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Nacional | Viernes 02 • Septiembre • 2016

Ellos los de azul

Director de Convivencia del Ministerio del Interior cuestionó “estereotipos” que tiene la izquierda sobre los policías.

“¿Otro modelo es posible?”, se preguntaba el título de una de las mesas del debate sobre seguridad organizado por el PIT-CNT y Proderechos, entre otras agrupaciones, que culmina hoy con la realización de un “diálogo ciudadano” en la plaza Cagancha. Y la conversación derivó naturalmente hacia lo que hizo el Frente Amplio en materia de seguridad y a la pregunta sobre si lo hecho podía considerarse “de izquierda”.

En medio del debate local, algunos expertos internacionales dieron un enfoque más general. Rafael Fernández, coordinador del informe regional de seguridad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aseguró que la experiencia de la región demuestra que “la mano dura no funciona” y que el “populismo punitivo genera más violencia”. Consideró que los factores que explican la violencia son la falta de capacidad del Estado (“no tenemos buenos policías, ni buenos jueces, ni buenas prisiones”, afirmó), y que no ha habido un crecimiento económico “de calidad”. Dijo que además hay “facilitadores de la violencia”, como las drogas, en particular el alcohol, y las armas.

Otra de las expertas del exterior invitadas, la abogada e investigadora de la Universidad de Buenos Aires Alejandra Zarza, hizo un repaso de distintas concepciones criminológicas y concluyó que la izquierda debe involucrarse en el debate sobre seguridad, citando a criminólogos de la “nueva izquierda” que afirman que “no hacer nada es hacerle el juego a la derecha”, y que “si no se ocupa ese lugar, ya sabemos quién lo va a ocupar”.

Los exponentes locales compartieron un mismo enfoque: analizar en qué medida las políticas aplicadas por los gobiernos frenteamplistas hasta el momento fueron “de izquierda”.

Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Pública del Ministerio del Interior, comenzó cuestionando un video que los organizadores del debate colgaron en Youtube, que parodia la discusión de un grupo de policías sobre una escena filmada por una cámara de videovigilancia y termina diciendo: “Todos están discutiendo sobre seguridad. ¿Y si discutimos en serio?”. Leal criticó que se pretenda dar un debate “caricaturizando a agentes policiales” y opinó que eso “no favorece el debate sino el circuito cerrado” y los “estereotipos de la Policía” que tiene la izquierda. “Ellos brutos, de pocas luces, y nosotros, los que sabemos”, comentó. Dijo que hay una ajenidad de los políticos y en particular de la izquierda hacia los temas policiales y de seguridad en general, y que desde la izquierda se considera que involucrarse en la gestión de la seguridad es “una capitulación a los ideales o una mimetización”. Evaluó que el debate en estos temas está “inundado de prejuicios y desconocimiento” y advirtió que “no hay transformación sin conocimiento”. “La crítica tiene sentido si tiene capacidad de transformación”, señaló.

Leal afirmó que “hay modelos de seguridad de izquierda y de derecha”, y remarcó que no piensa, como hacen algunos, que “el modelo actual es más de lo mismo”, sino que es un modelo “con perspectiva de izquierda” y “en construcción”. Dijo que durante los gobiernos del FA “ha avanzado como nunca el poder civil en el Ministerio del Interior”, y eso explica la “profunda resistencia de la corporación policial a las transformaciones en curso”.

Mencionó pilares de un modelo de seguridad al que se debe apostar, entre otros, la seguridad enfocada desde la perspectiva de los derechos humanos; una estrategia que tenga como pilar central la reconfiguración urbana; un modelo civil de gobierno de los organismos de seguridad; una política de capacitación de la Policía basada en el respeto a la ley; la prevención del delito como apuesta; el combate a la corrupción policial; una “profunda reforma” del Poder Judicial, y una “estrategia contundente de desarme civil”. Leal sostuvo que en el área metropolitana es necesario un “shock de ciudad y de inclusión” para combatir la “inmensa fractura social que hoy existe”.

No tan distintos

Diego Camaño, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, consideró, a diferencia de Leal, que “no se ha variado mucho en política criminal respecto de lo que se venía haciendo antes”. Dijo que no percibe que exista una “concepción de izquierda” en materia de seguridad, sino que, por el contrario, “izquierda y derecha confluyen en un mismo discurso sobre la seguridad”.

Mencionó como indicador de esto el aumento del número de presos durante los gobiernos del FA -“estamos ante un sistema penal sobredimensionado y el gobierno de izquierda ha sido responsable del incremento desmesurado de la población carcelaria”, manifestó-, que se sigan “aplicando políticas de mano dura”, la “ampliación del aparato punitivo”, los operativos de saturación en los barrios, la compra de armamento “como nunca antes” y la “ciudad videovigilada”. Marcó como excepción la ley de descongestionamiento del sistema carcelario durante el primer gobierno del FA.

Consideró que se debe apuntar a bajar el número de presos, a solucionar la situación de prisión preventiva y que la privación de libertad se utilice como último recurso, y a reorientar el derecho penal para que se ocupe “primordialmente de los delitos de los poderosos”.

En una línea similar, el sociólogo Rafael Paternain consideró que el FA ha aplicado “una política tradicional con algunas reformas institucionales”, como la reorganización de la Policía. Mencionó como un logro, también, la reducción del hacinamiento carcelario. Al igual que Camaño, consideró que existe “ambigüedad” en el discurso del FA en torno a la seguridad. Consideró que se han “recuperado viejos discursos criminológicos”, como el de la racionalidad del delincuente o el de la subcultura criminal. Opinó que debe haber una transformación institucional profunda y mecanismos de control de la violencia institucional, con mayor participación comunitaria.

Los costos del delito

Bibiana Lanzilotta, del Centro de Investigaciones Económicas, presentó un estudio que buscó cuantificar los costos del crimen en Uruguay, tomando como fuentes de información encuestas, estadísticas, datos administrativos y consultas a cámaras empresariales y organismos estatales. La conclusión fue que el “costo del crimen” ascendió para Uruguay, en 2010, a 4% del Producto Interno Bruto; la mayor parte de esa cifra se destinó a la prevención del delito.