La iniciativa impulsada por el gobierno permite que las personas que tienen capitales en el extranjero los declaren de forma “voluntaria y excepcional”. El proyecto establece tres franjas para el pago de impuestos por esos capitales: la primera, hasta los 21.500 dólares aproximadamente, está exenta de tributos, la segunda, que llega a los 56.000 dólares, deberá pagar un impuesto de 5%, y la tercera, que es para quienes declaren por encima de ese monto, deberá pagar 10% de impuesto. También habrá beneficios para el pago de las deudas fiscales generadas por estos capitales no declarados.
Según el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, no podrán acceder a estos beneficios para el blanqueo de capitales quienes ocupen o hayan ocupado algún cargo público desde 2010, así como las autoridades militares y policiales y los agentes de inteligencia.
Esta condición no estaba incluida cuando el gobierno anunció el proyecto, la semana pasada. Fue agregada después de que surgieran críticas de la Coalición Cívica, el grupo de la diputada Elisa Carrió, que integra la coalición Cambiemos, que llevó a Macri a la presidencia. Ese partido había dicho en un comunicado que sólo apoyaría el proyecto si los funcionarios eran excluidos, tal como sucedió.
Sin embargo, el alcance de la restricción parece limitado, ya que no se menciona en el proyecto a miembros o ex miembros de los otros dos poderes del Estado. Citando fuentes de la Casa Rosada, Clarín informó que la intención del gobierno de Macri es que los diputados y senadores decidan por sí mismos incluirse dentro de la restricción.
Voy por ahí
“Hay miles de millones de millones de dólares de argentinos que están en el exterior y que se los llevaron porque no confiaban en el Estado”, dijo Macri en un acto el viernes. Un día después dijo a periodistas que él mismo tiene 1,3 millones de dólares en las islas Bahamas y que va a repatriarlos. Consultado sobre qué hará con ese dinero, respondió: “Posiblemente compre letras del tesoro argentino, para confiar en que este proceso de recuperación de Argentina va a ir cada vez mejor”.
Estas revelaciones de Macri sobre sus capitales en el exterior fueron hechas mientras surgían cuestionamientos al crecimiento de su patrimonio, que se duplicó en los últimos 12 meses, según sus declaraciones juradas. El presidente presentó su declaración correspondiente a 2015 ante la Oficina Anticorrupción, y según la información que se incluye allí y la que figura en su declaración jurada correspondiente a 2014 -cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires-, su patrimonio creció de casi cuatro a casi ocho millones de dólares.
La mayor parte de este crecimiento se encuentra en el capital que tiene Macri en acciones, y la explicación que dio el presidente es, justamente, que antes estas figuraban con el valor simbólico de un centavo y ahora lo hacen con su valor real. Además de esas acciones, Macri cuenta con siete inmuebles -seis de ellos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y otro en Salta- y participación en seis compañías. En la declaración presentada este año también figuran las dos empresas offshore en las que Macri ha ocupado cargos, según se reveló en los últimos meses: Fleg Trading LTD (que se conoció mediante los Panama Papers) y Kagemusha. Después de que se conociera su participación en estas compañías, en abril, Macri puso en marcha un fideicomiso ciego para que administre sus bienes, algo que había prometido hacer antes de ser electo en noviembre. Mediante esa figura, un tercero se encarga de manejar sus bienes sin brindarle información al respecto durante un cierto plazo.
Acerca de la ausencia de información sobre su vínculo con empresas offshore en sus declaraciones juradas, el juez que lleva adelante el caso, Sebastián Casanello, pidió ayer que se investigue si el presidente estuvo involucrado entre 1985 y 2007 en otras sociedades que hasta ahora no habían sido mencionadas en la investigación. Esta medida fue adoptada a raíz de un pedido del fiscal Federico Delgado, pese a las quejas de la defensa de Macri. El juez busca determinar si no existió un entramado de sociedades en el marco del cual se haya cometido un delito, informaron los medios argentinos.
Esta investigación judicial podría ampliarse. Así lo solicitó ayer el denunciante, el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez. Reclamó que se investigue también el aumento del patrimonio de Macri. Esta es la segunda acción judicial al respecto: el lunes la ex diputada porteña Gabriela Cerruti presentó una denuncia ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.