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Internacional | Miércoles 22 • Junio • 2016

Marcha de maestros por la muerte de ocho personas durante el fin de semana, el lunes, en Oaxaca, México. Foto: Héctor Guerrero, Afp

Violencia en uso

Ocho muertos y decenas de heridos durante protesta contra la reforma educativa en México.

Una protesta de maestros en el estado mexicano de Oaxaca, al sur del país, terminó el domingo en enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la Policía, que dejaron ocho muertos y cerca de 100 heridos. Los docentes, que desde hace semanas protestan contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, responsabilizan a la Policía de disparar a los manifestantes con armas de fuego, mientras que las autoridades sostienen que fueron grupos infiltrados los que desataron la violencia.

“No puede haber reforma educativa sin los maestros [...], sin los que enfrentamos a diario la tarea de educar”, decía ayer al diario mexicano La Jornada un profesor de Oaxaca que pidió que no se publicara su nombre. El domingo, los maestros mexicanos volvieron a salir a la calle para rechazar una reforma que impulsó Peña Nieto en 2012 y que, según reivindican, viola sus derechos laborales al imponer evaluaciones obligatorias a los docentes o despidos a los cuatro días de huelga, entre otras disposiciones. El enfrentamiento empezó cuando las fuerzas de seguridad lanzaron un operativo para desalojar a los maestros, que bloqueaban una carretera de Oaxaca en el tramo de Nochixtlán. En respuesta, los manifestantes incendiaron camiones para impedir el avance y lanzaron piedras y otros proyectiles caseros.

Según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -el sindicato que convocó a la protesta-, el domingo murieron ocho personas “entre maestros, padres de familia y ciudadanos”, y 45 sufrieron “heridas de bala”. Además, reportó la desaparición de 22 manifestantes. Las autoridades confirmaron que seis personas murieron en Nochixtlán y dos, incluido un periodista que estaba cubriendo los disturbios, fueron baleadas en Juchitán, otra localidad de Oaxaca. Sin embargo, niegan la versión de los docentes, que acusan a la Policía de estar armados y disparar directamente a quienes participaban en la protesta. “Lo que se vivió fue realmente algo brutal, algo que no tiene nombre. Llegaron los de la Gendarmería, los de la PFP [Policía Federal Preventiva] y ya iban armados y llegaron disparando, no mediaron palabra”, dijo ayer a la agencia de noticias Reuters Miguel Zurita, dirigente de la CNTE en el estado sureño. El jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, primero aseguró que sus funcionarios no iban armados pero luego, en una conferencia de prensa que brindó junto al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, reconoció que un grupo sí tenía armas. Cué, en su turno, atribuyó los incidentes violentos a grupos infiltrados afines al sindicato de magisterio. Para los maestros, esos infiltrados fueron enviados por el gobierno para culparlos a ellos después.

La Comisión Nacional de Seguridad abrió una investigación para encontrar a los responsables de las agresiones, de acuerdo con un comunicado divulgado ayer. Por su parte, la Procuraduría General de la República informó que “inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos en que resultaron dañados edificios propiedad de la Federación”.

En tanto, Peña Nieto lamentó la pérdida de vidas en los enfrentamientos y expresó su solidaridad con los familiares de quienes murieron, “así como con las personas que resultaron heridas”. En su cuenta de Twitter, agregó: “He girado instrucciones para que, en el marco de la ley, se tomen las acciones necesarias para solucionar el conflicto”.

Unas horas después, el gobierno anunció que hoy se reunirá con los maestros para buscar “soluciones que permitan que regrese la tranquilidad a las regiones del país” en las se concentra el conflicto. Según un comunicado oficial, el encuentro será encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación (equivalente a ministro del Interior). El gobierno “reitera su disposición a dialogar, en el marco de sus atribuciones y con absoluto respeto a la ley, con integrantes de la SNTE [Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación] y la CNTE”. El texto aclara que el objetivo del encuentro es “escuchar los planteamientos y razonamientos de dicha organización, y avanzar en la construcción de soluciones”.

La CNTE lleva semanas pidiendo la apertura de un diálogo con el gobierno, que en reiteradas ocasiones respondió que sólo se sentaría a la mesa cuando el sindicato aceptara la reforma.

No se detienen

La CNTE, que actúa separada del SNTE (cercano al gobierno), prometió continuar con las movilizaciones a pesar de los incidentes del fin de semana. El movimiento responderá “de manera contundente, ordenada y pacífica”, aseguró Juan García, coordinador de la Comisión Política de la CNTE en Oaxaca, y adelantó que tienen planeadas varias marchas y numerosos piquetes. También planean la ocupación de dependencias federales y estatales, entre ellas la del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca -el cual ayer apedrearon- y la del Auditorio Guelaguetza, el principal centro de espectáculos del centro de Oaxaca.

También se supo que 38 integrantes de la CNTE se ampararon ante una eventual acción de la Justicia, según confirmó ayer a La Jornada José Martín Godoy, procurador de Michoacán, al norte de Oaxaca. De acuerdo con Godoy, los funcionarios enfrentan acusaciones por los delitos de lesiones, obstrucción a las vías de comunicación y daño a propiedad ajena. Agregó que aún hay mandatos judiciales por cumplir y que no se archivará ningún expediente en el que se encuentren vinculados maestros con hechos delictivos.

Los integrantes de la CNTE en Ciudad de México expresaron su solidaridad con los maestros de Oaxaca y prometieron “generalizar” su movilización. Ayer de tarde hicieron una cadena humana en las calles de la capital, en la que cargaron un ataúd negro con un cartel que decía: “Oaxaca, me dueles”. Otros manifestantes llevaban carteles con frases como “Soy docente, no delincuente” y “México sangra”.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó ayer “los hechos violentos” ocurridos en Oaxaca e instó “a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados, a deslindar las responsabilidades y atender y reparar adecuadamente a las víctimas”. Además, exhortó al gobierno “a garantizar el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas” y recordó que cuando hay disturbios callejeros “las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida y la integridad física”. Finalmente, reiteró una recomendación formulada por varios organismos internacionales de derechos humanos a México acerca de “la pertinencia de aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad del país.


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