El Instituto Nacional de Colonización (INC) presentó una denuncia penal por la ocupación de una fracción en San Javier, departamento de Río Negro, por parte de un colono que había sido desalojado del predio en setiembre del año pasado debido a que mantenía una deuda de arrendamiento desde 2011. Como informó la diaria, Álvaro y Juan Lorduguin, apoyados por un grupo de personas, entre las que había una concejal, irrumpieron en un predio del INC, en el que incluso estaba viviendo un funcionario contratado para vigilancia, con el objetivo de “tomar posesión de vuelta” de la fracción 122 de la Colonia Luis Alberto de Herrera, de la que recibieron el lanzamiento por resolución del Juzgado Letrado de 2º Turno de Fray Bentos el año pasado, según explicó entonces Juan Lorduguin. El colono expresó que hace dos años el INC los intimó a irse del predio como consecuencia de las deudas de arrendamiento, pero que consiguieron firmar un convenio; sin embargo, denunció que la primera vez la familia pagó 10.000 dólares, pero el instituto “traspapeló” el comprobante. Luego, el INC volvió a intimarlos y ellos desalojaron el campo y quisieron negociar los “20.000 dólares en mejoras” que dejaron en el lugar, lo cual tampoco prosperó. Entonces, cuando se enteraron de que el INC había otorgado el predio a otro colono, decidieron ocuparlo.

Pero la versión del INC es bastante distinta. Una resolución del 11 de octubre de 2012 dispuso el inicio de medidas judiciales para cobrar la deuda y recuperar la disponibilidad de la fracción, de 66 hectáreas. La presidenta del INC, Jacqueline Gómez, dijo a la diaria que desde ese momento se visitó cinco veces el predio y no se encontró a Álvaro Lorduguin, el colono titular, que se lo notificó mediante cedulón, pero no evacuó vista al expediente. Además se constató que es deudor de MEVIR (Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural) (59 cuotas) por una casa que se construyó en la fracción y de la que el INC es garante. Por otra parte, luego de que se le comunicara el lanzamiento, el 30 de setiembre de 2016, el INC tuvo que hacer una denuncia penal porque Lorduguin se negaba a acatar la resolución judicial. El INC, además, inició un proceso para cobrar la deuda y el colono está embargado. Los dos hermanos Lorduguin son propietarios de otra fracción en la Colonia San Javier.

Gómez explicó que tras el lanzamiento, la fracción fue adjudicada a fines de diciembre a otro colono, pero pocos días antes de que este tomara posesión de la fracción junto a su familia, esta fue ocupada. La presidenta del INC aseguró que el pago de 10.000 dólares que hizo Lorduguin figura en su estado de cuenta y que el INC ha dado sobradas muestras de voluntad de negociar con todos los colonos. Consideró “muy grave” la ocupación del predio con “un funcionario del INC adentro” y agregó que el INC debe hacerse cargo de la deuda del colono con MEVIR porque la vivienda “está dentro del predio y queda como una mejora”. Gómez aclaró que el derecho a indemnización por mejoras es un derecho para todos los colonos, pero debe hacerse una tasación y, además, “el valor de lo que haya hecho se indemniza, pero antes de pagar se le descuentan las deudas”.

Juan Lorduguin dijo a la diaria que ya fue a declarar al juzgado y que la jueza dispuso que se establezca un ámbito de diálogo entre ellos y el INC para intentar “buscar una solución”, que de no hallarse generará “una nueva citación”. Consideró que no se trata de una “ocupación” sino que es “permanecer ahí hasta que se arregle la situación”, y aclaró que el “casero” de la fracción, puesto por el INC, “no dio ningún problema”. Lorduguin informó que la recientemente formada Mesa de Colonos se reunirá hoy en Salto para pronunciarse sobre esta situación, y que la medida de tomar la fracción ha sido apoyada por el Movimiento por la Tierra, el Grupo Cultural Charrúa y el Colectivo El Sauce.

El viernes también declararon ante la magistrada los funcionarios del INC. Según se informó desde el instituto, la jueza no se expidió aún sobre la denuncia y dispuso ampliar la indagatoria sobre todas las personas involucradas en el escrito presentado, en el que se acusa a los colonos de “usurpación”.

Hacker mate

Entre las ocho personas que ocuparon la fracción estuvo la concejal de San Javier del Partido Nacional Shirley Cirone, que incluso fue la encargada de dar lectura a una proclama. Según InfoRío, la semana pasada Cirone presentó una denuncia policial y judicial por ser víctima de amenazas de muerte. El 24 de febrero, la concejal escribió en su Facebook: “Ayer, alrededor de las 21 horas, recibo un llamado en mi celular. Amenazándome una persona, con voz varonil y ronca, diciéndome ‘Quedate quietita, no te metas con el tema de los colonos. Dejate de escarbar. Vas amanecer tirada en una cantera”. Pero además, Cirone denunció que el mismo día le hackearon su cuenta de correo electrónico: “Ya no existen ni enviados ni recibidos de los mail, y nada de lo que tenía registrado”, escribió en la red social. “También durante la semana he estado recibiendo llamados al tel fijo del campo, en el cual no me habla nadie y se siente un sonido similar a una cinta de casete”, añadió Cirone, que anunció que presentó una denuncia en la seccional 5ª de San Javier y en el Juzgado de Paz de la Tercera Sección de Río Negro.

Al día siguiente Cirone escribió: “Tengo los suficientes ovarios, porque soy mujer antes que nada y doy mi cara. No tengo miedo a nada... ni a las represalias que puedan tomar. Recuerden que los paisanos que defienden sus tierras son de todos los pelos. Y recuerden que cuando necesitamos sus votos vamos por sus campos y nos reciben y nos convidan con mates. Soy Nacionalista!!!. Y con mucho orgullo!!. Voy a pelear por las injusticias de mis paisanos... sea del color de pelo que sea. Vamos arriba. No me aflojen”. Según pudo saber la diaria, aún no se han producido actuaciones sobre esta denuncia.