Organizaciones sociales tomaron las calles ayer en Argentina con distintos reclamos contra la política económica del presidente Mauricio Macri. Por una parte, decenas de movimientos exigieron la implementación de la Ley de Emergencia Social, que fue aprobada en diciembre pero no ha sido reglamentada. Lo hicieron con cortes de calle en las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país. La norma facilita la creación de puestos de trabajo, incrementa la suma de dinero que reciben los beneficiarios de algunos programas sociales y otorga beneficios a la economía popular.
Además, ayer comenzó un paro de 48 horas en la educación en la mayoría de las provincias argentinas. El gobierno se negó a convocar las paritarias docentes nacionales, una instancia de negociación entre el Estado, los sindicatos y los privados para negociar los aumentos salariales que, a su vez, inciden en las negociaciones salariales en cada provincia. Ante esa negativa, las provincias negociaron pero sólo hubo avances en cuatro de 24.
Ante esta situación, cuatro de las cinco federaciones sindicales de la educación convocaron al paro que, en el caso de Buenos Aires, alcanza hoy el octavo día consecutivo. El gobierno de María Eugenia Vidal (de Propuesta Republicana, el partido de Macri), les ofrece un aumento de 19% cuando ellos reclaman 35%, en un país que en 2016 tuvo una inflación de 40%, según datos oficiales. Vidal dio ayer una conferencia de prensa en la que acusó a los sindicatos de tener “vocación de conflicto” y les exigió que “digan de qué partido son”. Además, propuso hacer efectivo un pago parcial del aumento de 19% “para que los docentes no sigan esperando”, y prometió pagar un extra a quienes no acataron el paro. Por último, convocó a los docentes a una reunión prevista para hoy.
