Ayer de mañana, la Agrupación de Trabajadores de la Meteorología Nacional (ATMN) decidió ocupar el local del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), ubicado en la calle Javier Barrios Amorín.

La dirigente sindical Cristina Mathison dijo a la diaria que la decisión se tomó después de que el viernes la dirección del instituto decidiera eliminar una partida de más de 5.000 pesos a 23 trabajadores. La gremialista aseguró que la comunicación sobre esta medida se realizó el viernes vía correo electrónico, y el sábado, cuando se ejecutaron los sueldos, el descuento ya estaba hecho. “No es legal: cuando se aplica una cosa así lo tienen que notificar, y los trabajadores deben tener la oportunidad de hacer un descargo. Esto es una clara manifestación de represión sindical. Les metieron la mano en el bolsillo a los trabajadores”, aseguró.

Mathison explicó que las partidas no se deben a la función que cumplen, sino que existen porque tienen sueldos por debajo del mínimo salarial.

Sin embargo, tras una extensa negociación, el Inumet y la ATMN llegaron a un principio de acuerdo. Según informó el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, el sindicato accedió a levantar la ocupación y el organismo estatal a restituir el descuento de la partida que le había aplicado a los 23 trabajadores. Además, ambas partes acordaron formar una comisión bipartita que analizará y discutirá la propuesta de reestructura que el Inumet deberá presentar antes de junio. Pero también “se colocó una cláusula de innovación para que no tomen medidas ni el Inumet ni el sindicato, en negociación” dijo Castillo.

De guardia

Durante la ocupación, la sindicalista denunció que mientras los funcionarios cobran 20.000 pesos líquidos, los integrantes del directorio perciben más de 130.000 pesos. “En diciembre, cuando asumió el nuevo directorio, les dijimos que tenían deudas con los trabajadores y les avisamos que deberían extender los plazos para cerrar el ejercicio [y usar el dinero destinado a ese año]. A ellos no les preocupó la deuda que tenían con nosotros, les preocupó aumentarse el sueldo antes de que cerrara el plazo. Después, el Ministerio de Economía [y Finanzas, MEF] vino y levantó toda la plata que no se ejecutó. Dijeron: ‘Que se manejen los trabajadores, que arreglen para 2017’. Y ya en 2017 dijeron que arreglen con la reestructura, que se pagaría en 2018”.

Esta no es la primera vez que los funcionarios del Inumet plantean inconvenientes a la hora de desempeñar su tarea. En febrero de este año, ATMN anunció una serie de paros, pero cuando el gobierno decretó la esencialidad del servicio, tuvo que levantar las medidas. En ese momento el secretario general de ATMN, Ian Schou, dijo a la diaria que se trató de un acto arbitrario y violatorio del derecho de huelga.

Ayer Mathison relató: “Dos veces, antes de tomar medidas, nos decretaron la esencialidad. En esas dos oportunidades no habíamos planteado ocupar, eran sólo paros de 24 horas, uno en el marco de un paro del PIT-CNT y el otro este año. Se trataron de decretos profilácticos. Somos a los únicos a los que se les ha hecho eso”.

Los problemas en el Inumet se arrastran desde hace años, pero se agudizaron en diciembre de 2016, cuando asumió el nuevo directorio. “Desde enero hemos presentado cinco propuestas y no hemos tenido respuesta ninguna”, dijo la dirigente.

Los funcionarios denuncian persecución sindical, rebajas salariales, malas condiciones laborales e inequidades. Además, aseguran que hay una reestructura del instituto que nunca se concreta.

“En el interior, donde están los observadores meteorológicos, las condiciones son deplorables. Hay lugares en donde no hay agua potable y los funcionarios llevan los bidones desde sus casas para la guardia. Para ir a una estación en el medio del campo se tienen que pagar la locomoción. Van a cubrir datos que son de importancia del Estado y la subvención sale del bolsillo del trabajador. A los lugares de difícil acceso llegan como pueden”, dijo Mathison.

La funcionaria señaló que la reestructura del organismo tiene que ser entregada el 31 de mayo. “Cualquier persona que sepa de reestructuras sabe que en ese tiempo no se puede hacer. Primero se tiene que ver, de acuerdo a las funciones que se cumplen, cuáles son los cargos y los equipos que van a trabajar; después se tiene que armar la carrera y darle la carga salarial”.

Según la funcionaria, el problema no es el dinero, ya que en 2016 “hubo 55 millones de pesos más que tampoco se usaron; correspondían al pago de la función, al adelanto de la carrera”. “Este año también hay plata, no entendemos por qué no la dan. O tienen un desconocimiento enorme, una intencionalidad maligna, o la falta de capacidad para gerenciar es tan grande que no pueden hacer frente a un instituto que tiene sólo 160 funcionarios”, concluyó.