Dos de los centros de “detención, desaparición, tortura, muerte y enterramiento clandestino” más emblemáticos de la dictadura serán hoy señalizados con placas, en el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley 18.596, que establece que el Estado “promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado ejercido” entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. El día que se cumplen 43 años del golpe de Estado, a las 11.30, la Comisión Especial de aplicación de esta ley que funciona en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) colocará dos placas, una en Avenida de las Instrucciones 1933 con la leyenda: “Aquí funcionó el Batallón de Infantería nro. 13, que fue centro de detención, desaparición, tortura, muerte y enterramiento clandestino entre 1972-1985”, y otra en el edificio contiguo, que dice: “En el Servicio de Materiales y Armamento, funcionó el Centro Clandestino de Detención 300 Carlos, también llamado ‘Infierno grande’, lugar de detención, desaparición, tortura y muerte desde 1975”. Ambos textos culminan con un: “Nunca más terrorismo de Estado. 27 de junio de 2016”.

Infierno grande

El Batallón de Infantería Blindado Nº 13 se trasladó a Durazno a fines de 2013 y ahora el edificio es utilizado por el Batallón de Comunicaciones del Ejército. El Servicio de Material y Armamento sigue funcionando en el mismo lugar. Según testimonios de ex presos políticos recogidos por la diaria, durante la dictadura, ambos predios estaban unidos y se podía circular por el fondo. El folleto en el que se anuncia la colocación de las placas cuenta que el galpón que utilizaban “está intacto” y son “fácilmente reconocibles la escalera, la sala de tortura, las máquinas y hasta los huecos en el piso”. “El Batallón 13 de Infantería que depende directamente del Comando del Ejército participó activamente y desde el primer momento del Golpe de Estado sacando los tanques a la calle el 9 de febrero de 1973 cerrando la Ciudad Vieja en lo que se llamó ‘un golpe de Estado técnico’ y luego los volvió a sacar el 27 de junio de 1973 para dar el golpe de gracia a la Democracia. Más tarde en ese batallón se realizaron enterramientos clandestinos habiéndose encontrado el cuerpo de Fernando Miranda. Las excavaciones recomenzarán próximamente en busca de los restos de Elena Quinteros y María Claudia Irureta Goyena de Gelman”, agrega. El cuerpo de Miranda fue hallado al lado de la cancha de fútbol del cuartel. Desde 1972 en el Batallón 13 y desde 1975 en el 300 Carlos, “la tortura fue sistemática” y las personas que por ahí pasaron atadas y encapuchadas sufrieron “plantón, picana, submarino, palizas, colgamientos, violaciones, hostigamiento, aislamiento y calabozo”. “Estas dos unidades fueron bases de operaciones del Plan Cóndor en estrecha colaboración con el Ejército Brasilero y Argentino. El secuestro de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus dos hijos lo demostró con Brasil. El traslado de Nebio Melo y varios compatriotas trasladados desde Argentina fueron señalados en las denuncias de varios soldados: Washington Barrios, Atalivas Castillo, Eduardo Gallo y Miguel Río Casas. Cientos de militantes, luego de pasar por los horrores vividos aquí han fallecido por las secuelas de la tortura. A ellos rendimos un sincero homenaje”, finaliza la convocatoria.

Cuando la represión lanzó la Operación Morgan, operativo especial contra el Partido Comunista, los centros clandestinos utilizados -que también fueron usados contra otras organizaciones- se denominaron “infiernos”.

Al principio se utilizó una casa ubicada en Punta Gorda que fue conocida como “300 Carlos R” o “Infierno Chico”, pero el 2 de noviembre de 1975, de madrugada, los detenidos fueron trasladados al “300 Carlos” o “Infierno Grande” o “La Fábrica” 44, en el Servicio de Material y Armamento. Se estima que pasaron por ahí más de 300 detenidos. En el lugar hay varios galpones, y uno de ellos fue utilizado como centro clandestino de detención.

La Comisión Especial para dar cumplimiento a la ley es presidida por un delegado del MEC -que actualmente es el director de Cooperación Internacional y Proyectos de esa cartera, Nicolás Pons- e integrada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas y Salud Pública, de la organización de ex presos políticos Crysol y de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Se han colocado hasta el momento placas conmemorativas en Sauce, Durazno, Tacuarembó, Fray Bentos, Mercedes y Montevideo. Hoy también habrá una marcha organizada por Plenaria Memoria y Justicia que partirá a las 18.00 de la Plaza del Entrevero y se dirigirá a donde funciona el Servicio de Inteligencia de la Policía, ubicado en Maldonado y Paraguay.