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Nacional | Martes 13 • Septiembre • 2016

Cecilia Bottino. Foto: Sandro Pereyra (archivo, febrero de 2015)

Ejecutivo y Frente Amplio trabajan en la elaboración de un nuevo proyecto de Código Penal

El Poder Ejecutivo le transmitió al Frente Amplio (FA) que está de acuerdo en revisar en forma integral el proyecto de reforma del Código Penal y dar una nueva redacción al texto, para que sea aprobado en esta legislatura. El jueves se reunió por primera vez un grupo de trabajo conformado por senadores y diputados del FA y Eduardo Florio, asesor del Ministerio del Interior, en representación del gobierno, para avanzar en acuerdos sobre el nuevo articulado, informó a la diaria la diputada del FA Cecilia Bottino.

En 2010, luego de un trabajo de varios años, una comisión integrada por juristas y representantes del gobierno presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal, con el objetivo de actualizar el texto en vigor, que data de 1934. En diciembre de 2014, en momentos en que el proyecto se discutía en comisión de la Cámara de Representantes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil -entre ellas, instituciones académicas y agrupaciones feministas y de derechos humanos- presentó a los legisladores una declaración en la que se solicitaba detener el tratamiento de la iniciativa porque implicaba, a su juicio, un “retroceso en la agenda de derechos”. Pedían a los parlamentarios garantizar una discusión “seria y abierta” sobre el nuevo Código Penal. Por este motivo, la bancada del FA accedió a revisar el proyecto, y desde la Escuela de Gobierno del Parlamento se promovió el año pasado la realización de jornadas de discusión en las que participaron expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Con esos insumos y otros que fueron surgiendo, los legisladores del FA harán una nueva redacción del articulado, sobre la base del proyecto elaborado por la comisión de juristas. Lo diferente respecto de la iniciativa presentada en 2010 será, por un lado, que se tipificarán delitos que en el proyecto inicial no se tipificaban. Entre ellos, algunos delitos económicos, como la “administración desleal” de una sociedad y la “lesión del capital social” de una sociedad, que se comete disminuyendo el patrimonio de una entidad mediante el reparto ilegal de ganancias o reembolso de partes del capital, entre otros métodos. También la “imposición de acuerdos abusivos” en perjuicio de los demás socios, el “falseamiento de información” para perjudicar a una empresa o a sus socios, la negativa ilegítima por parte de los administradores a suministrar información a los socios y el fraude societario.

La bancada del FA pretende avanzar también en tipificar delitos informáticos y delitos ambientales. En materia de medioambiente, se piensa incorporar el delito de “contaminación” de aguas, atmósfera, suelo o subsuelo que genere “grave peligro” para la salud humana, animal, vegetal o para el medioambiente; el delito de “introducción o tratamiento de desechos peligrosos”; la caza, pesca o captura de fauna silvestre o la recolección o tala de especies protegidas o en peligro de extinción de flora silvestre con fines de comercialización, contraviniendo leyes o reglamentos.

Se planea además incorporar delitos que afectan los derechos laborales, con base en la legislación española, que tiene un capítulo de derecho penal laboral. Allí se incluiría no sólo la responsabilidad penal empresarial sino también, eventualmente, el hecho de no verter los importes descontados o retenidos a los trabajadores, el tráfico ilegal con mano de obra, el contrato mediante engaño de personas para imponerles condiciones de trabajo que afecten “gravemente su dignidad”. También deberían responder penalmente quienes discriminen a los trabajadores por “razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación o identidad sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa”, siempre y cuando el empleador se niegue a restablecer la situación de igualdad tras una decisión administrativa o judicial.

Por otra parte, se modificarán completamente algunos pasajes del proyecto, por ejemplo en materia de violencia de género, para incorporar en el texto la perspectiva de género. Este fue uno de los cuestionamientos de las organizaciones que firmaron la declaración en diciembre de 2014, que tildaron la iniciativa de “androcéntrica y patriarcal”. Bottino explicó que los legisladores están analizando si incorporan completa o parcialmente las disposiciones penales del proyecto de ley integral de combate a la violencia basada en género, presentado este año por el Instituto Nacional de las Mujeres y a estudio del Parlamento.

Otro cambio que tendrá la nueva iniciativa es que se hará el esfuerzo de sistematizar todas las leyes con disposiciones penales extra Código Penal e incorporarlas a este. La comisión de juristas no hizo esa tarea y, por lo tanto, las leyes extra Código Penal no estaban incorporadas en la iniciativa inicial. “Nosotros creemos que, ya que vamos a modificar un código de 1934 y ya que los códigos se modifican cada muchos años, tenemos que hacer toda una tarea de sistematización e incluir y codificar todas las leyes especiales”, explicó Bottino.