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Nacional | Martes 09 • Agosto • 2016

Roberto Chiazzaro. Foto: Sandro Pereyra (archivo, febrero de 2015)

Goodbye, CIADI

MPP y socialistas pedirán al Ejecutivo que Uruguay se retire del tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

En 1992, Uruguay firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, más conocido como “Convenio CIADI”. En el año 2000 lo ratificó, por lo que se volvió Estado miembro del organismo, junto a cerca de 150 países. En muchos de los 30 tratados bilaterales de inversiones (TBI) que Uruguay firmó con diversos países se recurre al CIADI como mecanismo de solución de controversias.

La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes tiene a estudio actualmente un tratado para la “liberalización, promoción y protección de inversiones” con Japón, en el que se incluye al CIADI para resolver las diputas entre un inversor privado y el Estado de la otra parte. El acuerdo dispone que el inversor podrá canalizar la disputa por esa vía siempre y cuando no haya recurrido a tribunales nacionales. Establece además que la decisión que tome el tribunal arbitral del CIADI deberá basarse en las normas de derecho internacional que resulten aplicables y en la legislación del país del inversor.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista (PS), representados en la comisión por los diputados Jorge Meroni y Roberto Chiazzaro, están preocupados por el contenido del acuerdo y, en particular, por el hecho de que se recurra al CIADI. “Nos preocupa, porque más allá de que hayamos tenido un fallo favorable en el litigio con Philip Morris, fue un caso muy especial, en el que la OMS [Organización Mundial de la Salud] y otros organismos internacionales apoyaban muy fuertemente a Uruguay”, señaló Chiazzaro. Si bien Uruguay no debió abonar una indemnización a la tabacalera multinacional, el Estado uruguayo perdió en el juicio tres millones de dólares por concepto de gastos administrativos y honorarios.

En la última reunión que tuvieron integrantes de la comisión con el canciller Rodolfo Nin Novoa, ambos sectores advirtieron que este será el último tratado que votarán que tenga al CIADI como organismo de solución de disputas. “[El MPP] ya resolvió votarlo, pero si este es el último tratado. Ya lo hablamos con la cancillería: es el último que nos mandan con el CIADI”, manifestó Meroni. “No son tratados que consideremos oportunos”, indicó Chiazzaro, cuyo sector aún analiza la pertinencia de votar el acuerdo. Recordó que el programa del Frente Amplio dispone que Uruguay deberá abogar por la creación, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas, de un “nuevo sistema arbitral que corrija las deficiencias de tribunales como el CIADI”.

Por otra parte, el PS y el MPP presentarán una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que Uruguay se retire del CIADI. “Todo el mundo se está dando cuenta de lo injusto que es este tratado. Nin también está de acuerdo en que el CIADI no es conveniente para Uruguay”, manifestó Chiazzaro. El diputado socialista se refería a una entrevista que Nin concedió en julio al programa En perspectiva, en la que se mostró coincidente en este punto. “Con el CIADI nosotros siempre tenemos problemas, porque es muy caro, y porque además genera mucho desprestigio que a Uruguay lo lleven al CIADI todos los años. Porque lo lleva Philip Morris, porque lo lleva otra empresita... Primero hay que pagar 150.000 dólares para entrar, y después hay que contratar un estudio de abogados extranjero, con toda seguridad, que son los que manejan estas normas”, sostuvo Nin en esa entrevista. Incluso anunció que el gobierno manejaba opciones para vías alternativas de solución de controversias, y dijo que quien había trabajado en ese tema era el actual embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Gianelli.

En un artículo titulado “Acuerdos bilaterales de inversión: opciones para equilibrar los derechos y obligaciones de las partes”, publicado en 2012, Gianelli sostiene que es necesario modificar el actual régimen de solución de controversias, “de tal forma que se pueda revivir el equilibrio que se ha perdido entre los derechos y obligaciones de los Estados con los derechos y obligaciones de los inversores”.

