El término utilizado es “sociedades de papel”. Se trata de una maniobra delictiva en la que se crean sociedades falsas para obtener facturas y venderlas a empresas que las utilizan para evadir impuestos. De acuerdo a una nota del diario El País, la Justicia de Crimen Organizado procesó con prisión a dos personas que lo hacían, en base a una investigación de la Dirección General Impositiva (DGI) que aún continúa e involucra a un total de 200 empresas.

La investigación, que de momento derivó en seis denuncias penales y el procesamiento con prisión de dos personas y sin prisión de otras tres, surgió hace más de un año, cuando se constataron inconsistencias en distintos procedimientos de control.

Hasta la fecha, el fraude asciende a 78 millones de pesos e involucra a 86 contribuyentes (algunos de gran dimensión) que utilizaban las sociedades en cuestión para engañar al fisco. Según dijo el director de Rentas al matutino, hay más contribuyentes involucrados que están siendo investigados, lo que “posiblemente derive en más denuncias penales” y aumente la cifra de estafa a “montos importantes”.

También se efectuaron cuatro allanamientos y fueron indagadas diez imprentas, y se comprobó que hay varios escribanos involucrados en la maniobra delictiva, dadas sus firmas en los certificados notariales que habilitaban los procesos de inscripción de estas sociedades en la DGI.

Modus operandi

Según el auto de procesamiento, “desde hace unos siete años a la fecha” los procesados con prisión se dedicaban a la venta de sociedades anónimas en formación, que “eran en su gran mayoría utilizadas para defraudar al fisco”. Para esto usaban como testaferros “generalmente [a] personas de escasos recursos económicos, lo que los volvía claramente insolventes”.

La estafa se realizaba bajo tres modalidades: se ofrecían las sociedades falsas para facturar por un período de dos años, luego se cerraban y se creaba una nueva, generando una “apariencia de formalidad”; otra opción era que los contribuyentes compraran una factura aislada -falsa- y la usaran para documentar sus ventas y no tributar por ellas; por último, se podían adquirir facturas para “inventar compras que no se hicieron y pagar menos impuestos”.

La resolución de la Justicia de Crimen Organizado decreta el procesamiento con prisión para los dos autores de la estafa, ambos con antecedentes penales, y se autoriza a uno de ellos -“atento a los problemas de salud que presenta”- a cumplir la sentencia bajo prisión domiciliaria. Los otros tres fueron procesados sin prisión por carecer de antecedentes penales: uno como autor, por usar facturas de las empresas inexistentes; otro por coautoría, por ser el intermediario en la provisión de las facturas, y el último como cómplice, al haber actuado como gestor de los ideólogos y testaferro en más de 300 sociedades.