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Nacional | Lunes 01 • Agosto • 2016

Charles Carrera, Ana Olivera y Mariella Mazzotti, en el lanzamiento del Congreso Nacional de Género, el viernes, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Santiago Mazzarovich

Resistencia al abandono

Ministerio de Trabajo prepara proyecto de ley para seguimiento de inserciones laborales de quienes pagan pensiones alimenticias.

Cinco meses después de su primera sesión, el viernes se reunió el Consejo Nacional de Género en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y presentó los avances en relación a los compromisos asumidos en materia de igualdad de género a fines de febrero de este año, en base a los lineamientos marcados en el último Presupuesto Nacional. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) -que preside el Consejo-, Mariella Mazzotti, dijo a la diaria que lo prometido en aquella oportunidad “se viene cumpliendo”: “Hay un trabajo serio, sistemático, y productos concretos, que es lo que más nos importa”, remarcó.

El Consejo Nacional de Género se divide en grupos de trabajo, con la intención de que la interinstitucionalidad sea más efectiva. Uno de ellos es el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica; en opinión de Mazzotti, se trata del espacio “más avanzado” en la concreción de acciones, que incluye promulgar una ley integral contra la violencia de género hacia las mujeres, que con cuatro meses de discusión está “a punto de votarse” en la Cámara de Senadores. “Está dentro de los plazos que uno puede esperar, ya que fue definida como prioritaria”, evaluó la directora de Inmujeres.

Mazzotti adelantó que en el segundo semestre del corriente se llevará a cabo “un trabajo de sensibilización para periodistas”, coordinado con la Asociación de la Prensa Uruguaya. “La idea es que la noticia, los artículos y las distintas agendas que se van armando tengan más sensibilidad al género [...] si bien el lenguaje se ha mejorado, hay que trabajar un poco más sobre cómo se puede avanzar en el papel de la acción comunicativa, en el sentido de cuestionar el sistema de creencias tradicional, sobre todo en el ámbito de relaciones de pareja”, detalló Mazzotti.

Por otro lado, según dijo, se está avanzando en el proyecto de ley del Síntoma de Alienación Parental, relacionado a niños que denuncian “situaciones de abuso o maltrato dentro de su hogar”. “Por lo general, se plantea que son fantasías o dominación de un progenitor -en general, la madre- con respecto a lo que el niño denuncia”, estableció Mazzotti. La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Marisa Lindner, informó que Iniciativa Sur -un ámbito del Mercosur que analiza políticas de infancia y adolescencia- había “tomado posición” al respecto y que pretendían debatirlo en conjunto con el organismo. Lindner dijo que también se está trabajando en el “fortalecimiento de la línea de prevención y atención a las distintas situaciones de violencia que sufren los niños vinculados al maltrato, el abuso y la explotación sexual”, así como en una “revisión interna” sobre procedimientos que pueden estar generando “algún tipo de vulneración de derechos” de estos últimos.

Sin estereotipos

Mazzotti también habló del grupo encargado del acceso a una educación y cultura libre de estereotipos de género, que lideran el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública. La jerarca dijo que hay “muchísimo trabajo” vinculado a la generación de materiales didácticos dirigidos a estudiantes, familias y los propios docentes en temas como sexualidad, diversidad sexual, violencia en el noviazgo y masculinidades.

En este eje se apunta a “mejorar los mecanismos para garantizar que las adolescentes embarazadas no abandonen sus estudios”, un objetivo sanitario definido como prioritario. Si bien “en general la adolescente abandona antes de quedar embarazada”, en los casos que eso sucede -aproximadamente 16%- es importante buscar “mejores mecanismos para garantizar la permanencia” en el ámbito educativo.

Este grupo pretende trabajar en la construcción de vocaciones y proyectos de vida, generando la motivación para que las mujeres incursionen en áreas “no tradicionales” -se puso como ejemplos la ciencia y la tecnología-, ya que estas “normalmente se concentran en el área social y de la salud”. Asimismo, se concentrará en las prácticas institucionales de igualdad de género y en la deconstrucción de barreras de estigmatización de personas lesbianas, gay, trans, bi e intersexuales (LGTBI).

Por otra parte, para el grupo coordinado por el Ministerio de Salud Pública, la línea prioritaria consiste en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con especial énfasis en el cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la prevención y atención del embarazo adolescentes, el reconocimiento de que los embarazos de adolescentes menores de 14 “son siempre una situación de abuso”, y la garantía de derechos a la población LGTBI, afrodescendiente y de las mujeres rurales.

Un cuarto eje apunta al derecho al trabajo y a la calidad en el empleo, así como al desarrollo de las capacidades laborales, dirigido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con participación del PIT-CNT y las cámaras empresariales. Ante la reapertura de la sexta ronda de negociación colectiva durante este mes, en este ámbito se planteó “la importancia” de un nuevo convenio de trabajo doméstico y se acordó convocar a las mujeres que participan en las mesas de negociación tripartitas, para “promover y fortalecer” las cláusulas de género.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sostuvo que se está trabajando en la ley de acoso sexual y que en agosto habrá un “primer producto” de su reglamentación; Mazzotti, en tanto, espera que para “fin de año” la ley quede reglamentada. En cuanto al empleo juvenil, comentó que se avanza en busca de “favorecer especialmente a las mujeres jóvenes, trans y afrodescendientes” mediante los cupos en las pasantías laborales.

Pensiones alimenticias

La cartera también presentará en los próximos días, en el ámbito del Consejo de Ministros, un proyecto de ley -iniciativa del Banco de Previsión Social (BPS)- vinculado al seguimiento de las inserciones laborales de quienes están obligados a pagar pensiones alimenticias. “Se trata de la creación de un registro de trabajadores en el ámbito del BPS y en interconexión con el Poder Judicial, para evitar una discontinuidad en el pago ante cambios de trabajo. Asimismo, prevé la generación de un sistema de sanciones para evitar incumplimientos. Ya se consultó al Poder Judicial, y la Suprema Corte de Justicia lo apoya”, sostuvo la directora de Inmujeres, quien calificó la iniciativa de “muy importante”, ya que la tasa de incumplimiento es “muy alta”.

Un quinto eje apunta al derecho a mejorar las oportunidades de desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo productivo y empresarial. En este ámbito participan, entre otros, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Colonización y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que están realizando “diversas capacitaciones” de su personal, al tiempo que buscan consolidar “la mirada de género en los fondos concursables y programas que se llevan a cabo”. En el ámbito rural, se dio cuenta del progreso de la cotitularidad en el acceso al crédito y a la tierra.

Rendición de Cuentas

Otro eje transversal apunta a incluir el enfoque de género en la elaboración del Presupuesto Nacional. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, señaló que el trabajo del grupo se concentró en la próxima Rendición de Cuentas y en cómo “definir líneas de acción y cargarlas financieramente”. El jerarca aseguró que en el correr del presente mes se implementará la realización de una jornada de capacitación con los directores financieros contables de los ministerios y las áreas de planificación.

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