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Nacional | Jueves 04 • Agosto • 2016

Rodolfo Silveira, de la Universidad Tecnológica, y Wilson Netto, de la Administración Nacional de Educación Pública, en el acto apertura del Congreso Nacional de Educación, en noviembre de 2013. Foto: Pablo Nogueira

Camino marcado

Grupo de trabajadores de la educación propone en el Diálogo Social la elaboración de Plan Nacional de Educación.

El debate sobre la realidad educativa se ha vuelto cotidiano, pero últimamente se ha centrado en torno a discusiones sobre estadísticas o reclamos sindicales, lo que no implica una planificación a mediano o largo plazo. El Grupo de Reflexión sobre Educación (GRE), creado en 2010 e integrado por nueve trabajadores de la educación, elaboró un documento en junio de este año que presentó a Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura y al Diálogo Social, en el que plantea que “Es tiempo de un Plan Nacional de Educación” que tenga como centro “la integralidad de la persona humana, situada en el contexto nacional y mundial presente y futuro”. Actualmente integran el GRE Shirley Ameigenda, Walter Fernández Val, Elsa Gatti, Silvia Grattarola, Mauricio Langón, Fernando Lema, María Teresa Sales, Limber Santos y Miguel Soler.

En el documento, los docentes recuerdan que no hay antecedentes de “planificación educativa de amplia cobertura ni de largo plazo en el país que se hayan concretado”, ya que por lo general “los esfuerzos se concentraron en reformar alguna rama y nivel del sistema educativo en forma desconectada del resto, priorizando además los aspectos curriculares”, lo que no permite brindar “la relevancia y la coherencia interna” que requiere la educación. Consideran que es importante contar con un plan en la actual coyuntura porque el contexto económico “impulsa cambios homogeneizantes en la educación de los países occidentales a los efectos de generar mayor productividad y competitividad”. “El GRE no niega la importancia de la educación como factor clave en una economía basada en el conocimiento, como es la actual. Sin embargo, si el fin político es el desarrollo humano y social y no el mero crecimiento económico, la educación debe ser considerada mucho más que un insumo de la economía”, afirman.

El documento cita el programa de gobierno del Frente Amplio, que planteaba como primera línea estratégica en temas educativos un Plan Nacional y Presupuesto de la Educación, y recuerda que en 2011 se presentó el informe Plan Nacional de Educación 2010-2030. Aportes para su elaboración, que estaba centrado exclusivamente en la Administración Nacional de Educación Pública y no constituye un plan en sí mismo, sino un documento base para la construcción de un plan.

Un plan nacional, señalan, debería contar con una fundamentación filosófica y ético-política, un diagnóstico, el detalle de las “cuestiones centrales de la educación sobre las que se propone incidir”, y las líneas educativas, institucionales, de gestión, evaluación y financiamiento rectoras del plan. Los docentes sostienen que en al menos diez países latinoamericanos se trabaja en base a planes de educación, y que la existencia de uno tendría varios efectos positivos en Uruguay. Contribuiría a transformar a la educación en “política de Estado de mediano y largo plazo por sobre los avatares político-partidarios”; generar “consensos sociales básicos en torno a la definición de sus lineamientos generales en relación a la visión de un Uruguay deseable”; “alinear a las instituciones de la educación o vinculadas a ella” en torno a fines comunes, “otorgar sentido, dirección, lógica interna y un horizonte temporal prospectivo a las políticas educativas a emprender”, “superar la proliferación de políticas educativas y programas focalizados, dándoles unicidad”, “promover el involucramiento activo de los actores educativos en el desarrollo de un proyecto compartido, lo que puede contribuir a recuperar un elevado compromiso con la educación, hoy descaecido”, “definir líneas claras para el seguimiento y la evaluación de los procesos y los resultados de las políticas educativas”, “articular a la educación con las políticas sociales, sanitarias y de apoyo financiero existentes o a implementar”, “evitar, a partir de grandes lineamientos consensuados articulados entre los subsistemas, la adopción de soluciones forzadas internas o externas, que generan resistencias y son potenciales fuentes de conflicto porque van en contra de identidades institucionales que se corresponden con tramos de edades diferentes”, y “contar con criterios claros” que se desprendan del plan “como para adoptar o no ‘modas educacionales’ que recorren el mundo, pero que tienen fines que son exógenos a una educación con centro en la persona y su sociedad de pertenencia”.

Reconocen que hay varios factores que influyen en la posibilidad de elaborar un plan de educación, entre otros, los apoyos político-partidarios, los respaldos de actores sociales y profesionales de la educación, su implicación en la elaboración e implementación del plan y la legitimidad ciudadana y social que este logre, y reconocen, a su vez, dos modelos de construcción de los planes. Por un lado, uno de naturaleza “político-societal”, que responde al “modelo estratégico-situacional de planificación”; por otro lado, uno que sería “manifestación de la planificación gubernamental para el sector, en clave tecnocrática”. Ambas formas de elaboración del plan implican distintos recorridos, el primero con múltiples instancias de diversa índole (y menciona consultas, foros, asambleas) y el segundo con mecanismos más acotados de consultas a expertos o actores relevantes. “Dado el carácter autónomo de la educación en nuestro país y la arraigada tradición en ese sentido, el GRE entiende que la elaboración de un plan nacional debería ubicarse en el primero de los modelos”, buscando la participación de la mayor cantidad posible de actores educativos, sociales, políticos y económicos, afirman.

El camino de elaboración del plan debería comenzar, señala el GRE en el documento, con la decisión explícita del Poder Ejecutivo de impulsarlo, y proponen distintas etapas, que incluyen la convocatoria al Congreso Nacional de Educación, la creación de un grupo de trabajo encargado de sistematizar propuestas y elaborar documentos para la discusión, y el nombramiento de una comisión redactora del plan. El paso final, sostiene el documento, sería la remisión del plan al Parlamento, por parte del Poder Ejecutivo, antes de que finalice la actual legislatura.


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