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Internacional | Martes 26 • Julio • 2016

Reos de la propiedad

Perú aprobó una ley que permite la construcción y administración privada de cárceles.

El gobierno de Perú aprobó una ley que permite que el sector privado construya, remodele y administre prisiones en todo el país. Como fundamento de esta iniciativa, el gobierno de Ollanta Humala destacó que la norma resulta necesaria para fortalecer la inversión pública y privada, así como para “regular la financiación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles”, además de la operación de la infraestructura y seguridad penitenciaria.

La participación público-privada incluirá la construcción de nuevas cárceles, además de la ampliación, remodelación o reestructuración de las 67 que existen en Perú. La intervención del sector privado contemplará además los servicios que atiendan necesidades básicas como la alimentación, la limpieza, el mantenimiento, la lavandería, el control de plagas y el material logístico y tecnológico. La nueva ley habilita a que las empresas utilicen como empleados a los propios reclusos a cambio de un pago mensual, no inferior al salario mínimo vital, fijado en 850 soles, unos 256 dólares. De acuerdo a la norma, los gastos de energía, agua y otros servicios deberán ser asumidos por la participación privada. Aclara que la seguridad interna y externa de los establecimientos continuará a cargo exclusivamente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y que este organismo es el único facultado para conducir procedimientos disciplinarios e imponer sanciones a los internos.

El primer censo nacional penitenciario, publicado en junio, indicó que en Perú hay 77.086 personas presas y estimó que existe una superpoblación promedio de 132%, que llega a 200% en algunos casos como las cárceles de Cañete, Callao, Lurigancho y Huaral.

El costo de la inversión privada será devuelto por el Estado a lo largo de los próximos diez a 20 años, dependiendo de la obra. Además, las empresas que administren los penales percibirán un canon por cada interno.

La nueva ley extiende la participación privada, que hoy ya tiene acceso a dar servicios de lavandería, alimentación y logística en centros de salud, una figura conocida como de la “bata gris”.

El jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, sostuvo que “con esta acción de iniciativa privada en el ámbito penitenciario se tendrán mejores cárceles y, por lo tanto, se impedirá que desde allí actúe el crimen”. Manifestó que las asociaciones público-privadas podrán participar en proyectos de infraestructura y servicios penitenciarios, pero aclaró que el Estado no abandona su función de supervisión.

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