Ir al contenido

Dínamo | Lunes 19 • Septiembre • 2016

¿Para qué sirven los TLC de la Unión Europea?

A finales de los años 1990, la Unión Europea (UE) fue abandonando progresivamente el credo de lo beneficioso del multilateralismo y lo reemplazó por un bilateralismo de hecho. La idea de reglas al servicio de todos se sustituyó por la de reglas preferenciales entre tan solo dos socios.

El abandono del multilateralismo no fue un capricho de fin de siglo. Las decisiones tomadas en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), reunida en Doha, en 2001, cimentaron la reorientación de la política comercial europea. La llamada Ronda de Doha iba a enfocarse primero en los intereses de los países del Sur Global y a dejar los deseos de los países industrializados para después. Pero las negociaciones a nivel de la OMC encontraron poco apoyo por parte de los países industrializados y se perdieron en cajones sin salida. Mientras, la UE reforzaba sus equipos de negociación y se lanzó a la acción bilateral. Empezó por América Latina. Ya en 2001-2002 entró en vigor la estructura del primer tratado de libre comercio (TLC) con la región, el llamado Acuerdo Global con México. Su contenido comercial se elaboró luego sin voto ni conocimiento de los parlamentos respectivos. En 2003, siguió el Acuerdo Global con Chile.

La preferencia interna por el regionalismo en América Latina frenó la conclusión de otros TLC. Las negociaciones de un TLC con el Mercosur, iniciadas en 1999, fracasaron varias veces; sólo recobraron aliento con la entrada de gobiernos neoliberales en Argentina y Brasil. Bolivia y Ecuador abandonaron las negociaciones de un TLC UE-Comunidad Andina, lanzadas en 2006, pues rechazaron las liberalizaciones previstas en favor de empresas multinacionales. Por lo tanto, el TLC, de 2013, sólo comprende a Colombia y a Perú. En 2014, Ecuador hizo una pirueta argumentativa, y empezó a defender que un TLC era cosa buena. Así se perdió tristemente la batalla contra un modelo comercial que el mismo gobierno había lanzado en 2009. Ahora, la adhesión de Ecuador al TLC Colombia-Perú, con cambios textuales tan solo cosméticos, es cuestión de meses. Igualmente en 2013, entró en vigor un TLC con América Central. En la actualidad, se negocia la modernización del TLC con México y está en ciernes la modernización del TLC con Chile.

Hasta 2015, la ciudadanía europea se había desinteresado de las negociaciones en manos de la Comisión Europea. De repente, se le encendió la luz de alarma. Las negociaciones a puertas cerradas por la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés) -con Estados Unidos y Canadá, respectivamente- hizo que los europeos se despertaran. Se dieron cuenta de que lo que se negociaba bajo el bonito título de “libre comercio“ iba estrangular logros en materia social y ambiental y amenazaba con provocar una avalancha de juicios de empresas contra Estados, que clamarían “ganancia perdida” luego de una nueva ley ambiental, una subida del salario mínimo o la preferencia de una empresa local en un contrato público.

En octubre de 2015, unos 250.000 manifestantes contra la TTIP y el CETA recorrieron Berlín. El 17 de septiembre de 2016, cientos de miles protestaron en siete ciudades alemanas y cuatro austríacas. Unas 500 iniciativas en la UE ya reunieron 3,5 millones de firmas en contra de estos TLC y consejos municipales declararon sus comunas “ciudades libres de la TTIP”.

Pero la amenaza no viene sólo de la TTIP o el CETA. Los TLC de la UE con América Latina siguen el mismísimo esquema sin información pública. Su esencia es preparar el terreno para inversores, eliminando todo lo que puede ser visto como obstáculo a sus decisiones de establecimiento, producción o deslocalización. Por lo tanto, todas las estipulaciones en los acuerdos, desde la propiedad intelectual hasta las compras públicas, desde la agricultura hasta los servicios, son obligatorias, con sanción en caso de infracción.

Lo que más motivó la protesta de la ciudadanía europea es un nuevo mecanismo llamado ICS (investment court system). Se trata de una corte privada a la que tienen acceso únicamente inversores extranjeros, para atacar Estados, regiones o comunas y pedirles retirar leyes o decisiones políticas y pagar, por supuesto, altas sumas de “compensación”. La nueva generación de TLC con América Latina, empezando con México y Chile, también tendrá estas cortes privadas para inversores extranjeros. Dicho mecanismo no está contemplado todavía en el templete de negociación con el Mercosur, pero nada garantiza que no se integre.

Y hay más para frotarse los ojos: en materia de servicios, un TLC UE-Mercosur tendrá un TISA (trade in services agreement) plus, o sea, un TISA reforzado, a pesar de que Uruguay se retiró del Acuerdo Plurilateral sobre los Servicios (TISA) en 2015. También habrá un TRIPS plus, o sea, un régimen de propiedad intelectual que dificulta y encarece la venta de medicamentos genéricos, impone regalías para semillas y protege indicaciones geográficas, proscribiendo jamón de Parma o Champán no producido en la región de origen. Esta medida tiene sentido cuando ambos socios se sirven de ella para proteger lo local. Llega a ser abuso cuando un socio, en este caso Europa, tiene miles de indicaciones geográficas y el otro, América Latina, muy pocas.

El capítulo más problemático es tal vez el de los servicios financieros. En marzo de 2016, los Panama Papers arrojaron luz sobre la complicidad de los TLC con los que cometen fraude fiscal. Los TLC con América Latina, lejos de prohibir tales prácticas, las alientan, cuando prohíben límites en las transferencias de divisas, permiten cualquier tipo de producto financiero y no contemplan el intercambio automático de datos. Así, desde individuos hasta empresas con sucursales en terceros países, y no por último miembros del crimen organizado, pueden mover capital como les convenga, sin pagar impuestos y siempre protegidos por los TLC. ¿No será esta la finalidad última de estos acuerdos?

Gaby Küppers Asesora del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo y editora de la revista ila (Informationsstelle Lateinamerika), de Bonn