Ir al contenido

Nacional | Jueves 28 • Julio • 2016

Adiós, asustaviejas

Estudio confirma que no existen adolescentes “delincuentes a tiempo completo”

Entrar y salir, ganar o perder, vivir o morir: ahí, en el “limbo entre la convención y el crimen” es donde el adolescente judicializado “coquetea”. No están aquí ni allá, no viven en la legalidad o en la ilegalidad, sino que alternan su permanencia de forma intermitente y se mueven de un lado a otro según su interés en dar respuesta a sus necesidades materiales y simbólicas. No hay destino marcado por ningún oráculo que indique la inexorabilidad de una “carrera delictiva”; los pibes chorros, rapiñeros, homicidas, no son “sujetos delincuentes”: están a la “deriva”, transmutando.

Así lo confirma el “Estudio de trayectorias de vida de adolescentes en conflicto con la ley con particular énfasis en la relación delito-trabajo”, elaborado por el sociólogo Luis Eduardo Morás en el marco del Programa de Justicia e Inclusión de la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, realizado entre el 30 de junio y el 20 de julio de 2015. Se entrevistó a 522 adolescentes presos en Montevideo y en la Colonia Berro (Canelones), que representan el total de la población del ex Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente al 20 de julio del año pasado, actual Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

Citando a diversos académicos, investigadores e informes, Morás sostiene que a pesar de que existen perspectivas criminológicas que hacen énfasis en la “existencia de un ‘sujeto delincuente’ en total divorcio con el mundo del estudio o el trabajo”, la realidad evidencia lo contrario. “No en todos los casos, [pero] un número importante de adolescentes judicializados, que experimentan múltiples vulnerabilidades en los territorios que habitan, transitarían alternativamente por los mundos de lo legal y lo ilegal”, sostiene. El sociólogo estadounidense David Matza denominó ese transitar como “deriva”: una etapa en la cual los jóvenes “pueden quebrantar ciertas leyes en determinadas ocasiones y contextos pero sin estar de modo alguno condicionados a hacerlo, ni mucho menos a hacerlo todo el tiempo”, explica Morás. Así también lo confirman los números.

La tercera parte (33%) de los entrevistados son mayores de 18 años; 52% de ellos tienen entre 16 y 17 años. Casi tres de cada cuatro adolescentes cayeron presos por rapiñas consumadas y tentativas que, en conjunto, suman 74%; 55% fueron realizadas por gurises que al momento del relevamiento tenían la misma edad que la mayoría de los que están presos. En cuanto a los homicidios consumados, 12% está tras las rejas por este delito; serían 65 casos, y 46 fueron cometidos por adolescentes que ya son mayores de 18 años. Si sumamos la misma causal pero en el grado de tentativa, representan 16%. Morás señala que “aquellas infracciones que despiertan un fuerte impacto en la opinión pública” involucran a un bajo número de adolescentes: cuatro casos por violación, cuatro por copamiento y tres por secuestro. En ese sentido agrega que, en cuanto al “crecimiento de las ‘bandas juveniles’”, del análisis de los datos disponibles en el Poder Judicial se desprende que no hay un “cambio relevante ni significativo, sino una gran estabilidad” en la cantidad de adolescentes que rompen la ley en grupos. El promedio de participación es “de 1,4 adolescentes por expediente tramitado en la justicia especializada, y de 1,1 cuando se trata de sumarios iniciados en la justicia penal de adultos”.

Por otro lado, en cuanto al consumo de drogas, 17% de los adolescentes no presenta antecedentes, 75% sí, y sobre el 8% restante no hay datos. Respecto de “violencias y aprendizajes” los datos indican que 125 adolescentes sufren violencia familiar; 44 presentan “problemas de conducta en el ámbito educativo” y 51 tienen problemas de aprendizaje; en conclusión: 42% de los adolescentes tienen al menos una de estas problemáticas, aunque es frecuente que coexistan varias.

Familia

Morás concluye que en las familias de estos jóvenes no predominan “aquellas que poseen antecedentes delictivos” y que son “refractarias al mundo del trabajo”. 242 adolescentes no tienen familiares que hayan estado presos; sin embargo, en 54% de los casos se establece la existencia de al menos un familiar con antecedentes penales. Un aspecto que “llama la atención”, debido a que las mujeres privadas de libertad sólo representan 7% de la población carcelaria en Uruguay, es “la presencia de 39 adolescentes cuyas madres cuentan con antecedentes penales. 27% tiene al menos un hermano con antecedentes y 13% cuenta con al menos dos familiares directos con esa característica”, señala Morás. En cuando a la conformación del hogar, los datos indican que 162 viven en “hogares nucleares completos”, de los que 84 son “reconstituidos” (lo más habitual es la convivencia con la madre y una figura masculina que no es el padre biológico). Los hogares monoparentales (que en su “abrumadora” mayoría tienen como jefa del hogar a la madre) representan 26%, y los “extendidos o compuestos”, 17%. 10% vivía con otros parientes que no eran sus padres biológicos, frecuentemente con abuelos que los habían criado. Casi 10% tiene siete o más hermanos.

