El viernes entró a la Cámara de Representantes un proyecto de ley, elaborado por el Poder Ejecutivo, que dispone la obligatoriedad para las instituciones financieras de informar anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) sobre saldos y rentas de las cuentas de personas físicas o jurídicas con residencia fiscal en el exterior. La disposición busca prevenir el lavado de activos.

En su comparecencia, el miércoles, ante la comisión especial con fines legislativos que estudia la información surgida de los Panama Papers, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, se refirió al proyecto. Explicó que la iniciativa plantea que los datos de los residentes estén disponibles para la DGI “sin necesidad de la causal de sospecha o por investigación de fraude”, lo que acelera los procesos de investigación impositiva del organismo. “Creo que ese paso adicional de dar automáticamente la información de depósitos de no residentes y residentes a las distintas jurisdicciones tributarias es un golpe casi mortal al secreto bancario que, a decir verdad, lo vemos con buenos ojos”, evaluó Bergara, según consta en la versión taquigráfica.

El presidente del BCU agregó que debería cerrarse el círculo en pro de la transparencia con la eliminación de las acciones al portador. “Creo que hay fundamentos suficientes como para plantear la erradicación de las acciones al portador”, aseguró. Dijo que actualmente hay cerca de 27.000 sociedades con acciones al portador. Entre ellas, 5.600 tienen sociedades que son accionistas, y casi la mitad son panameñas. “En realidad, lo que nos interesa no es saber qué sociedad es accionista de otra sociedad, sino correr todos los velos societarios y llegar a lo que en la jerga se llama ‘el beneficiario final’, o sea, desnudar la ingeniería societaria hasta llegar al verdadero dueño atrás de todo”, explicó.

Bergara explicó también que, según la información del Banco de Pagos Internacionales, habría en el exterior alrededor de 8.000 millones de dólares pertenecientes a residentes uruguayos. El jerarca aclaró que como puede tratarse tanto de personas físicas como de sociedades, “es bastante difícil discriminar cuánto de eso, sobre todo a nivel de sociedades, pertenece efectivamente a personas físicas uruguayas”. Recordó que Uruguay “era un puente de salida de dinero de los argentinos a través de la conformación de sociedades offshore”, y que probablemente “buena parte” de esos 8.000 millones sea “dinero de argentinos, que lo sacan por medio de las sociedades constituidas en nuestro país”.