El Consejo de Ministros fue dirigido por el presidente Tabaré Vázquez, quien, luego de saludar a los presentes y darles la bienvenida, fue leyendo los temas a tratar por cada ministerio.

Firmas

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, comunicó que se firmó la autorización para transferir diversos créditos con destino a la restauración y construcción de caminería departamental, por un total de 14,2 millones de dólares.

Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa anunció que “se está trabajando” en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la firma de un acuerdo de doble tributación y en un TLC -“de última generación”, según Vázquez- con Chile. El presidente puntualizó que el tratado “está en la línea con nuestro programa de gobierno” y tiene como objetivo “la intensificación del relacionamiento económico entre ambas naciones”. El titular del MEF, Danilo Astori, en tanto, lo consideró “una herramienta fundamental” para “fomentar la inversión”.

A su turno, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, solicitó la venia para el nuevo gerente general de OSE: Gustavo Lorenzo, un funcionario de carrera de la empresa estatal que se desempeñó hasta ahora como subgerente general técnico.

Con Argentina

Un punto en común tratado por los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Industria, Energía y Minería (MIEM) fue el de las relaciones con Argentina. El ministro Víctor Rossi anunció el advenimiento de “un intercambio más fluido” en las aguas compartidas con ese país, tras la visita de su par, quien aseguró que “facilitará la navegación de barcazas en la Hidrovía”.

La titular del MIEM, Carolina Cosse, comunicó, a su tiempo, la autorización a una empresa privada para exportar, por primera vez en la historia, energía a Argentina mediante la modalidad spot. También informó que comenzará a ejecutarse un proyecto de ayuda a pequeños tambos, que representan 9% de la producción lechera, con el objetivo de beneficiar a estos productores que, sin ser electrointensivos, “asumen costos importantes en términos de energía”. Además, se refirió a la autorización otorgada a una empresa para la generación de energía a partir de biomasa forestal y al permiso otorgado a UTE para la generación eólica en el parque Palomas, en Salto.

Recibimientos

Vázquez comenzó el intercambio con los vecinos de Carmelo felicitando al pueblo por el “gran pibe” Santiago Urrutia, piloto de automovilismo oriundo de Miguelete (Colonia), quien el fin de semana obtuvo grandes logros en el campeonato de IndyLights.

Una vez que les pasó la posta a los vecinos, la mayoría de los reclamos provino de los centros educativos. Una delegación de vecinos de Miguelete pidió al gobierno “crear grupos de quinto y sexto año de liceo, para que los estudiantes puedan completar el bachillerato en la localidad” -ya que los centros más cercanos, en localidades vecinas, “distan más de 30 kilómetros”-, la “remodelación del salón multiuso” y el arreglo de las rutas, “para que las empresas de ómnibus lleguen” y, de esa forma, mejore el acceso de la población a los distintos servicios.

En otro orden, un estudiante de la UTU denunció los problemas de infraestructura relativos a la accesibilidad del centro y el “mal estado” de los techos de microcemento. Vázquez le respondió que esos techos “no sirven”, ya que “está demostrado el severo daño que causan a largo plazo a la salud”, y sugirió al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la intervención de personas privadas de libertad en la reparación de la escuela técnica de Carmelo, tal como se hizo en San Gregorio de Polanco. Se trata de una delegación de trabajadores del polo tecnológico de la Unidad de Rehabilitación N° 4 Santiago Vázquez, que en diez días resolvieron los problemas edilicios de dos centros educativos en Tacuarembó. Al pedido del mandatario Bonomi le sumó la oferta de “restaurar los muebles, si al Codicen [Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública] le satisface el trabajo”. El director del Codicen, Wilson Netto, aceptó el ofrecimiento y agregó que “estudiará” la posibilidad de abrir el bachillerato en Miguelete.

Una comisión de apoyo a la plaza de deportes de Carmelo, que elaboró un proyecto de complejo-campus socioeducativo regional, preguntó por el estado de los fondos para su propuesta. El presidente dejó responder al director nacional de Deporte, Fernando Cáceres, quien dijo que el parque de instalaciones deportivas “está en el programa de inversiones”. “Tenemos el plan de construir, junto al Codicen, diez complejos de 40 por 20, lo que conforma no sólo una necesidad, sino un esfuerzo enorme para el país, y el primer lugar donde haremos la construcción de un gimnasio de estas características será aquí, en Carmelo”, prometió. Agregó que la localidad “lo merece por su condición de frontera y por la participación ciudadana organizada, que garantiza el profesionalismo en la gestión”.

