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Nacional | Lunes 29 • Agosto • 2016

En términos generales

Documento de actualización ideológica del FA propone una “justa articulación entre Estado y mercado”.

El 24 de setiembre, el Frente Amplio (FA) iniciará un debate ideológico en sus comités de base y a nivel sectorial. Para ello contará con algunos documentos de base; el principal se está redactando en una comisión de actualización ideológica del FA, con participación de los sectores y las bases. Además, es probable que algunos sectores presenten sus propios documentos.

El borrador elaborado por la comisión, aún inconcluso, al que accedió la diaria, se estructura en cinco capítulos: “Los valores comunes sobre los que desarrollamos nuestra acción política”, “Uruguay en un mundo globalizado”, “Desarrollo sostenible”, “Estado, mercado y sociedad” y “Poder y gobierno”. La comisión ya aprobó los tres primeros e hizo avances en el cuarto, que podría aprobarse esta semana o la próxima.

En 2010, el presidente Tabaré Vázquez, que ya había culminado su primer mandato, empezó a referirse en entrevistas de prensa a la necesaria “actualización ideológica” del FA. En agosto de 2011, durante el Día del Comité de Base, Vázquez presentó en el comité Cuaró, del que es adherente, un documento denominado “Apuntes preliminares referidos a la eventual actualización ideológica del FA”. Cinco años después, la coalición de izquierda parece decidida a iniciar un debate, pero con un documento de base que no plantea síntesis polémicas ni sorprendentes, y que traza en cambio principios y líneas de acción muy generales.

“La libertad, la igualdad, el trabajo, la justicia, la solidaridad, la democracia y la paz constituyen valores sobre los cuales esta fuerza política ha asentado su pensamiento histórico, su identidad e incluso ha justificado su razón de ser anti-oligárquica y anti-imperialista”, señala el documento en el capítulo sobre valores. Escoge la libertad como valor a desarrollar en primer término. Lo califica como “un valor de alta jerarquía, ni inalienable ni relativizable, ya que constituye un pilar básico del ser humano y de las sociedades más desarrolladas y más humanas”. En segunda instancia menciona la igualdad, y sostiene que para llegar a ella es necesaria la formación y distribución de conocimiento y capacidades en las personas, la equidad en la distribución del ingreso, así como “acciones transversales referidas a la equidad de género, inter-generacional, étnico-racial, por orientación sexual, lugar de nacimiento o residencia”. Agrega que es necesario “invertir en distintas áreas estratégicas, una de las cuales es la educación”.

El documento agrega que para que ello sea posible, “en el actual momento histórico” se requiere una nueva “matriz de protección social”, cuyo propósito sea “asegurar el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes del país en condiciones de equidad”.

La solidaridad se define como “reconocerse uno mismo en el otro y tener una actitud de comprensión y apoyo a los demás; especialmente con los más vulnerables y aquellos que la sociedad menos ha promovido y apoyado”. “La solidaridad política constituye un valor que orienta la visión programática y estratégica de la fuerza que integramos. La solidaridad se confronta cotidianamente en la lucha con antivalores. Es confrontar con las visiones individualistas y los enfoques económicos neoliberales”, indica el documento.

La democracia a la que aspira el FA “confía en la sensatez del pueblo, en su participación libre y responsable, en el pluralismo, que conforma un pacto recíproco de respeto a pesar del conflicto y que promueve y protege los derechos humanos en todas sus dimensiones”. Agrega el texto que “la experiencia de lucha de nuestra historia reciente nos fue enseñando” que “la libre expresión del pensamiento, el pleno funcionamiento de los partidos y organizaciones sociales, y el régimen electoral que regula la renovación de los órganos constitucionales de gobierno” son “aspectos esenciales de la institucionalidad democrática”. “El concepto de corresponsabilidad y la visión democrática y solidaria de la sociedad se contradicen con el enfoque de la autorregulación y el corporativismo, como enfoque de gestión y participación social”, sostiene el documento.

En el capítulo de inserción internacional se afirma que la política exterior de Uruguay “debe tener como prioritarias las relaciones complejas y diversas con los socios del Mercosur” y debe apuntar a “sostener y profundizar la integración latinoamericana, que aún se encuentra débil y fuertemente jaqueada por intereses dominantes de la política internacional de las grandes potencias”. En ese marco, se agrega que la defensa regional es “un bien público y no estamos eximidos de la responsabilidad de contribuir a ella con nuestros recursos humanos y materiales disponibles”. “Brasil y Argentina no son sólo vecinos de los que esperamos [que] nos compren bienes de medio y alto valor agregado, sino que son países con los que tenemos que profundizar las relaciones de mutua confianza y cooperación en materia de defensa y seguridad”, apunta el documento.

El capítulo sobre desarrollo sostenible señala que la clave para lograrlo es generar un equilibrio entre “el crecimiento, la distribución, el cambio tecnológico y la protección del ambiente”. Afirma que la mejora del nivel de vida de la población “no debe ser confundida con el consumismo desenfrenado o exacerbado, llevado a la práctica por innumerables mecanismos de la sociedad capitalista”.

El cuarto capítulo, todavía en elaboración, considera que el Estado “debe cumplir un rol fundamental en la construcción de la nación y su desarrollo sostenible”. No obstante, acota que el Estado que se aspira a construir “se caracteriza por un alto desarrollo en la eficiencia y la eficacia de sus acciones, que no conllevan una institucionalidad burocratizada e hiper voluminosa. Por el contrario, el Estado progresista constituye un instrumento de transformación permanente y, por ello, demanda su sistemática adecuación temporal y social”. Sostiene que el mercado “como única institución reguladora de la economía ha demostrado su ineficacia en la resolución de los problemas del desarrollo”, pero que también “los sistemas regulados solamente por el Estado han sido ineficaces a la hora de construir genuinos caminos de desarrollo democrático”. “Ambos mecanismos o instituciones utilizados en forma excluyente se convierten en instrumentos de subordinación social”, agrega el texto, y propone lograr una “justa articulación entre Estado y mercado”.

Como tareas del Estado menciona “producir bienes públicos y estratégicos en materia de infraestructura pública, en innovación y en la generación de un entorno que facilite el funcionamiento económico”, y “proveer bienes que generan importantes externalidades positivas a la sociedad, en las áreas de salud y educación, sin desincentivar iniciativas comunitarias interesadas en la provisión de esos bienes”.

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