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Nacional | Jueves 18 • Agosto • 2016

La construcción política del dominio público

Recibimos y publicamos.

En 2003, James Boyle publicó El segundo movimiento de cercamiento y la construcción del dominio público, uno de los ensayos más influyentes sobre los efectos perjudiciales de la privatización del conocimiento. En ese texto, Boyle usa la comparación con el cercamiento de las tierras comunales en Europa y en el resto del mundo desde el siglo XV para dar cuenta de la ampliación inédita de la propiedad intelectual en las últimas décadas y, como contracara, del expolio de los bienes comunes inmateriales.

El ensayo de Boyle es, de alguna manera, un llamado a la consolidación de un movimiento social en torno al concepto de dominio público. Según el autor, es necesario construir la idea de “dominio público”, ya que este concepto, junto con el de “bienes comunes”, permite unificar luchas en torno a temas tan diferentes como el acceso a la cultura, el software libre, el uso de protocolos de comunicaciones, el acceso a los medicamentos, la resistencia al patentamiento de las semillas y del código genético, entre otros.

Uno de los problemas comprendidos dentro de las luchas por el dominio público es, sin dudas, el acceso a los materiales de estudio. Este problema comenzó a debatirse fuertemente en Uruguay en octubre de 2013, cuando decenas de personas fueron detenidas por fotocopiar materiales educativos, quedando miles de estudiantes sin vías razonables de acceso a dichos materiales. Desde ese momento quedó claro que el cercamiento casi absoluto establecido en la Ley 9.739 de derecho de autor era una barrera para satisfacer un derecho humano como lo es el derecho a la educación.

Hoy, a casi tres años de los allanamientos a las fotocopiadoras, como resultado de la movilización de los estudiantes y de organizaciones sociales tenemos un proyecto de ley con media sanción en el Senado. Este proyecto de ley viene a dar respuesta a una pequeña parte de los innumerables cercamientos que la Ley 9.739 impone. Lo que se busca con el proyecto es colocar fuera del cerco algunas prácticas que garantizan derechos básicos, tales como usar materiales de enseñanza en las clases, reproducir fragmentos de obras con fines educativos, realizar copias para uso estrictamente personal, ofrecer el préstamo público en bibliotecas, efectuar copias para la preservación de materiales antiguos, brindar acceso a obras cuyos autores son inhallables, o ejercer la libertad de expresión realizando una parodia de una obra.

En tal sentido, el proyecto de ley aprobado en el Senado debe ser comprendido como un proyecto en defensa del dominio público. Si lo viéramos tan sólo como un conjunto de parches a reclamos parciales o sectoriales, ya sea de un centro de estudiantes o de una asociación profesional, caeríamos en el peligro de fragmentar luchas que deben estar unificadas. En parte, uno de los méritos que llevó a la media sanción del proyecto en el Senado fue la articulación eficaz entre estudiantes, docentes, bibliotecarios, archivistas, militantes del software libre, colectivos feministas y organizaciones que militan por el acceso a la cultura y a la información. La unidad detrás de un proyecto de ley que beneficiaba a todo el conjunto marcó el camino de los avances.

Y, en buena medida, los golpes que ha sufrido el proyecto desde su aprobación en el Senado se pueden explicar por la posición incómoda en la que quedó la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay cuando fue convocada a negociar en solitario contra el frente completo de instituciones que abogan por mayores cercamientos al conocimiento: las cámaras empresariales de las industrias culturales y las sociedades de gestión de derecho de autor.

En las próximas semanas la Cámara de Representantes deberá aprobar el proyecto de ley que viene del Senado, ya sea tal como fue remitido o con las modificaciones que crea pertinentes. Mientras tanto, la enseñanza que este proceso ya nos deja es que, tal como planteaba Boyle hace más de diez años, es siempre preferible la unidad del campo social en torno a consignas amplias contra la privatización del conocimiento (“derecho a estudiar”, “acceso a la cultura”, “dominio público”) que la atomización y la fragmentación de las luchas.

Jorge Gemetto, integrante de Creative Commons Uruguay

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