El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió las observaciones y recomendaciones sobre el informe que presentó el Estado uruguayo respecto de la aplicación en el país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una norma aprobada en la ONU en 2007 y ratificada por ley en Uruguay en 2010 (18.418). Uruguay se presentó el 15 y 16 de agosto en Ginebra ante el comité, y también dieron su opinión representantes de las organizaciones sociales de personas con discapacidad.
En la revisión que hizo a México en 2014, el comité ya había cuestionado el rol de la campaña de Teletón, afirmando que en particular el programa de recaudación de fondos “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad” y que le preocupaba que “buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado parte sean objeto de administración en un ente privado”. Dos años después, en la revisión a Uruguay, incluye la preocupación porque “persisten en el Estado parte prejuicios y estereotipos negativos de las personas con discapacidad” y por “la falta de estrategias que promuevan específicamente el contenido de la Convención y el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos y la existencia de campañas privadas, como Teletón, que refuerzan el modelo caritativo hacia las personas con discapacidad”.
Más allá de este capítulo, reseñado bajo el ítem “toma de conciencia”, las observaciones del comité refieren a muy diversos aspectos vinculados a las personas con discapacidad. Uno de los temas básicos que preocupan al comité es que existan “criterios no estandarizados ni en armonía [con los principios de la Convención] para certificar la discapacidad” y recomienda que se establezca “un sistema de certificación única de la discapacidad”. También cuestiona que “el transporte, el entorno físico, la información y la comunicación abiertos al público no son plenamente accesibles para las personas con discapacidad, especialmente en el interior”, y que no exista un órgano encargado de supervisar y sancionar estos incumplimientos. Para subsanar esto, se recomienda implementar “un plan de acción” en materia de accesibilidad, “con auditorías, plazos concretos y sanciones por incumplimiento”.
Otro de los puntos de observación refiere al rango del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), que es, según el comité, “tan sólo un programa dentro del mandato del Ministerio de Desarrollo Social”, y sugiere que sea “una entidad nacional permanente”, con recursos específicos, como forma de mejorar su accionar.
La revisión recomienda una serie de cambios en la legislación del país, en particular en relación a los artículos 37 y 80 de la Constitución de la República (el 37 habilita la inmigración de toda persona a Uruguay pero establece que ninguna “adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad”, y el 80 suspende la ciudadanía uruguaya por “ineptitud física o mental”), el Código Civil y la Ley 17.535 (sobre personas sujetas a curaduría general), porque “están en contradicción con la Convención y discriminan y restringen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad” (por ejemplo, niegan el derecho al matrimonio, a ser propietarias o a heredar bienes).
El informe también recomienda incluir la figura de “ajustes razonables” en la legislación y que se considere una forma de discriminación la negación de esos ajustes solicitados por personas con discapacidad.
Por otra parte, preocupa “que se siga aplicando” la Ley 9.581, de salud mental, la “inexistencia de iniciativas concretas para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad” y “las inconsistencias entre el Programa de Asistencia Personal y la persistencia del enfoque médico en la aplicación de la ley de cuidadores”, un aspecto marcado por las organizaciones sociales ante la nueva reglamentación de los asistentes personales. También observa el incumplimiento de las cuotas por discapacidad en las vacantes estatales, que “no exista una política integral de educación inclusiva” y que los servicios de salud no sean accesibles.