A fines de enero, el Tribunal de Cuentas solicitó a los auditores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios un informe acerca de la morosidad de sus asociados, ya que había documentos que indicaban una pérdida de 666 millones de pesos.
No era la primera vez que se le realizaba una observación sobre sus estados financieros; el presidente de la Caja dijo a la diaria que dos años atrás el Tribunal ya había mencionado que se veían “con mucha preocupación” sus resultados operativos. De acuerdo con sus balances, en 2014 fue el primer año de pérdida, de 45,5 millones de pesos, en 2015 esta se incrementó y llegó a 180 millones, y para 2016 se proyecta un negativo de 350 millones.
Correa dice que el directorio -compuesto por siete miembros: dos representantes del Poder Ejecutivo, el abogado Ariel Nicoliello y la economista Adriana Vernengo, cuatro de los activos y uno de los jubilados y pensionistas- es “consciente” de que hay “señales de largo y otras de más corto plazo”, que “sugieren ciertos desequilibrios básicos”, lo que llevó al órgano a tomar ciertas resoluciones que “van a afectar los intereses o el bolsillo de los pasivos”.
Las tres prestaciones perdidas
El 22 de junio, con voto negativo de los jubilados, el directorio aprobó la quita -en algún caso gradual- de tres beneficios a los pasivos. El primero fue el 10% adicional a la cobertura básica en caso de que el organismo cuente con las “posibilidades económicas” establecidas en la Ley 17.738, de 2004.
También votaron a favor de la eliminación de la compensación adicional otorgada semestralmente, conocida popularmente como “aguinaldo”, de unos 11.000 pesos anuales. Por último, se suprimió -aunque gradualmente, de “a cuartas partes”- el seguro de salud, vigente desde hace 30 años y que fue adjudicado a la salida de la dictadura para compensar los gastos de los afiliados.
El presidente de la Asociación de Afiliados cuestionó al directorio por tomar estas decisiones “tan transcendentes” en “la soledad de su mandato”, ya que si bien tiene “legitimidad y autoridad” para hacerlo, la discusión se procesó “de espaldas a las bases de los gremios”.
Ante esto, Correa consideró que “la ley establece que sólo requiere el voto de la dirección del directorio” y que “le dieron [a este punto] una trascendencia y un volumen mayor del que merece”. “Los directores de la Caja no son fundamentalistas. A veces hay que tomar decisiones, y esta se enmarca en la legalidad. La Caja no puede dar cosas que la pongan en riesgo, y la realidad es que no estamos violando ningún derecho, a pesar de lo cual quedan instancias administrativas y legales para aquellos que quieran reivindicarlo”, agregó.
Según el presidente de la Caja, se trata de un “problema de los uruguayos”, que “a veces tratamos de no retrotraernos”. Los beneficios adicionales se renuevan cada dos años, y Correa sostuvo que “los problemas no son nuevos, sino que vienen arrastrándose” y las “dificultades” actuales “ya estaban presentes en la última renovación”, que se hizo en 2014. Si bien sostiene que la Caja “ha mejorado en la eficiencia de la gestión operativa y de sus colocaciones financieras”, esto “contribuye pero no es suficiente”, porque son “las variables fundamentales las que se están desequilibrando”.
También aseguró que “se ha tratado de considerar el menor impacto posible; por eso se votó la gradualidad, así como ciertas excepciones para las jubilaciones de menores ingresos y para las pensiones que reciben quienes tienen discapacitados a cargo”. Dijo que en caso de la quita del 10% de aumento a la tasa de reemplazo no afecta “ni a 20%” de los jubilados.
En cambio, Di Mauro afirmó que estos “no dejan de ser cálculos probabilísticos” y que antes de optar por recortar beneficios a los afiliados, se tendrían que haber realizado “acciones en vista de aumentar el número de afiliados”, algo que “nada tiene que ver con la declaración de no ejercicio”, sino que está relacionado con “una gran evasión”. “Muchas empresas generan estructuras de profesionales, en las que se afilia uno solo, que es el que firma, pero la realidad es que todos deberían estar afiliados”, explicó. Además, consideró que tendría que realizarse “un seguimiento mayor y más efectivo de los morosos”, algo en lo que coincidió la Comisión Asesora y de Contralor del organismo.
Reforma en vista
Consultado por los desequilibrios fundamentales, Correa sostuvo que hace dos años que los aportes que recibe la Caja son inferiores a los egresos por pago de pasividades. Si bien aportan cuatro activos cada un pasivo, se establece que proporcionalmente se descompensan: “El aporte promedio de los primeros es de 7.800 pesos, mientras que la jubilación asciende a 50.400”.
