Lejos de la dignidad

“¿Quién determina quién va al módulo 12?”, contestó el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Crisoldo Caraballo, cuando la diaria lo consultó en julio sobre un hecho sin precedentes desde la dictadura. Se trata del régimen de aislamiento que el Ministerio del Interior (MI) implementó a partir del 17 de junio del año pasado, primero en el quinto piso de la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (que funciona en la ex Cárcel Central), y luego, a partir del 27 de febrero de este año, en el módulo 12 del Comcar. Las condiciones “especiales” de esa reclusión, así como los criterios para decidir a quién aplicarlo (perfil y características de la persona), no están previstos legalmente. Sin embargo, el MI sostuvo, en reiteradas ocasiones, que ahí fueron a parar personas “peligrosas”, entre ellas homicidas y secuestradores.

Hasta junio de 2015 había sólo una cárcel de máxima seguridad en el país, el Penal de Libertad, donde se encerraba a los que habían sido evaluados como “peligrosos” o habían sido procesados o penados por delitos graves. El régimen de reclusión del quinto piso, y después (y actualmente) el del módulo 12 funciona diferente. Caraballo lo explicó así: “Hay un sistema que fue impuesto para ese módulo, una decisión, un modelo de gestión que se eligió debido a una situación de crecimiento de determinado tipo de delito”. El abogado Álvaro Colistro explicó lo mismo, de esta manera: “Es claro que la administración no está jurídicamente habilitada para utilizar este tipo de régimen de reclusión excepcional en forma prolongada como herramienta válida ante la dificultad en investigar y reprimir nuevas modalidades delictivas. Si esto fuera así, cabría la reflexión [de] si no podría considerarse una forma de tortura conforme a la definición de la misma que realiza la propia Convención Internacional contra la Tortura”, se lee en un trabajo académico que elaboró en diciembre de 2015.

El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, aseguró en diálogo con la diaria que “la población que hay [en el módulo 12] es heterogénea, por causas diversas y con perfiles diferentes. El aislamiento no rehabilita a nadie, sino que enferma y genera más violencia en quienes lo viven, pero también en sus familiares”. En ese sentido, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), en un informe del 2 de junio de este año, señalaba que “la extensión del aislamiento, la falta de contacto significativo con otras personas, la falta de medidas compensatorias y que no se haya tenido en cuenta su salud mental, hacen que el régimen de aislamiento al que están sometidas estas personas tenga consecuencias graves, como las ya ocurridas cuando se encontraban recluidos en el quinto piso de la ex Cárcel Central, donde se registraron intentos de autoeliminación, auto y heteroagresiones”. Petit añadió: “El problema es que no hay relacionamiento interpersonal ni tratamiento alguno. No importa la gravedad del delito ni que se trate de una unidad de máxima seguridad: la respuesta debe ser tratar con dignidad y con programas que apunten a la rehabilitación. Por mi parte, de acuerdo al mandato recibido, sigo muy de cerca la situación, informando al Parlamento y recomendando a las autoridades que ese régimen cambie a la brevedad. Tengo la esperanza de que esto cambie y se instale un auténtico programa de rehabilitación”.

A su vez, el informe del MNP indica que la treintena de hombres que están presos en el módulo 12 del Comcar, están bajo un régimen de “características similares al régimen celular, no permitiéndoseles el contacto entre ellos, sólo mantienen contacto con el personal que custodia el piso”. El sistema celular, también conocido como Filadelfia, surgió en 1787 en la prisión de Walnut Street de Filadelfia, en Estados Unidos, y consiste en mantener a la persona aislada durante las 24 horas del día. Este régimen es considerado inhumano, por lo que los países que lo mantienen son condenados internacionalmente, ya que se lo considera tortuoso y violatorio de los derechos humanos, explica el MNP.

Vivir encerrado, solo, con salidas al patio de manera individual tres veces por semana durante 30 minutos cada una, ver a los familiares a través de una mampara cada 21 días -ahora, después de la huelga de hambre seca que llevaron a cabo todos los reclusos del módulo, cada 14 días por una hora-, tener derecho a una llamada telefónica semanal e ingerir alimentos de mala calidad; ese conjunto de factores constituye “dificultades y limitaciones para la satisfacción de las necesidades básicas”, además de la “vulneración de derechos” de las personas presas, sostiene el MNP.

Un pacto para vivir

Petit aseguró que “es un régimen totalmente inadecuado e inconducente”. “Las normas nacionales e internacionales son claras: un sistema así no debe existir”, subrayó. El comisionado se refería al artículo 26 de la Constitución (que dice que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar”) y a diversas convenciones internacionales, entre ellas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.