La Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental (CNLSM), integrada por 54 organizaciones “de la sociedad civil, académicas, de profesionales, y de usuarios y familiares”, emitió un comunicado sobre el proceso de discusión del proyecto de ley de salud mental, que ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se encuentra a estudio de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados.

Olga Azikian, Soledad Parietti, Fanny Azpiroz, Mónica Giordano y Nelson Paradela, en representación de la CNLSM, fueron recibidos por dicha comisión el 19 de abril para “exponer los aspectos fundamentales que debería contener” la norma para que sea “verdaderamente una ley desde la perspectiva de derechos humanos, dado que el proyecto aprobado en el Senado no posee dicha perspectiva”, según el comunicado. Sin embargo, la CNLSM expresa que ese día, “de los integrantes que participan en dicha comisión se encontraban solamente cinco, y dos de ellos se retiraron sin aviso en medio de la exposición”, por lo que se preguntan: “¿Existe un real interés de nuestros representantes por tener una ley de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos? ¿No interesa lo que vienen reclamando desde hace tiempo y con fundadas razones [la CNLSM] sobre los derechos de la población en la atención en salud mental? ¿Cuáles son las dificultades para abordar dicha temática?, o ¿cuáles son los intereses que se afectarían con las modificaciones al proyecto aprobado por el Senado que venimos señalando?”.

La versión taquigráfica de la comisión indica que el 19 de abril asistieron su presidente, el diputado blanco Martín Lema, como miembros los diputados frenteamplistas Walter de León y Luis Gallo Cantera, el nacionalista Egardo Mier y la colorada Nibia Reisch, y como delegados de sector estuvieron los también frenteamplistas Gerardo Núñez y Stella Viel. Según la integración que figura en el sitio web del Parlamento, en realidad estuvieron en un principio los cinco titulares, y los que se ausentaron fueron otros legisladores delegados.

El comunicado explica que las organizaciones que forman parte de la CNLSM han participado en el “proceso de discusión e intercambio en el marco de la convocatoria” del Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud (MS) y en las audiencias de la Comisión de Salud del Senado durante 2015 y 2016 “para la elaboración de una legislación en salud mental”. “Sin embargo consideramos que en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y en el proyecto que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores no fueron contemplados los aspectos fundamentales que hacen a la urgente necesidad de contar con un nuevo marco jurídico que signifique un verdadero cambio de paradigma en el modelo de atención centrado en los derechos humanos de las personas”, sostiene el comunicado.

Aportes

La CNLSM realizó en el Parlamento varios “aportes y consideraciones”, ya que entiende que el texto aprobado “incumple” las convenciones y tratados firmados por Uruguay.

Considera que “es ineludible” atender y modificar el actual proyecto, en particular la denominación “Trastorno Mental”, que produce “estigmatización y patologiza el sufrimiento psíquico, ubicando a la Psiquiatría como disciplina hegemónica en su tratamiento”.

También plantea que el proyecto “no incluye el abordaje interdisciplinario en los diferentes momentos del proceso de atención, que permitiría un abordaje psicosocial y comunitario en los dispositivos de atención”, y dice que les preocupa especialmente “la ambigua denominación de ‘Unidades de Psiquiatría en Hospitales Generales’ en lugar de ‘Unidades Interdisciplinarias de Salud Mental'’.

Por esto y otros aspectos detallados en el comunicado, la organización manifiesta que es necesario “modificar los puntos donde solamente se menciona el ejercicio médico para que pase a hacerse referencia a ‘Equipos Interdisciplinarios’”, y modificar “que en situaciones agudas las personas sean atendidas en unidades interdisciplinarias de salud mental en hospitales generales y los niños y adolescentes en hospitales pediátricos en donde funcionen las mismas unidades”.

La CNLSM considera además que el proyecto “no contiene la protección de garantías individuales en las internaciones involuntarias y en el pasaje de las internaciones voluntarias a involuntarias”. “La fundamentación de valoración ‘de daño inminente’ realizada sólo por una disciplina (medicina), pone especial énfasis en la concepción de peligrosidad no ofreciendo garantías para la protección de los derechos de las personas”, se expresa. En cambio, se propone “sustituir la valoración de daño inminente por el de riesgo inminente y cierto de vida para sí mismo o terceros asociada a la carencia de autonomía”.

La comisión también resalta que el proyecto “no incluye la creación de un Órgano de Revisión y Supervisión independiente y autónomo que garantice la protección y el ejercicio de los derechos humanos”.

Sostiene además que el texto “no incluye la derogación de la Ley 11.139 del Patronato del Psicópata de 1948”, entidad que “se inscribe dentro de la lógica vetusta de la ley del psicópata. En términos funcionales responde a un paradigma médico-sanitarista, paradigma que queremos superar”.

Finalmente, considera que el proyecto de norma aprobado por el Senado contiene “omisiones”, “errores gravísimos desde el derecho constitucional” y “contradicciones flagrantes en la medida que una ley que se pretende de salud mental y en clave de derechos humanos se centra en la enfermedad (el ‘trastorno mental’) en buena parte de su articulado y no se ofrecen garantías a las personas usuarias al estar el órgano de contralor en manos del MS, que se convierte así en juez y parte”.