En la misma línea respondió Vázquez cuando estudiantes del liceo Nº 1 de Carmelo le pidieron que se retome la construcción del gimnasio polivalente del centro. “No podemos defraudar a estos niños. Este es el compromiso que adquieren públicamente en el día de hoy. Vamos a trabajarlo y entregarlo en este período de gobierno”, aseguró, dirigiéndose a Netto y a Cáceres.

Otra señora, usuaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Colonia, reclamó por el estado de los servicios en el centro hospitalario local, a lo que la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, respondió que el nuevo hospital finalmente quedará inaugurado a fines de 2017, porque “la mudanza no se puede hacer en pleno invierno”.

Un vecino de Conchillas solicitó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, “ayuda para 30 familias” del departamento que, pese a las promesas de Montes del Plata de que “todos iban a tener trabajo”, a un año de empezada la actividad siguen sin haberlo conseguido. El secretario de Estado consideró que con 62.500 personas trabajando y unos 3.200 desocupadas en el departamento, los indicadores “son buenos para el promedio general del país, sin perjuicio de que se pueden producir situaciones como esta”. Ante esta situación, Vázquez solicitó a Marina Arismendi, titular del Ministerio de Desarrollo Social, que se trabaje “con estas familias”.

Casi sobre el final, una representante del movimiento “Quiero comprar mi casa”, que propone la construcción de miles de viviendas, bajo la responsabilidad del Estado, mediante la asignación de 1% del Producto Interno Bruto (PIB), manifestó que el domingo, durante las entrevistas de organizaciones sociales con los ministros, habían sido “muy maltratados”. Vázquez quiso saber qué había pasado, y la mujer respondió: “Presentamos un proyecto de ley por intermedio del diputado [de Unidad Popular] Eduardo Rubio, y nos dijeron que si lo presentó él, que lo defienda él”, manifestó, a lo que el presidente respondió: “Acá no tratamos temas político-partidarios”. Luego solicitó la última intervención -“por un tema de tiempo”- y dio por finalizado el intercambio con los locales.

Viento afuera

Si bien pasó algo inadvertido entre los anuncios, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, anunció ayer que, por primera vez desde que se decretó la libertad de la generación en 1997 -hasta entonces restringida exclusivamente a UTE-, una empresa privada podrá exportar energía a otros países; en este caso, a Argentina. Se trata de Ventus, una empresa de servicios de ingeniería que en los últimos tres años manejó las inversiones de pequeñas, medianas y grandes empresas en parques generadores de energía eólica dispersos por Colonia, Canelones, Rocha, San José y Durazno.

Ventus presentó la solicitud ante el MIEM a fines de marzo, y cuatro meses después la ministra les anunció, durante una reunión privada que tuvo lugar el miércoles 27, que se les daría una autorización transitoria por seis meses, que sería revisada una vez transcurridos los primeros cinco. El director del proyecto, Francis Raquet, dijo a la diaria que se trata de una medida cautelar, ya que “es algo muy nuevo, que nunca se hizo en ninguno de los dos países”.

Previendo los tiempos de los trámites burocráticos, la empresa ya se aseguró un contrato con la comercializadora San Atanasio Energía SA, de Argentina, que le comprará en un principio 26 de los 80 megavatios (MW) potenciales que tienen disponibles. Esto generaría un ingreso de 20 millones de dólares en exportaciones, según Raquet, quien aseguró que el permiso del MIEM dará la posibilidad de “concretar negocios con otras empresas importantes” con las que ya está negociando. “En Argentina, extremo opuesto a lo que pasa acá, hay una escasez infernal, por eso pensamos que podremos colocarlos”, dijo.

También afirmó que un paso posterior sería competir con UTE en la venta directa de energía a consumidores industriales. “Hoy por hoy, lo más atractivo para nosotros es exportar, pero en un futuro podemos competir con UTE, ya que hoy, por ejemplo, la vende a 100 dólares el MW, mientras que nosotros lo hacemos a 15, 20 dólares”.

Raquet sostuvo que durante su reunión con la ministra, esta puso énfasis en que el permiso se otorgará con la condición de que “si en algún momento la carencia se da del lado uruguayo, la prioridad de venta es en Uruguay”.