Trabajo y estudio

En lo que refiere al trabajo, 29% no realizó tareas remuneradas, mientras que 57% desarrolló tareas en el mercado informal y 9% relata haber tenido trabajos que los investigadores consideraron formales. Por otra parte, 169 adolescentes no tienen experiencia laboral previa (incluyendo a 16 sobre los que no se tienen datos); de ellos, 28% tiene 15 o menos años, 47% entre 16 y 17 años, y el restante 25% es mayor de 18 años. Morás analiza las edades más frecuentes de los adolescentes que están privados de libertad (16 y 17 años) y concluye que “a los 16 años dos de cada tres han trabajado”, y que los de 17 años elevan esta proporción a tres de cada cuatro. Respecto de la educación, 7% terminó primaria sin repetir, 10% repitió en el proceso y 22% no finalizó. 46% de los adolescentes cursaron, aprobaron o repitieron primero de ciclo básico o UTU, 10% segundo de ciclo básico o UTU, 5% tercero de ciclo Básico o UTU. A su vez, 80 adolescentes manifestaron “no tener experiencia laboral previa y tampoco ingresaron al segundo ciclo de nivel educativo”; de ellos “52 ni siquiera terminaron el ciclo escolar”. Morás señala que “entre ese contingente [que equivale a] 15% de adolescentes que no mantuvieron un contacto estrecho con el sistema educativo ni manifestaron haber realizado tareas laborales remuneradas anteriores a su ingreso al sistema penal juvenil, muy probablemente provienen los casos que demanden una mayor atención y una intervención institucional más profunda”. Por otra parte, del total de 45 adolescentes que registran trabajos formales, 40 habían ingresado a estudios de nivel de secundaria.

En conclusión, Morás atribuye el “bajo nivel de logros alcanzados [...] en parte a una temprana inserción al mundo laboral precario, estimulado por los importantes niveles de carencias existentes en esta población”. En ese sentido, agrega que “el elevado número de quienes realizaron un intento frustrado de inserción educativa representa un fracaso cuya responsabilidad no debería atribuirse exclusivamente a los propios adolescentes. […] son numerosos los casos donde se relatan varios intentos por parte de los adolescentes de cursar enseñanza media y que por diversas circunstancias no lograron hacerse realidad y culminar con éxito”.

Barrios

Se señala “el importante volumen” de adolescentes de Canelones (69) y del resto del interior del país (94), y también la “concentración de casos de residentes en zonas que se corresponden [...] con los peores indicadores sociales”, los barrios Casco del Cerro, Casabó, Pajas Blancas, Santa Catalina, Cerro Norte, La Boyada, Cerro Oeste, Villa Española, Pérez Castellano, Cerrito, Porvenir, Plácido Ellauri, Marconi, Casavalle, Borro, Bonomi, Municipal, Instrucciones, Jardines de Instrucciones, Fraternidad, Cóppola, Las Acacias, Manga, Piedras Blancas, Bola de Nieve, Boizo Lanza, Toledo Chico, Franco, Trasatlántico, Cirilo, Plus Ultra, Buenos Aires, La Selva, Prado Norte, Sayago Oeste, Paso Molino, Belvedere, La Teja, Pueblo Victoria, Tres Ombúes, Nuevo París, Villa Teresa, Malvín Norte, Unión, La Blanqueada (Este), Curva de Maroñas, Flor de Maroñas, Jardines del Hipódromo, Ideal, Bella Italia, Málaga, Ituzaingó, Industrial, Punta de Rieles, Km 16 Camino Maldonado y Villa García.

Datos de la Justicia

Según el informe divulgado el lunes por el Poder Judicial, en 2015 hubo 1.295 sentencias por delitos cometidos por adolescentes en todo el país. 75% corresponde a hurtos y rapiñas. Cuando se discrimina por tipo de infracción, se ve que el hurto es el delito con más sentencias, 623, casi la mitad del total; el segundo es la rapiña, con 340. La infracción penal más común en Montevideo es la rapiña, y en el interior del país, el hurto.

Etiquetas