En el marco del Debate sobre seguridad organizado por el PIT-CNT y Proderechos, entre otras organizaciones, una actividad del Día del Futuro, se llevó a cabo la mesa “Hacia un nuevo sistema penal juvenil”. El integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas Luis Pedernera dijo que no cree que “ninguna cárcel cumpla con los fines que se proclama de rehabilitación y reeducación”. Aseguró que “las cárceles son depósitos de personas” y “deterioran”. Sí cree en los “componentes socioeducativos para disminuir la violencia estructural que contiene todo tipo de institución como esta [...] pero nunca para legitimarla”. Además, dijo estar de acuerdo con abolir las cárceles “como propuesta para los niños”, y manifestó su “preocupación” por la impunidad de la tortura que es, en algunos casos, impune ante el PIT-CNT. “He visto a la central sindical con un doble estándar en los temas de tortura. Una cosa es la tortura de los presos políticos y en la dictadura, y otra cosa es la tortura de los peores, de los que cometen delitos y de los que nos amargan la vida con la inseguridad. Una se denuncia, nos organizamos para repudiarla, y la otra ahí queda, bajo un manto de oscuridad”, aseguró.

En ese sentido, agregó que ha “acompañado a madres de gurises y a funcionarios que han sido amenazados y suspendidos en la afiliación gremial por denunciar tortura”, y desde el PIT-CNT se los “descalifica” diciendo “esperemos que avancen las investigaciones, que hacen falta protocolos; palabra prácticamente leitmotiv de algún dirigente sindical, pero la tortura sigue ocurriendo”. Contó que hace menos de 15 días denunció “una situación de tortura en un centro donde a algunos adolescentes se les suspendió la hora de la comida porque era la hora de comer de los funcionarios, se los golpeó y se les suspendió las visitas”. Explicó que la “lógica” es “esto no se registra”: esa es la “peor versión” de lo que sucede en “barrios de la periferia urbana, en los asentamientos, donde la gente te dice ‘acá lo mejor es no hacer, no hablar, no escuchar’”. “Me niego a sostener esa lógica, que es la base de la impunidad de la tortura, se haga donde se haga”, declaró.

Además, Pedernera criticó al Ministerio del Interior y la política gubernamental de seguridad y convivencia: “Se pide más garantías para el accionar policial [cuando muere un oficial], las respuestas han sido desarrollar la lógica de la legítima defensa presunta a favor de los policías o, como ocurre hoy en el Parlamento, una ley que agrava las penas si se mata a un policía en ocasión de servicio. La legítima defensa presunta en América Latina es el gatillo fácil, y se lleva la vida de todos los gurises que hoy nos convocan acá, a sentarnos a discutir. Ojo con esas propuestas, y ojo porque surgen, muchas veces, de las preocupaciones legítimas de los sindicatos”, opinó.

Estamos mal

Lucía Vernazza habló en representación de UNICEF. Dijo que a nivel internacional, la situación uruguaya es “compleja”, por ello pidió un “cambio radical” en la administración de la justicia penal, desde “cambios normativos” hasta “fortalecimientos institucionales”. Explicó por qué: Uruguay viola el principio de excepcionalidad consagrado en la Convención de los Derechos del Niño; la privación de libertad adolescente en el país no es el “último recurso”, no se imputa por “el menor tiempo posible” y, además, el sistema penal juvenil tiende a reproducir el sistema penal de adultos. “El debate ya está superado: está comprobado que la privación es una medida sumamente dañina para el adolescente, que no es efectiva para lograr mayor seguridad a la ciudadanía. La cárcel no soluciona los problemas de seguridad, eso que le interesa al sistema político: es más cara que desarrollar medidas no privativas”, advirtió.