“El proyecto lo veo enterrado, sin futuro”, confesó el diputado nacionalista Jorge Gandini, integrante de la Comisión de Hacienda, que estudia un proyecto de ley para regular el sistema de tarjetas de crédito. La iniciativa fue presentada en 2015 al Parlamento con la firma de 14 legisladores nacionalistas. Establece, entre otras disposiciones, que el arancel por concepto de comisiones en el caso de las tarjetas de débito no podrá superar el 1% de las liquidaciones presentadas, y en el caso de las tarjetas de crédito, los emisores no podrán establecer diferencias de aranceles por concepto de comisiones y otros cargos entre los comercios y proveedores superiores a 2%.

El proyecto dispone también que “carecerá de efecto toda cláusula que impida al proveedor realizar promociones bajo la forma de pago contado o efectivo, cuando estas resulten más beneficiosas para el consumidor final”, y que el emisor “no podrá modificar unilateralmente el contrato sin previo consentimiento expreso del proveedor”.

Ayer concurrieron a la comisión las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) y del Banco República (BROU) para expresar su visión contraria al proyecto. El presidente del BCU, Mario Bergara, consideró que el proyecto de ley es innecesario. El diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo a la diaria que los aranceles de las tarjetas de crédito vienen bajando y que la situación “cambió sustancialmente” respecto de la vigente cuando se elaboró el proyecto. “En aquel momento los aranceles oscilaban entre 1% y 8%, y hoy, en base a los acuerdos del Poder Ejecutivo con emisores de tarjetas, han bajado sustancialmente”, señaló el legislador. Explicó que para las tarjetas de débito los aranceles se sitúan en 2% y que se espera que a fin de año lleguen a 1,5%, mientras que las tarjetas de crédito son de 4,5% y se espera llegar a 3%. “Estos valores nos ubican en la parte inferior de la tabla de los aranceles que se cobran en la región. No tenemos los aranceles más caros del mundo, como se ha dicho; estamos por debajo del promedio de la región”, destacó.

Bergara señaló también en la comisión que muchas de las regulaciones que plantea el proyecto son innecesarias, porque ya están contempladas en las normas de intermediación financiera y de defensa de la competencia. Por otra parte, el oficialismo sostiene, y Gandini consideró que podría tener razón, que fijar un tope por ley es inconstitucional si no se hace por iniciativa del Poder Ejecutivo. En tanto, el BROU consideró que la norma tendría un impacto perjudicial para el banco estatal y para el proceso de inclusión financiera. Gandini explicó que su partido sigue considerando que el proyecto es necesario para dotar de “reglas estables” a los comercios, pero comentó que “da la impresión de que el Frente Amplio no lo acompañará” y que será “muy difícil conseguir mayorías”.

A la próxima sesión de la comisión asistirán representantes del gremio de comerciantes, gremiales de comerciantes del interior del país y la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero, que están a favor de establecer una regulación de este tipo a los aranceles que cobran los emisores de tarjetas por concepto de comisión.