La industria del cannabis se queja por estar “en el banquillo de los acusados”; ¿qué alternativas ve el gobierno?

Mientras en Uruguay las empresas dedicadas a la producción y venta de cannabis y derivados de la planta, como el cáñamo, concretan sus primeras exportaciones, y en el mundo se estima que es una industria que podría mover tantos millones como el comercio global de carne, el sector está “en el banquillo de los acusados”: los productores no pueden abrir cuentas bancarias ni operar en dólares, por lo que se ven obligados a explorar canales financieros alternativos. Estas firmas son “rehenes” de una normativa de Estados Unidos que afecta a todo el mundo financiero, señaló la responsable en Uruguay de la compañía global de cannabis medicinal Khiron Life Sciences, Agustina Loinaz.

El tema fue analizado en un panel del Compliance Day que organizó el estudio Brum Costa, donde el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, informó que el gobierno aspira a llegar a una solución y analiza distintas opciones. Según detalló, estas van desde imponer reglas específicas por parte del regulador bancario para que el sector opere, o efectuar gestiones directas con bancos para que acepten el dinero proveniente del cannabis, hasta la posibilidad de impulsar canales y monedas alternativas.

Loinaz sostuvo que “las consecuencias del bloqueo bancario son gravísimas” para la industria, ya que “se generan dificultades para operar y se pierde competitividad internacional e inversiones”. La abogada señaló que las firmas del sector tienen “fuertes controles” en materia de lavado de activos, y para operar es necesario contar con un permiso del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y de la secretaría antilavado. “No conozco otra industria así. No se puede tocar una planta sin tener la autorización previa” sobre el origen lícito de los fondos, agregó.

Esta visión fue respaldada por el abogado especializado en normativa antilavado Leonardo Costa, quien sostuvo que “Uruguay tiene la gran posibilidad de mostrar un diferencial con todas las autorizaciones” que tienen las firmas de cannabis, dando “garantía” de que el negocio no implica dinero sucio. Explicaron que las empresas deben demostrar, además del origen de los fondos y las proyecciones financieras del proyecto, los antecedentes penales de sus accionistas y los beneficiarios finales del negocio. A la luz de esto, Loinaz concluyó que el impedimento de operar con bancos no es por el problema de los controles antilavado.

“La problemática es a nivel global”, subrayó. Aunque el cannabis es legal en 29 estados de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (conocida por la sigla en inglés FDA) considera ilegal su uso en comidas y bebidas, lo que aplica como ley federal y hace que los bancos consideren ilícita toda actividad vinculada. Las entidades en Uruguay operan en dólares y deben tener un corresponsal en Estados Unidos cuando no tienen en la nación norteamericana su casa matriz. Esto deja a las empresas locales de cannabis “rehenes de una normativa bancaria estadounidense”, afirmó Loinaz.

La ejecutiva de Khiron Life Sciences explicó que los productos medicinales, al no ser alimentos, quedan por fuera de esto. Pero a su vez, el registro como medicamento necesita al menos una década “de estudios científicos para entender cómo funcionan los más de 100 componentes de la planta”. Es que los medicamentos que conocemos no suelen tener más de dos o tres componentes. “Debemos apuntar al derecho del paciente a acceder a algo que le hace bien para su salud”, señaló la abogada.

La cuestión jurídica que traba a la industria del cannabis sin fines recreativos gira en torno a la pregunta de si “necesariamente un uso medicinal implica que sea un medicamento”. Loinaz dijo que ese debate también se da con el Ministerio de Salud Pública (MSP), que “a veces exige más de lo que la realidad científica puede dar”.

Tras escuchar las quejas desde la industria, Radío afirmó que el sector “está pagando el costo de un siglo de paradigma prohibicionista, que generó un atraso en todo el planeta en la discusión e investigación sobre los efectos médicos del cannabis”. Sostuvo que a pesar del freno en términos legales que tiene la industria en el mundo, “hay evidencia empírica de que [la planta] funciona, y eso la gente lo sabe, [por eso] la busca y la consigue, aunque capaz que no accede necesariamente a lo que necesita”.

