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Nacional | Jueves 25 • Agosto • 2016

La amarga espera

Caso de recluso asesinado hace diez años en el Penal de Libertad pasó a la Suprema Corte de Justicia.

El lunes se cumplieron exactamente diez años del fallecimiento de Diego Santana Pelayo. Murió desangrado en el patio del Penal de Libertad, apuñalado en la espalda y el pecho por otro recluso con un corte carcelario de 40 centímetros, a las 14.00. El episodio fue confuso y no quedó registrado, porque en el sector B del penal no hay cámaras. Las declaraciones de los testigos pintan escenas que se contradicen. Para la madre de Santana, Nidia Pelayo, y sus hermanas, Leticia y Natalia, fue una “emboscada”. Lidia Ramírez, la abogada de la familia, que trabaja en una demanda civil, señala que se lo dejó morir como castigo por las denuncias que el preso había elevado contra el inspector José Felipe Sande Lima, que entonces dirigía el penal. A partir del testimonio de Santana y de otros reclusos, el funcionario (que, además, había ingresado al Servicio de Información de Defensa y de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas en 1976) fue procesado con prisión por, entre otros cargos, haber retirado escombros de la cárcel para vender y por apropiarse de ollas, puertas de celdas e incluso un inodoro para su casa.

La demanda se inició en 2008 y el trámite fue largo. La familia reclamó al Ministerio del Interior (MI) una serie de indemnizaciones monetarias por daños. “No hubo falta de servicio por parte de la administración. La actuación del personal penitenciario estuvo acorde respecto a la reglamentación”, dijo en su momento a la diaria Marisa Arizeta, jefa del Departamento Jurídico del MI, que negó responsabilidad en los hechos. Para la abogada Ramírez, la muerte de Santana fue consecuencia directa de la actuación de los carceleros, que habrían dejado al recluso encerrado en el patio junto con su agresor y que le habrían negado la asistencia mientras se desangraba; además, había un pedido cursado por un juzgado penal de San José para que se le aplicaran medidas de protección especiales, por su calidad de declarante.

La Justicia falló dos veces a favor de la familia: el Juzgado Letrado Civil de 3º Turno, también de San José, en primera instancia, señaló “responsabilidad objetiva” de las autoridades de la cárcel, por el solo hecho de que Santana haya muerto dentro del recinto. Ante la apelación del MI, hubo una sentencia en segunda instancia que agregó que hubo también “responsabilidad subjetiva”, que implica impericia por parte de los carceleros.

Ante este segundo fallo, el ministerio presentó un recurso de casación, por lo que el caso pasó esta semana a manos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que tomará la decisión definitiva. En el texto que elaboró el MI, al que accedió la diaria, se argumenta, en líneas generales, que la existencia de cortes en las celdas no es responsabilidad directa de las autoridades porque se hacen requisas periódicas; que Santana provocó a su asesino; que los hostigamientos que la familia menciona a partir de las denuncias de Santana no existieron; que los carceleros actuaron según el protocolo; que se le suministró asistencia médica inmediata, y que la indemnización que se pide para sus hijas por “daño moral” no amerita, ya que “no resultó probado [que hubiera afecto] de una manera lo suficientemente profunda”. Al final del documento, el MI pide que se desestime la demanda o que, al menos, se reduzca el monto de la indemnización.

“Con estas dos sentencias previas favorables, espero que la SCJ mantenga posición”, dijo Ramírez a la diaria. A partir de esta semana, el expediente pasará por las manos de los cinco ministros, que podrán solicitar aclaraciones o indagar en los argumentos. El caso penal, que corría en paralelo al civil, “quedó en la nada”, comentó la abogada, ya que no se encontró responsabilidad de la administración. “Los familiares pretendían que se hiciera justicia. Santana ya estaba por cumplir la pena”, contó.

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