Gianelli argumenta que los árbitros de tribunales como el CIADI habitualmente tienen formación en derecho comercial internacional y están por ello “orientados a fallar a favor de aplicaciones más ‘laxas’, que en definitiva favorecen a los intereses de los inversores”. Sostiene que debería incorporarse una cláusula que permita excluir casos que involucren temas “de interés público”, como los vinculados a la seguridad pública, la salud y el medioambiente.

Concluye que la protección al inversor en este tipo de tratados “ha ido más allá de lo conveniente para los intereses de los países en desarrollo, y en muchos casos, más que en herramientas destinadas a la promoción de las inversiones, se han convertido en una fuente de reclamos judiciales recurrente por parte de los inversores extranjeros”. Afirma que los TBI no deberían concebirse como “la única y más importante forma de atraer inversiones”, sino como un instrumento más, y que sería “conveniente comenzar un proceso de renegociación” de los tratados destinado a “limitar las opciones de protección a los inversores, que en muchos casos se han usado de manera incorrecta y que en otros han excedido el nivel de protección razonable, incluso más allá de los límites que nuestra propia legislación doméstica contempla”. De todos modos, no considera conveniente abandonar estos sistemas de solución de controversias ni dejar de suscribir TBI.

Para retirarse del CIADI, Uruguay debe enviar una notificación por escrito al organismo, y la renuncia se hace efectiva seis meses después. De todos modos, los tratados bilaterales de inversiones que Uruguay tiene firmados con otros países siguen vigentes íntegramente, incluido el recurso al CIADI.

Otros chiches

El acuerdo con Japón fue firmado en enero de 2015, durante el gobierno de José Mujica, y en octubre de ese año el actual gobierno lo envió al Parlamento. En la exposición de motivos se señala que el tratado reforzará “las condiciones favorables para incrementar las inversiones en ambas partes, asegurando un trato nacional justo y equitativo a los inversores” y mejorará “la estabilidad jurídica referente a las inversiones en ambos países”.

Se menciona la “importante presencia de empresas japonesas operando en el mercado uruguayo” y se subraya que la firma del acuerdo “proporcionará un marco propicio para el incremento de las inversiones de las mismas o la localización de otras inversiones en Uruguay”. Nombra en particular a la industria de manufactura de autopartes, a la logística en zonas francas, a la planta regasificadora y a proyectos de energía eólica. “El presente acuerdo tiene una estructura moderna y de altos estándares que ofrece certeza jurídica necesaria para los inversionistas”, se insiste en la exposición de motivos.

El sistema de solución de controversias no es el único problema que se le ha señalado a los TBI en relación con los intereses de los Estados. Para eventuales disputas resulta un problema la definición laxa de “inversión” que contienen. Por ejemplo, en el acuerdo con Japón que está a estudio del Parlamento se considera “inversión” no sólo establecer una empresa en el país receptor, sino también adquirir bonos, derechos de propiedad intelectual -derechos de autor y patentes-, concesiones y licencias -con particular mención a las autorizaciones para la “exploración, explotación y extracción de recursos naturales”-, arrendamientos e hipotecas, entre otros.

Gianelli señala expresamente en su artículo que las definiciones amplias de inversión, que incluyen los derechos de propiedad intelectual, conllevan “el riesgo de expandir la protección en estos acuerdos más allá de la intención original de los países receptores”, y afirma que “han creado perjuicios notorios para los países, debido a que han tenido que enfrentar juicios en casos de necesidad o de carácter excepcional o demandas que involucran temas de políticas públicas de los Estados”.

Además, el acuerdo con Japón prohíbe al Estado fijar “requisitos de desempeño” a los inversionistas, como la obligación de alcanzar un determinado nivel o porcentaje de exportaciones, de alcanzar un determinado nivel o porcentaje de contenido nacional, de dar preferencia a mercancías o servicios locales, o de transferir tecnología.

El diputado Chiazzaro sostuvo que los TBI “no se prestan a hacer transferencia de tecnología e información, no aceptan inversiones direccionadas por parte del Estado”. “Por la vía de los hechos, hay una pérdida de soberanía”, consideró.

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