“Lo que nos sucede al día de hoy es que estamos utilizando el pago de intereses que recibimos por las colocaciones de nuestras reservas para pagar las jubilaciones y compensar el desequilibrio. La relación activo/pasivo que tenemos es muy buena, pero es esperable que se deteriore, en virtud de la demografía de nuestro país, y nosotros estamos guardando las reservas para esos momentos”, explicó. La información de la Caja indica que en los próximos diez años va a jubilarse 20% de sus afiliados, mientras que la tasa de afiliación continúa disminuyendo su ritmo, lo que “pone en peligro la sostenibilidad a futuro”.
Correa dijo que por estos motivos se está estudiando una reforma de la ley orgánica de la Caja, ya que en ella se encontraron “algunos limitantes”. “La expectativa de vida ha ido aumentando; por otro lado, el ejercicio liberal es mucho mayor, entonces hay cosas a modificar”, explicó, aunque al ser consultado específicamente por las variables a “tocar” dijo que “aún no hay consensos”. “Tenemos un compromiso de mirar todas las posibilidades y no anticiparnos a los hechos. Todavía faltan cosas por madurar, y somos conscientes de que tenemos tiempo suficiente por delante”, afirmó.
El presidente de la Asociación de Afiliados, quien también está a favor de una reforma de la ley, dijo que discrepa en los plazos; en su opinión, “el año que viene -a más tardar, el próximo- tendría que estar redactado el proyecto”, teniendo en cuenta que en 2019 hay elecciones nacionales.
“Parecen verdades pero no lo son”
Hace tres meses comenzó a circular una convocatoria de una entidad llamada “El Orden” a una “2º reunión de Profesionales Universitarios”; según Di Mauro, se trataba de una organización “independiente de la Asociación de Afiliados”, en la que se habían agrupado algunos asociados al enterarse de que el directorio estaba estudiando sacar estas prestaciones.
La invitación decía que a una primera reunión habían concurrido “profesionales de distintas carreras, todos con la preocupación de lo que está sucediendo en la Caja de Profesionales, cuyo directorio actual está sacando todos los beneficios que habían logrado los profesionales en el pasado”.
La convocatoria sostenía que hay “una mala gestión” y mencionaba cuatro razones: la desmesura de los salarios de los siete directores en relación con sus responsabilidades -“ir a cuatro reuniones de cuatro horas por mes”-; el nombramiento de un gerente general con un salario que quintuplica el de su antecesor; la contratación de algunos servicios sin previo llamado a licitación; y las dudas con respecto a los mecanismos elegidos en la venta de las unidades de la Torre de los Profesionales.
Consultado por esto, Correa sostuvo que son “falacias, difamaciones y agravios”. Por un lado, dijo que “parecen verdades pero no lo son; ha habido cambios en la gerencia, pero no hay designaciones a dedo, sino que son por concurso”. Por otro, sostuvo que los sueldos de los directores “son realmente buenos, pero son derechos adquiridos producto de los convenios que vienen negociando los sucesivos directorios, además de que en los egresos totales son un gasto menor”; según información de la Caja, en los egresos operativos representan el 3%.
Di Mauro no compartió las denuncias de El Orden. En cambio, planteó que los sueldos de los gerentes “están ajustados a un conjunto de responsabilidades que cada uno sabrá si cumple o no”, aunque consideró “excesivo” un directorio de siete integrantes y opinó que “con tres alcanzaría”.
En cuanto a los negocios de la Torre de los Profesionales, Correa dijo que “como colectivo de gobierno de la seguridad social de los profesionales, no somos agentes inmobiliarios ni expertos en vender”. “Hicimos lo que consideramos que era lo mejor, y eso nos da tranquilidad. No digo que no haya errores, pero no hay nada oscuro”, afirmó. Sostuvo que se trata de denuncias “sin respaldo” y respecto de las cuales la Caja va a “iniciar acciones legales”.
Di Mauro consideró que, “en definitiva, estas denuncias refieren a cosas menores y puntuales” y “la realidad es que no hay pruebas de la mayoría”. Sin embargo, afirmó que “sí hay una mala gestión del directorio”, que además ha sido denunciada por la Comisión Asesora y de Contralor -conformada por 50 miembros: dos representantes de cada una de las profesiones que cubre la Caja- en una nota entregada a Correa el 26 de mayo.
Según Di Mauro, en la misiva se establece que desde hace “muchos años” se visualiza “un decaimiento de la Caja” y hace notar “lo poco que se ha hecho” con respecto al problema de la morosidad. “Se aceptan declaraciones juradas de no ejercicio y no se cobran gastos administrativos”, ejemplifica. También sostiene que hay un “déficit comunicacional” con los afiliados y, por otro lado, recomienda “replantear la gestión actual”, en busca de “mayor eficiencia”.
En tanto, el directorio señaló que la tasa de morosidad de deudas es “muy baja”, de 1,3%, y que en caso de que se consigareducirla, “no se alteraría la proyección de patrimonio negativo en 2026”.