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Nacional | Viernes 24 • Junio • 2016

Pablo Chargoñia y Gilberto Rodríguez, ayer, en el Paraninfo de la Universidad. Foto: Pablo Vignali

Todavía esperamos

Guianze dijo que hubo jueces y fiscales que “reafirmaron la impunidad” y jueza Mota criticó lentitud en el trámite de las causas”

Luego del reciente fallo de condena en Argentina por la coordinación represiva regional del Plan Cóndor, el Observatorio Luz Ibarburu del PIT-CNT y la Universidad de Oxford organizaron en la Facultad de Derecho las jornadas “La Operación Cóndor 40 años después: Las experiencias regionales en el Cono Sur y Brasil”. Ayer hubo un panel centrado en la situación en Argentina, otro que abordó la situación de Brasil y un tercero que se centró en los casos de Uruguay.

Los expositores coincidieron en la falta de una acción unificada y coherente del Estado para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura.

El fiscal Gilberto Rodríguez ocupa la Fiscalía Penal de 2° Turno, que tiene a su cargo cerca de 30 causas vinculadas a la dictadura, y forma parte de la unidad especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público. Consideró que hace falta “unidad de acción” en las fiscalías, que se definan “protocolos de actuación” y “tratar de unificar la información disgregada”, para de esa forma trazar “una línea de persecución unificada del Estado”.

Tanto Rodríguez como la jueza Mariana Mota, otra de los exponentes, coincidieron en que es necesario evitar la revictimización que a veces se da en este tipo de causas. “Tratar las causas disgregadamente revictimiza”, consideró Rodríguez. Mota señaló que es necesario permitir el acceso libre a los archivos en los diversos países y definir un protocolo de búsqueda y método común de archivo.

El fiscal se refirió a la visión “conservadora y clásica” de algunos jueces que entienden que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, y sostuvo que estos acuerdos son parte del orden constitucional o incluso supraconstitucional. “Lo ideal sería poder entender que cuando el país ratifica un tratado internacional y reconoce la eficacia de sus resoluciones en el orden interno, hay que tratar de respetarlo” y que eso “sea una política general de Uruguay”, afirmó.

A su turno, la ex fiscal y actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Mirtha Guianze cuestionó el “secretismo” del proceso judicial en Uruguay, y también la cobertura de los medios de comunicación sobre estos casos, que “en general se queda en la superficie, en la imagen de gente que entra y sale del juzgado”. “No se conoce el contenido de los hechos por los cuales fueron condenadas esas personas”, señaló.

Guianze consideró que no se ha sabido transmitir lo sucedido y que no se ha encontrado “la manera de llegar a la gente y de que los hechos que dieron mérito a las condenas sean conocidos, porque si no, las condenas no cumplen una función reparatoria”. La ex fiscal también cuestionó la actitud de algunos jueces y fiscales, que “respaldaron y reafirmaron esa impunidad”. Se lamentó de que a pesar de haberse logrado el procesamiento de mandos “no llegamos a los autores materiales”.

Mariana Mota coincidió en que el trabajo en esta materia “no ha sido fácil”, porque debieron actuar “en una sociedad que todavía no tiene conciencia del gravísimo daño que la dictadura hizo en el tejido social”. Cuestionó que se ponga la carga probatoria en la víctima, además de la “improcedente revictimización continua” y la “lentitud inconcebible en la tramitación de causas”. Dijo que no le parece válido esgrimir como excusa para la lentitud de los procesos el hecho de que los militares presentaron muchos recursos, y remarcó que cuando se presentan “recursos improcedentes”, deben “desestimarse sin más trámite”. “Y yo no asisto a esas actitudes en mis colegas”, agregó.

La última en exponer fue Lilián Celiberti, ex militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), a quien se presentó como “una sobreviviente del Plan Cóndor”. Afirmó que muchas veces “la impunidad se te enrostra”, y mencionó una recorrida de reconocimiento visual que realizó al ex centro de reclusión 300 Carlos. “Aquellas víctimas que fuimos delincuentes seguíamos siéndolo, sostuvo.

“No se resuelve con grupos ad hoc”

El abogado Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, afirmó que es necesario que el Estado “se haga cargo de la persecución de los crímenes” y opinó que “está faltando la voluntad política”. “Esto no se resuelve con grupos ad hoc, con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, cuyo aporte a las causas tampoco lo estamos viendo”, cuestionó. Chargoñia dio algunos datos sobre las causas judiciales vinculadas al Plan Cóndor en Uruguay. La mayor cantidad de víctimas en causas penales en las que se dictó auto de procesamiento o sentencia lo son de crímenes cometidos en el contexto del Plan Cóndor, y sobre todo en Argentina: 72 víctimas de un universo de 100. Entre ellos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, María Claudia García de Gelman, 28 desaparecidos que estuvieron en Orletti, y 37 integrantes de los Grupos de Acción Unificadora y otros sectores secuestrados en 1977 y 1978. Chargoñia hizo notar que “todas las causas fueron iniciadas por familiares u organizaciones sociales, ninguna de ellas se originó en la decisión de oficio de ningún juez”. Se condenó a 14 represores, algunos de ellos en “condiciones de reclusión peculiares”, en referencia a la cárcel especial de Domingo Arena y a beneficios otorgados por los jueces, como la prisión domiciliaria.

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