Cuando regresaba a su casa en la capital de Burundi, Buyumbura, el domingo de madrugada, el ministro de Medioambiente, Emmanuel Niyonkuru, fue asesinado a tiros por un desconocido. La muerte del funcionario ocurre en medio de tensiones políticas que tuvieron sus picos de violencia en el país y que comenzaron hace casi dos años, en abril de 2015.
Ese mes se desató una ola de protestas cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció que pensaba postularse a una segunda reelección consecutiva, contra lo que indica la Constitución y contra lo establecido en los acuerdos que dieron por terminada en 2005 la guerra civil en la que se enfrentaron hutus (la etnia mayoritaria en el país) y tutsis (la segunda en número de habitantes, pero que ha ocupado un lugar dominante en el país).
A las protestas de 2015 les siguieron la represión a manifestantes, un intento de golpe de Estado y más represión. Desde entonces la violencia dejó cientos de muertos y medio millón de desplazados, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citados por Efe. Esta agencia de noticias recordó que la ONU alertó sobre la posibilidad de un genocidio en Burundi y manifestó que existe “un patrón de violaciones sistemáticas y generalizadas [de los derechos humanos] que pueden poner en serio peligro la paz y la estabilidad en el país, dada la historia de conflicto interétnico y de violencia masiva”.
Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, esta crisis incluyó más de un millar de asesinatos, miles de presos políticos y de arrestos arbitrarios, cientos de desapariciones y otros cientos de casos de tortura y violación. Después de abril de 2015, 300.000 personas optaron por dejar el país, informó el medio especializado en África Jeune Afrique.
El atentado contra Niyonkuru no fue una excepción. En noviembre fue atacado el portavoz presidencial Willy Nyamitwe, que había despreciado las advertencias de que podía ocurrir un genocidio en el país. Pero en aquel ataque el portavoz se salvó y quien murió fue su guardaespaldas.