La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores apunta a “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”. Fue firmada en junio de 2015 en la 45ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. La convención comienza a regir dentro de cada estado a partir de su aprobación. El Senado uruguayo aprobó ayer la convención, que tenía media sanción desde abril. La trascendencia de la sanción parlamentaria es doble: en primer lugar, por lo que establece en nuestro país; en segundo lugar, porque la convención requería la aprobación de dos países para entrar en vigencia, y hace un mes la había aprobado Costa Rica.

La carta es para las Américas, pero se aspira a que tenga una trascendencia mundial y otras regiones se sumen. Se trata del primer instrumento internacional vinculante (es decir, que obliga a los estados) sobre los derechos de las personas mayores de 60 años.

En diálogo con la diaria, la senadora Mónica Xavier (Frente Amplio) valoró que el acuerdo “coloca un estándar muy alto, pero de eso se trata, de que las convenciones planteen desafíos, como en este caso en la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores, que son un porcentaje muy significativo de la sociedad, que, además, va en aumento”. Uruguay, justamente, no es ajeno a esa realidad: después de Cuba, es el segundo país más envejecido de la región. Hoy las personas mayores de 60 años representan 14% de la población de las Américas, y en 2030 esa proporción ascenderá a 40%, tal como lo reseña el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Xavier comentó que la convención “supone un ajuste de políticas públicas y de otros instrumentos jurídicos del ordenamiento nacional que tienen que ver con la salud, con la protección social, con los cuidados, con la educación a todas las edades, con la posibilidad de llevar una vida plena, con el respeto a la privacidad”. La legisladora subrayó que la convención propone “un nuevo paradigma”: “Hay otras sociedades que brindan un cuidado muy especial a los adultos mayores, pero no es la realidad de nuestras culturas”, lamentó.

Compromiso

Adriana Rovira, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, reafirmó en diálogo con la diaria que se trata de un instrumento vinculante: “El Estado tiene un margen para adaptar su normativa, y acciones institucionales para ponerla en práctica. De un momento al otro no puede generar los mecanismos que el estándar plantea; de pronto tiene que generar una nueva política, nuevas prestaciones o nuevas instituciones. Hay un plazo para eso, pero es vinculante, no es un documento del derecho blando”, insistió. Señaló que la convención habilita a las personas a reclamar lo que el Estado debe asegurar, y agregó que “desde que entra en vigencia la OEA puede generar mecanismos de seguimiento y pedir a los estados que la aprobaron que generen informes de cómo se va instrumentando”.

La jerarca indicó que “la convención es un acuerdo entre países que tienen marcos de derecho y desarrollos institucionales muy diferentes”, y precisó que “en Uruguay, en general, los derechos que marca la convención tienen mecanismos institucionales de implementación aceitados, pero hay derechos de nueva generación que no estaban presentes”. Hizo referencia, por ejemplo, a lo que establece respecto de la “muerte digna”: “vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días”, con cuidados que “eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles”, según dice el texto. Respecto del derecho a la libertad personal, Rovira mencionó el caso de las personas que viven “en instituciones de cuidado y están privadas de libertad: el aspecto más complejo es que a las personas no se les permite salir de los establecimientos; eso es una privación de libertad. O las que están dentro del núcleo familiar y no se les permite tomar decisiones o salir”, ejemplificó.

Xavier señaló que “la mirada de género atraviesa la convención”. Rovira destacó que se trata del “primer instrumento de protección de derechos que trae el concepto de diversidad sexual”. Asimismo, establece la “no discriminación por temas de edad”, algo que no estaba explicitado en la legislación nacional.

Entre otros derechos, la convención fija lineamientos para que las personas mayores reciban servicios de cuidado a largo plazo. Establece el derecho de las personas a tener un sistema integral de cuidados que provea la protección de la salud, la cobertura de servicios sociales, alimentación, agua, vestimenta y vivienda, “promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía”. Para ello, obliga a los estados parte a diseñar propuestas de apoyo a familias y cuidadores, y a adoptar medidas para desarrollar esos sistemas integrales.

Rovira expresó que Uruguay “comenzará a trabajar con puntos que están arriba en su estándar: cuidado, políticas de género, lo que hace específicamente a la participación”. Una prueba de la participación es que “la sociedad civil ha sido una de las grandes aliadas” que permitieron que Uruguay impulsara la aprobación de la convención; de hecho, ayer las organizaciones de personas mayores marcaron presencia en las barras del Parlamento.