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Internacional | Miércoles 03 • Agosto • 2016

Puerto de Tokio. Foto: Toshifumi Kitamura, Afp

Liberales de nombre

El primer ministro de Japón quiere abandonar la Constitución pacifista y busca reactivar la economía, con apoyo de fondos públicos.

En Japón, la victoria obtenida por la coalición gobernante en las elecciones parlamentarias le dio alas al primer ministro, Shinzo Abe, para intentar reformar la Constitución y hacer que el país vuelva a contar con un ejército propio, luego de 62 años. Las elecciones en la cámara alta, el 10 de julio, les dieron el triunfo al gobernante Partido Liberal Demócrata y a su socio de gobierno, el partido Komeito, que sumados lograron 164 de los 242 escaños.

La reforma de mayor impacto simbólico que Abe quiere emprender consiste en retirar de la Constitución japonesa el artículo que prohíbe a Japón contar con un ejército propio. Según el primer ministro, esa norma “está desfasada”, debido al panorama regional japonés. Luego del fin de la ocupación estadounidense en 1954, las fuerzas armadas de Japón se orientan exclusivamente a la autodefensa, están bajo un fuerte control civil y no desarrollan programas de armas nucleares. Durante la mayor parte del período de posguerra estas fuerzas estuvieron confinadas a las islas japonesas y no se les permitió desplegarse en el extranjero. Recién desde 2001, y sujeto a autorización estadounidense, los militares japoneses han participado en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

De acuerdo con el artículo 9º de la Constitución, el país renuncia a llevar a cabo operaciones militares en el extranjero que no sean de estricta autodefensa. De hecho, en 2003 el gobierno del también conservador Junichiro Koizumi forzó la interpretación de ese artículo para permitir que 600 soldados japoneses acudieran a Irak, en el marco de una misión de paz. Ahora, argumentando el ascenso de China y la amenaza nuclear de Corea del Norte, Abe busca modificar este apartado de la Constitución y darle a Japón el “derecho a la defensa colectiva”, lo que le permitiría ayudar militarmente a un aliado -estrictamente, Estados Unidos- en el Pacífico, aunque su territorio nacional no sea atacado.

Para intentar tranquilizar a los que se oponen a dejar atrás esa Constitución que ha sido denominada “pacifista”, Abe ha declarado que la reforma de la carta magna no va a ser fácil. Con sus 164 escaños actuales, la coalición conservadora que lidera Abe supera la mayoría exigida, de dos tercios (con la que el gobierno ya cuenta en la cámara baja), para revisar la carta magna y relanzar el papel militar de Japón en la región. De todas maneras, el primer ministro necesitará ganar un referéndum para cambiar el estatus militar del país, y buena parte de los japoneses se opone a renunciar al pacifismo en el que han vivido por más de 60 años.

Con el propósito de no asustar a la opinión pública, que según medios internacionales votó a Abe y su partido pensando más en la economía que en los cambios en la política militar, Abe mantuvo la reforma de la Constitución en un segundo plano e hizo campaña a partir de un programa de enormes inyecciones de fondos públicos para incentivar el crecimiento económico. Abe quiere poner en marcha un paquete de medidas por más de 132.000 millones de dólares de gasto fiscal directo. Las medidas impulsadas por el primer ministro incluyen gastos a nivel de gobiernos locales y nacional, así como fondos del Programa Fiscal de Préstamos e Inversión destinados a empresas privadas.

Ayer Abe anunció que su equipo había compilado “un robusto paquete económico” que busca “seguir adelante con la inversión a futuro”. Agregó: “Con este paquete no sólo seguiremos estimulando la demanda, sino que alcanzaremos un crecimiento económico sostenible liderado por la demanda privada”. El programa incluye además alianzas público-privadas destinadas a la construcción y mejora de la infraestructura.

El plan se dio a conocer un mes después de que Abe ordenara a su gabinete económico que elaborara el plan de estímulos destinado a reactivar la economía, afectada por el débil consumo, pese a tres años de la denominada “estrategia Abenomics”, una combinación de política monetaria y fiscal expansiva y promesas de reformas estructurales.

Las medidas llegan en momentos en que el Banco Central de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) intentaba acallar las especulaciones de los agentes privados en el mercado respecto de que podría frenar los estímulos monetarios de la tercera mayor economía del mundo.

Tras el anuncio del BOJ, los bonos del gobierno japonés sufrieron su peor liquidación en más de tres años, ya que los inversores temían que el Banco de Japón pudiera frenar el ritmo de su agresivo programa de compras de deuda soberana. El viernes 30 de julio, el BOJ había causado una oleada de venta de yenes en el mercado financiero internacional al decidir que mantendría “estables” las compras de bonos públicos -que inyectan dinero en la economía-. A esto se sumó el anuncio realizado por el titular del BOJ, Haruhiko Kuroda, de que reexaminaría las políticas monetarias expansivas en setiembre. Sin embargo, Kuroda se reunió el lunes con el ministro de Finanzas, Taro Aso, responsable del plan de estímulo, para discutir el paquete de medidas. En esa oportunidad descartó que el BOJ fuera a frenar los estímulos monetarios, y ambos funcionarios hicieron hincapié en la importancia de coordinar esfuerzos entre el BOJ y el gobierno para superar la caída de la actividad en el país.

A partir de políticas proempresariales, los liberales demócratas gobernaron en Japón casi continuamente desde la Segunda Guerra Mundial. Los pocos años en que la oposición gobernó coincidieron con el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear de 2011 que devastaron el noreste de Japón, lo que hizo que perdieran el apoyo de los ciudadanos, descontentos por los lentos esfuerzos de reconstrucción.


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