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Nacional | Jueves 04 • Agosto • 2016

Rodolfo Nin Novoa. Foto: Pablo Vignali (archivo, junio de 2016)

La mesa redonda

El primer semestre de Uruguay en el Consejo de Seguridad en la ONU y sus diferentes posturas ante las misiones de paz.

Durante sus primeros seis meses como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Uruguay votó en contra de la prórroga de la misión de esta organización para el Referéndum del Sahara Occidental, promovió una resolución sobre protección de hospitales y personal humanitario en situaciones de conflictos armados, apoyó amplificar las sanciones a Corea del Norte y buscó respaldar iniciativas que limitan el uso del veto por parte de los miembros permanentes de este organismo.

El desafío para Uruguay fue doble: no sólo ingresó, después de 50 años, al Consejo de Seguridad de la ONU, sino que en su primer mes debió presidirlo. Este aspecto fue resaltado en un documento publicado por la cancillería ayer, que funciona como una suerte de rendición de cuentas de los primeros seis meses del país en este órgano. Al país todavía le quedan 18 meses allí.

Uno de los primeros temas que llegaron a la mesa del Consejo de Seguridad fue de urgencia: las pruebas nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte el 6 de enero. El organismo optó por emitir un comunicado de prensa en el que los miembros del Consejo rechazaron estos ensayos. Los problemas con este país volverían a reiterarse luego. En febrero el Consejo condenó el lanzamiento de un cohete utilizando tecnología balística para la puesta en órbita de un satélite norcoreano, ya que “constituyó una violación a varias resoluciones del Consejo de Seguridad”. En marzo, el Consejo incrementó significativamente las sanciones impuestas a este país. La resolución contó con el copatrocinio de más de 40 estados, incluido Uruguay.

Pero el accionar de Uruguay en el Consejo no se limitó a emitir sanciones. Durante su presidencia, también se llevó adelante el levantamiento de las sanciones impuestas al programa nuclear iraní, luego de un informe positivo del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Otro caso que estuvo arriba de la mesa en enero de este año quizá sea más cercano para muchos uruguayos, sobre todo por el debate que genera a nivel local. El accionar de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) fue discutido en el Consejo de Seguridad, que el 29 de enero emitió una declaración que expresaba la preocupación de sus miembros “respecto de los acontecimientos que condujeron a la postergación indefinida de la ronda final del proceso electoral en dicho país”. Si bien ese comunicado resaltaba el “papel” cumplido por la Minustah para “contener la violencia y proteger a la población civil”, el tema volvió a discutirse el 13 de mayo. Tras una presentación a cargo de Hervé Ladsous, jefe de operaciones de mantenimiento de la paz, “los 15 miembros del Consejo de Seguridad lamentaron el incumplimiento del calendario electoral así como la no realización de elecciones el 24 de abril y coincidieron en la importancia de enviar un mensaje fuerte dirigido a las autoridades y a la clase política haitiana”. Según destaca el documento elaborado por la cancillería, “las diferencias entre los miembros del Consejo se centraron principalmente en torno a cuándo debería realizarse la misión de evaluación estratégica a que refiere la resolución 2.243 del Consejo de Seguridad del 14 de octubre de 2015 [que prorrogó la misión hasta el 15 de octubre de 2016] y al futuro de la Minustah”. En esa discusión, Uruguay resaltó la necesidad de “poner fin al juego de la clase política haitiana y destacó que la presencia de la Minustah podría contribuir con dicha dinámica y constituir parte del problema. Asimismo, recordó que en octubre finaliza el mandato de la Minustah y por ello será necesaria la toma de decisiones”. Además, Uruguay pidió “separar a la Minustah del calendario electoral”.

La representación oriental en el Consejo también tuvo una activa participación en el debate sobre otras misiones de paz. Una de ellas fue la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Uruguay tuvo un “rol activo” durante la negociación de la resolución para prorrogar esta misión, y mantuvo la posición de “no autorizar una reducción de efectivos”, debido a la “coyuntura política actual” de ese país, con “dificultades en la preparación de las elecciones y frágil situación de seguridad en el este”.

En cambio, Uruguay votó en contra de la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, aunque esta finalmente fue aprobada. Esta renovación “tuvo lugar en un contexto crítico”, debido a “incidentes ocurridos entre el gobierno de Marruecos y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon”. Concretamente, se explica que el gobierno marroquí expulsó de la misión “a casi la totalidad del componente civil internacional y algunos militares que desempeñaban funciones delicadas, tornando imposible el cumplimiento del mandato y comprometiendo seriamente el futuro de la misión”. En ese marco, Uruguay consideró que esta medida “altera el estatuto y la capacidad operativa de una Operación de Mantenimiento de Paz de ONU y resulta contraria al Derecho Internacional, generando un precedente muy delicado y erosionando la credibilidad del Consejo y de la ONU en su conjunto”.

Iniciativa propia

En mayo, Uruguay presentó su primera resolución en el Consejo, en conjunto con Egipto, España, Japón y Nueva Zelanda. Se trata de la 2.286, sobre la “protección de hospital y personal humanitario que realiza tareas médicas en situaciones de conflictos armados”. Entre los objetivos de esta resolución está “reforzar el marco jurídico existente en la materia” y “exigir a las partes en conflictos que cumplan con las obligaciones dimanantes del Derecho Internacional Humanitario”. “Se ha registrado un aumento de bombardeos y de violentos ataques contra las instalaciones y el personal que desarrolla sus tareas en zonas de conflicto, lo cual constituye una clara violación al Derecho Internacional Humanitario”, argumenta la cancillería uruguaya.

El país también está apoyando iniciativas existentes para “limitar el uso del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad”. Una de ellas fue presentada por el Grupo ACT (Grupo por la Rendición de Cuentas, Coherencia y Transparencia, por su sigla en inglés), del que Uruguay forma parte, que pretende “comprometer a todos los Estados a no votar en contra de borradores de resoluciones ‘creíbles’ que tengan como objetivo prevenir o detener los crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra”.


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