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Nacional | Jueves 07 • Julio • 2016

Marina Arismendi, Roberto Markarian y Álvaro García, ayer, en la sala Maggiolo de la Universidad. Foto: Virginia Martínez Díaz

Da para hablar

Escribanías públicas, la vuelta del tren y nodos ambientales: algunas propuestas de la primera mesa de Diálogo Social.

“Descentralización y ciudades” fue la primera mesa de debate del Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo para que la sociedad intercambie ideas a partir de tres grandes bloques temáticos (desarrollo e inserción internacional, protección social y políticas transversales) vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030. Algunas de las propuestas apuntan a acceso equitativo a los servicios públicos, georreferenciación de las direcciones a nivel nacional, reconversión del sistema ferroviario, beneficios especiales para los comercios fronterizos, e instalación de nodos ambientales participativos y escribanías públicas que operen como ventanilla del Estado.

La instancia llevada a cabo ayer en la sala Maggiolo de la Universidad de la República estuvo vinculada al objetivo de “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles”, y reunió a 68 instituciones, entre las que se incluyen empresas públicas, organismos privados y públicos, empresariales, académicos, religiosos y sindicales.

La apertura de la mesa contó con la participación de Roberto Markarian, rector de la Universidad de la República -institución que participa en la organización del Diálogo- y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.

Markarian destacó la iniciativa como “una instancia importante para el país”, y afirmó que se espera una participación de actores de “todos los puntos” del territorio nacional. García, por su parte, consideró que si bien el gobierno tiene sus lineamientos y su programa para este período, “resulta fundamental iniciar en esta etapa, luego de diez años de crecimiento muy importantes para el país, una discusión sobre cómo sigue esto, hacia dónde vamos”.

Las propuestas

El debate se alimentó de ocho propuestas realizadas por la Administración Nacional de Correos, el Instituto Uruguayo de Energía, Antel, la iglesia católica, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Confederación Empresarial y la Asociación de Escribanos.

El Correo propuso la creación de centros de cercanía enfocados en las poblaciones de entre 500 y 2.000 habitantes (unas 122 localidades, de acuerdo al último censo, de 2011). La idea es disminuir las desigualdades de acceso de los ciudadanos a servicios tanto públicos como privados, evitándoles tener que trasladarse desde sus localidades, con los costos que eso supone. Además, la propuesta sostiene que al usarse la estructura ya existente, tanto de locales como de recursos humanos, del Correo Uruguayo y de las intendencias departamentales, municipios y juntas locales, el Estado logrará simultáneamente “eficiencia y ahorro”. La red de centros de cercanía, por su parte, podría ser usada también para facilitar la inclusión financiera de la población en todo el territorio.

El Correo propuso, además, que las direcciones de todo el país sean normalizadas según una base única de datos validada y georreferenciada, lo que permitiría mejorar la llegada exitosa a todos lados y obtener, por ejemplo, “una respuesta rápida y eficaz de los servicios de asistencia sanitaria” y hasta una “mejor ejecución de las políticas de seguridad” gracias al cruzamiento de información entre organizaciones estatales.

El Instituto de Energía, por su parte, apunta a consolidar el tren como medio de transporte por excelencia. Lo distingue además como herramienta de inclusión social debido a su eficiencia energética, que le otorga capacidad de uso masivo a partir de fuentes de energía ampliamente disponibles en el territorio nacional. Este proyecto, basado en el ensayo “La rielruralización de la sociedad en el siglo XXI”, de Tabaré Pagliano, requiere la utilización de la infraestructura ferroviaria ya existente, pero con miras a involucrar iniciativas del sector privado para facilitar el proceso de implementación.

En cuanto a la empresa estatal de telecomunicaciones, defendió una escueta propuesta orientada a promover el uso de la tecnología para impulsar las políticas de descentralización, de género y de medioambiente, por medio de una “plataforma con la mejor calidad” que provea de “distintos servicios” que se puedan brindar para “mejorar la calidad de vida de las personas”.

La Confederación Empresarial instalada en Salto, que nuclea a 25 asociaciones, cámaras y centros comerciales e industriales del interior, denunció un menor desarrollo relativo de las regiones del norte y noreste del país en relación al sur, causada, a su entender, por las distintas formas de contrabando. Ante esta situación, propuso “aprovechar la inclusión financiera” para incluir a los comercios fronterizos en un programa de devolución del IVA similar al que rige para los servicios gastronómicos (9% de las compras con débito y crédito). También proponen la eliminación total del IVA a la canasta básica de alimentos y bebidas, habilitar un seguro de desempleo parcial para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aumentar la participación de los tickets de alimentación de 20% a 25% de los salarios, promover el uso de las herramientas digitales para “simplificar las gestiones y trámites”, prohibir las promociones de los bancos con algunas empresas para incrementar las ventas de estas últimas, y hacer obligatorio el certificado de origen en los productos de esos lares.

Desde el Ejecutivo, en tanto, llegó una propuesta del MIEM que busca “identificar las disparidades territoriales y potencialidades productivas para el desarrollo”, así como “las brechas territoriales para el acceso, uso y apropiación de la infraestructura en telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación [TIC]” que surjan en cada departamento y regiones del territorio, para la elaboración de un plan estratégico con el fin de “alcanzar el mayor aprovechamiento de dicha infraestructura y de desarrollos de TIC”.

También participaron la Arquidiócesis de Montevideo y la Universidad Católica del Uruguay, que presentaron un proyecto conjunto cuyo objetivo principal es “promover la corresponsabilidad ambiental y fortalecer la integración social” por medio de la instalación de nodos ambientales participativos en distintas ciudades del país. Se trata de un espacio de gestión de los residuos, de formación y promoción de huertas orgánicas y de capacitación en gestión de residuos, agroecología y consumo responsable, cuyo mantenimiento se realizaría mediante un subsidio estatal y aportes de voluntariado.

La Asociación de Escribanos propuso que las escribanías que así lo deseen se transformen en públicas y pasen a operar como una ventanilla del Estado a la que pueda “acercarse el vecino y solicitar asistencia, asesoramiento y realizar trámites tanto administrativos como de jurisdicción voluntaria que le sean asignados al escribano por ley”. Esto implicaría al menos dos escribanos para cubrir todo el horario de atención al público, algo que “significaría un ingreso para el gremio que paliaría la desigualdad existente hoy”.

La próxima instancia de debate de esta mesa de “Descentralización y ciudades” será el 20 de julio, en el mismo lugar que la primera. La siguiente mesa -la número ocho- se abrirá el 28 de julio y estará vinculada a la temática “Género y generaciones”.

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