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Internacional | Miércoles 13 • Julio • 2016

La masacre de la justicia

Columna de opinión.

Siete de cada diez pobres “extremos” viven en el campo. Seis de cada diez pobladores rurales de Paraguay usan leña para cocinar. La pobreza supera, araña -con variaciones- a la mitad de los que viven del campo paraguayo. Casi ocho de cada diez campesinos trabajan en agricultura, ganadería, caza o pesca. Y casi siete de diez trabajan en el sector primario.

El modelo económico paraguayo, forestal y pecuario, se consolidó desde la salida tutelada del saqueo conocido como guerra de la Triple Alianza. En los 70 sobrevino un modelo enraizado en grandes extensiones de tierras conviviendo con minifundios donde se desarrolla(ba) la agricultura familiar.

Desde entonces, con el algodón, el maíz y sobre todo con la soja, Paraguay transformó su agricultura. Los campesinos se fracturaron ante la posibilidad de competir con la mecanización y el cambio de rubros. Muchos emigraron a las periferias de las ciudades en pleno desarrollo. Otros siguieron buscando el camino en la tierra, con el sayo de la historia colonial a cuestas.

El dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) ordenó una reforma agraria, a la medida de los grandes intereses. En 1948 Paraguay tenía 330.000 hectáreas de tierras arables y para 2008 ya había 3.300.000 en la misma condición. Esa mejora esconde la marginación del campesinado, expulsado por falta de créditos, asistencia técnica, mercados, caminería, salud, educación y un largo etcétera de venas abiertas.

Stroessner entregó más de tres millones de hectáreas para la “reforma agraria”, que privilegió a sus punteros políticos y acólitos. El peso de la “reforma” y el impulso que le dio al cluster ganadero-sojero fue tal que los grandes propietarios de tierra -los que tienen más de 500 hectáreas- concentran 85,5% de fincas y son 2,6% de los terratenientes. Los pequeños propietarios representan 63% de los que tienen tierras productivas, pero sólo tienen 2% de la tierra. Las grandes empresas concentran el grueso de la producción rentable. Entre los 80 y los 90 los movimientos campesinos se organizaron, surgieron varias organizaciones que pedían tierras para trabajar. Reclamaban, y todavía lo hacen, tierras malhabidas y tierras destinadas a la reforma agraria que nunca vieron más que en titulares.

En 1967, la Industrial Paraguaya, el mayor complejo industrial agrícola de yerba mate que hubo -llegó a tener más de dos millones y medio de hectáreas-, ya en retirada donó a la Armada dictatorial 2.000 hectáreas en el departamento de Curuguaty. El destacamento militar dio nombre al paraje.

Blas N Riquelme, leal oficial de la dictadura, fue más stronista que Stroessner. Tanto que acompañó al general golpista Andrés Rodríguez (1989-1993). Riquelme tejió una red de complicidades caudillescas que le permitieron hacerse de la propiedad o por lo menos figurar como tal en sus papeles. Su grupo empresarial, Campos Morombí, usurpó miles de hectáreas también a los pueblos originarios.

Jorge Karajallo llegó a la subcomisaría 19 de Curuguaty. Presentó una denuncia. Era 16 de mayo de 2012. Dijo que unos campesinos ocupaban la entrada a los bosques de Marina Kue, de Campos Morombí, la empresa para la que trabajaba como guardia de seguridad.

El 14 de junio un juez penal interino dio la instrucción de allanar las casas, identificar a los ocupantes, “buscar armas blancas, garrotes y otros objetos” para “esclarecer el hecho y tomar las medidas procesales que correspondan”.

Unos 65 campesinos, entre los que había niños y mujeres, se ocupaban de las tareas campestres en el predio. Era la sexta vez que algunos de ellos pretendían ocupar alguna de aquellas 2.000 hectáreas que en 2004 el presidente Nicanor Duarte Frutos había traspasado al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra para la reforma rural que nunca llegó de verdad para ellos.

La Policía les había advertido el día anterior que estaban llegando demasiados apoyos armados, incluso desde Ciudad del Este, que les convenía irse. Pero se quedaron porque no tenían nada que perder.

Bien entrada la mañana del 15 de julio de 2012, llegaron 324 policías de diversas reparticiones. Un número desproporcionado, nunca visto en las repetidas ocupaciones de tierra en Paraguay. Dos columnas de agentes rodearían a los ocupantes, 20 oficiales a caballo buscarían a los que pudieran huir, como también lo haría un helicóptero Robinson que miraba todo desde arriba.

“Son demasiados”, murmuró Avelino. “¿Qué haremos?”, preguntó Fermín Paredes. “Los esperamos acá. Deben conversar con nosotros”, dijo Avelino, quien participó en las seis ocupaciones, según apunta el periodista Julio Benegas en La masacre de Curuguaty, golpe sicario en el Paraguay.

Los oficiales llegaron y las ráfagas de metralla y los tiros de escopetas y revólveres se multiplicaron. Eran las nueve menos diez de la mañana. Al ratito, 17 personas estaban muertas. Seis policías y 11 campesinos. Además, hubo heridos, prófugos y un estado de pánico generalizado en todo el país.

El gobierno de Fernando Lugo, ya debilitado por la falta de apoyo del cogobernante Partido Liberal, de la iglesia católica y los embates colorados, acabaría dos semanas después. La oposición acusaba al gobierno de la masacre. Los señalaban por integrar, auspiciar, ayudar al Ejército del Pueblo Paraguayo. Muy probablemente, una pantalla de narcotraficantes, mafiosos, grandes estancieros y políticos corruptos, disfrazados de guerrilla “marxista leninista”, que fueron la excusa perfecta para la militarización de varios departamentos con el gobierno de Horacio Cartes.

La escena de la masacre fue deliberadamente modificada, hay incluso videos en YouTube que lo muestran. La fiscalía concurrió al lugar dos horas después de la matanza. En las investigaciones judiciales brilló por su ausencia el “debido proceso”, señaló la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay en su extenso y documentado “Informe de DDHH sobre el caso Marina Kue”.

Primero fueron nueve los campesinos imputados por un rosario de penalidades, para todos el mismo; a continuación fueron 54 más y luego 46 más. La enorme mayoría de ellos resultaron procesados porque sus teléfonos habían aparecido en cuadernos de los ocupantes. Finalmente se imputó a 63 personas, 44 de ellas prófugas.

Chicanas judiciales, defensas imposibles mediante, el lunes, 11 campesinos fueron condenados. Estarán entre cuatro y 35 años en prisión. La muerte de los 11 campesinos no fue investigada, se hizo una acusación genérica de los hechos, no se investigaron torturas ni ejecuciones.

El fallo es otra muestra de que ciertos mecanismos de la Justicia y el sistema democrático tristemente no funcionan. Es la vieja historia latinoamericana con el poder, algunos intereses prevalecen sobre lo colectivo.

No había pruebas contundentes contra los campesinos pero los procesaron. Los policías armados a guerra no fueron condenados, aunque tampoco había pruebas. Tampoco había evidencias suficientes de que el estanciero colorado fuera el verdadero propietario de esas tierras. Pero la Justicia accionó, como lo hace habitualmente, contra los desfavorecidos. América Latina sigue sangrante, injusta, de venas abiertas.


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