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Nacional | Viernes 10 • Junio • 2016

Clase de informática en el establecimiento penitenciario Comcar. Foto: Iván Franco (archivo, setiembre de 2015)

¿Cómo educar en el encierro?

Secundaria prevé plan educativo nacional para cárceles; 78% de los presos inscriptos obtuvieron “logros” en 2015.

Según los datos de marzo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), hay 10.094 personas privadas de libertad en todo el país. 70% están procesadas por la Justicia, lo que equivale a decir que sólo 30% tiene pena. Son 9.527 hombres y 567 mujeres; 4.077 son personas que cayeron presas por primera vez; el resto, más de una. Cerca de 70% del total de las personas encerradas tiene menos de 30 años, casi 40% está ahí por delitos contra la propiedad; y en su mayoría se trata de gente pobre. Estas son algunas de las características de la población que tiene que educar el programa Educación en Contexto de Encierro (ECE) del Consejo de Educación Secundaria (CES). A pesar de que en 2002 se formalizó el vínculo entre el CES y las cárceles, aún hoy, que ECE funciona en todo el país, no se sabe bien cómo enseñar y saltear obstáculos intrínsecos de la lógica represiva del sistema penitenciario. Ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, se habló del tema. La conclusión: hay “buenas” prácticas educativas, pero todavía son insuficientes y heterogéneas. La coordinadora del ECE, Sandra Gardella, anunció que se está trabajando en un plan educativo para educación media en cárceles.

El año pasado, 1.758 personas privadas de libertad cursaron secundaria. 78% de los inscriptos obtuvo “logros” académicos (dar exámenes, pasar de grado). Se alcanzaron logros de 100% de los inscriptos en la cárcel de Artigas (donde los que estudian representan 30% de la población encerrada) y Colonia (con 21% de los presos estudiando), le sigue Juan Soler de San José con 98% (donde estudia 68%) y la de Tacuarembó con 96,30% (44,8% son estudiantes de secundaria). El porcentaje más bajo de logros es 44% y corresponde a la cárcel de Treinta y Tres (donde estudia 35,6% de la población). Le sigue el Compen, en Montevideo, con logros de 54,7% (la población que estudia es sólo 4,4%). Gardella espera aumentar el número de estudiantes a 3.000 en el quinquenio.

Por otro lado, aseguró que ECE llegó a todo el país gracias a la solicitud de las direcciones de cada unidad penitenciaria. “En 2002 no se entendía la educación como un derecho, y por ende no se planificaba para garantizarlo; ahora sí”, afirmó. Ese año se dictaban clases sólo en Montevideo y en la cárcel femenina de Canelones; en 2009 se habían sumado las cárceles de Salto, Paysandú, Soriano, Flores, San José, Canelones y Maldonado. En 2012 se agregaron las de Colonia, Florida y Tacuarembó, y en 2014, las restantes. Sin embargo, Gardella reconoció que aunque el CES está presente en todo el país, además de que el acceso no está garantizado, aún hay “dificultades que no han sido subsanadas por la lógica penitenciaria”. Asegura que es imprescindible generar una mesa institucional de planificación mensual, capacitar a los docentes y operadores, cubrir en su totalidad las horas de clase, y que los inscriptos vayan a clase (es decir, que desde el INR se generen mecanismos que garanticen el traslado, etcétera). “Logramos entrar, pero estamos en proceso de evaluar realmente qué es una buena práctica. Hay un montón de conceptos, como el de transversalidad y el de complementariedad, que estamos buscando”, sostuvo.

Mariana Amaro, coordinadora del proyecto entre la UTU y el INR, pidió al subdirector técnico del INR, Gustavo Belarra, “no pensar los planes de educación de forma independiente, como si pudieran funcionar solos; quizá se puedan pensar en conjunto con otros”; para eso exigió la creación de un “espacio de articulación y diálogo permanentes”. Amaro también aseguró que es posible “generar transformaciones en los hábitos” de las personas presas, sostuvo que “el pobre, y más el pobre detenido, tiene que desarrollar una gran creatividad para sobrevivir. Esas herramientas que ya poseen se tienen que desarrollar”. Aclaró que su trabajo es el de “guiar para que la persona construya su propio desarrollo”.

A su vez, Gonzalo Larrosa, ex director de la Unidad 7, en Canelones, afirmó que la cárcel “es deteriorante por definición, de internos y funcionarios”, y que pretender “rehabilitar” es como decir “te hundo la cabeza bajo el agua y quiero que respires, y encima que me lo demuestres”. Entonces, previo a la exigencia, asegura que se debe “bajar el dolor y sufrimiento del que está ahí”. Para lograrlo, apuesta a la “deconstrucción” de “conceptos” y a la creación de “espacios simbólicos”. “Los trabajadores no tenemos por qué juzgar, debemos preocuparnos por cómo mejorar las condiciones de vida, para después exigir”.

Poca cabeza

A raíz del traslado de la cárcel de mujeres con hijos El Molino a la Unidad Femenina Nº 5 de Libertad, San José, que aún no se ha concretado, 13 mujeres están sin clases desde marzo. La coordinadora del programa ECE, Sandra Gardella, explicó que las horas docentes se ponen a disposición cada octubre, y que en ese momento el INR preveía hacer efectivo el traslado antes de marzo, por eso no se eligieron horas en El Molino.

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