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Nacional | Jueves 21 • Julio • 2016

Entretejido

Falta de formación del personal del INR es el mayor obstáculo para que privados de libertad tengan acceso a estudiar.

Ayer se dio inicio al seminario internacional “Bases hacia una estrategia nacional de educación para personas en conflicto con la ley penal”, en la Intendencia de Montevideo. Pablo Álvarez, en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pidió no “alimentar” la idea de que la educación “puede resolver todo” y que puede hacerlo “sola”.

El derecho a la educación no ha sido garantizado cabalmente a lo largo de la historia del sistema penitenciario; en ese sentido, la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Gabriela Fulco, aseguró que el “desafío imperante” es subsanar las “grandes lagunas” educativas de los adolescentes recluidos: aunque “la mayoría” finalizó la educación primaria, hay un “alto porcentaje” que no continuó estudiando. Fulco afirmó que una de las causas que llevan a un joven a delinquir radica en el “modelo de identificación” y “reconocimiento”: “Algunos tienen preso hasta al abuelo”, ejemplificó. En el “proceso de construcción de identidad” es imprescindible generar “modelos alternativos”, “fortalecer la autoestima” y “resignificar la educación”. “Si nos apoyamos en la posibilidad de desarrollar potencialidades, nos aseguramos un éxito”, dijo. Recordó que en la gestión de Ruben Villaverde, entre 2011 y 2015, se llevó a cabo un proyecto de “búsqueda de talentos”, que abarcó áreas literarias, científicas, culturales y deportivas, y agregó que se pretende desarrollarlo nuevamente. El director del INISA por la oposición, Álvaro Viviano, explicó a la diaria que “se busca valorar las capacidades y habilidades especiales”. Por otro lado, Fulco afirmó que esperan entregar “pronto” una computadora del Plan Ceibal por adolescente para que estudien, pero también como medio de recreación y acceso a la cultura. El presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, dijo a la diaria que actualmente se está trabajando en la capacitación del personal para desarrollar la tarea de enseñanza.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Crisoldo Caraballo, aseguró que abordar desde diferentes disciplinas la educación en contextos de encierro también es abordar la seguridad pública. “Partimos de la base de que ese ciudadano que está en conflicto con la ley va a salir, y que [la educación] va a permitir que ese ciudadano pueda prepararse para estar acorde a las circunstancias y a lo que la sociedad necesita”. Caraballo aseguró que la educación es uno de los pilares del INR, por ello se comenzó a trabajar con una Coordinación Nacional de Educación y Cultura y se crearon “gestores” en cada cárcel para coordinar el trabajo de los docentes que proporciona cada institución pública. El director afirmó que el principal obstáculo para el acceso a la educación en el sistema penitenciario es la falta de “capacitación” y “humanización” de los operadores y policías: “El traspaso de una gestión meramente custodial a una socioeducativa implica que tienes que preparar al personal, que son los que los trasladan del módulo a los espacios educativos. Ahí está la dificultad; a veces en el módulo surgen determinados hechos de conflictividad, y eso determina que el personal tome medidas de seguridad y se complejice el tema del traslado. Hay que tener al personal capacitado para separar los tantos”, explicó.

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