especializadas.
Aún está pendiente de resolución el juicio en base a la demanda que la compañía Philip Morris presentó en 2010 contra el Estado uruguayo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. La multinacional exige 25 millones de dólares a causa del decreto que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados, el agregado de impuestos (uno de ellos en noviembre del año pasado), la obligación de retirar del mercado siete de sus 12 productos y la disposición de destinar 80% de la superficie de las cajas a advertencias sobre los riesgos de fumar. Soto dijo ayer que se está analizando la experiencia internacional sobre el empaquetado, sobre todo la de Australia, que en 2012 pasó a destinar 100% del espacio a advertencias y eliminó incluso los logotipos, que se sustituyeron por el nombre de las marcas en una fuente neutra.
El MSP estima que entre 15% y 20% de los fumadores consume mercadería que no cumple con las normativas, y que los estratos socioeconómicos más bajos optan por los cigarros de contrabando. “Lo que no se detecta claramente es la relación entre el aumento de impuestos y el aumento de contrabando”, concluyó.