El jerarca manifestó que el gobierno “ha dado señales claras” desde el comienzo sobre su intención de impulsar el sector. En este sentido, a principios de agosto se estableció un marco jurídico por medio de dos decretos, algo que la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal reclamaba para poder exportar con mayor seguridad. Pese a ello, el mes pasado la diaria dio cuenta de que hubo nuevas quejas ante el MSP por aspectos burocráticos.

Costa indicó que observa, con la renovación de autoridades, un cambio en “la voluntad política” en torno al tema del cannabis, porque tras los avances y la legalización en el gobierno de José Mujica, durante el período de Tabaré Vázquez “no se hizo nada” al respecto. Señaló que la actual administración “vio en el cannabis no un tema filosófico, sino un negocio que da trabajo, genera valor y conocimiento”.

La realidad “alternativa” y el menú de opciones a estudio

Otro de los expositores que conformaron el panel fue el contador Ignacio Cardoso, encargado del cumplimiento normativo de Gales Servicios Financieros, quien consideró que “Uruguay no podrá dar servicios de calidad a la industria del cannabis hasta tanto Estados Unidos no acomode el tablero” en materia regulatoria. Por ello, lamentó que hasta que llegue ese momento las empresas utilizarán “canales alternativos como el efectivo, que no son ideales en términos de prevención del lavado de activos y que empujan a los pequeños productores hacia mercados negros”.

Loinaz aseguró que “Uruguay no ha resuelto para nada” el tema de generar las condiciones legales para que opere el sector, y que las “soluciones parciales” que ha encontrado la industria, aquí y en el mundo, “en ningún caso son suficientemente eficientes”. En Canadá algunas operan con bancos locales que están por fuera del sistema tradicional y que no tienen relación con Estados Unidos. También trabajan con cooperativas financieras, o con entidades tradicionales que “o no saben que la empresa es de cannabis, o hacen la vista gorda”. A su vez, muchas recurren al efectivo. A este respecto, Loinaz comentó lo que ocurrió recientemente en California cuando los graves incendios no sólo arrasaron los campos plantados de marihuana, sino también el dinero en efectivo que estaba almacenado en bóvedas.

“Lo paradójico es que hay un listado inmenso de empresas que producen cannabis y que cotizan en la bolsa en Estados Unidos. Para eso hay un montón de movimientos y transacciones que pasan por bancos, y hasta grandes grupos financieros han invertido directamente en el sector. Entonces, no se entiende la prohibición [para operar]”, señaló la abogada.

En la misma línea, Radío advirtió que la legislación y las trabas globales que encuentra la industria podrían llevar al “absurdo” de que “se generara un desestímulo [para las empresas], se retiraran, y podrían irse a la ilegalidad; alguien hasta podría pensar que quizás así pueden ingresar el dinero” de origen ilegal al sistema financiero.

Por su parte, Costa expresó que, “dada la revolución del cannabis, en Estados Unidos se empiezan a buscar alternativas” legales para su regularización. Ese cambio de visión redunda en una mayor “tolerancia” para que empresas del sector “operen de momento por debajo del radar, porque el regulador [estadounidense] no está tan duro con el tema”.

En el plano local, el secretario de la JND aseguró que “hay margen para ser optimistas” sobre la aparición de soluciones que permitan que la industria opere legalmente, en virtud de que ya está sometida a intensos controles. En ese marco, planteó un menú de opciones que estarán bajo análisis en el corto plazo. Por ejemplo, que el Banco Central asuma “un rol más activo demandando” a las entidades financieras “la instrumentación de medidas de mitigación de riesgos que garanticen el acceso” a estas empresas; que se creen cuentas específicas para negocios vinculados a la marihuana, que permitan la circulación de dinero dentro del país; y hasta que se realicen gestiones directas con bancos para encontrar “algunos que estén dispuestos y crean que [aceptar el dinero del cannabis] les es favorable en la relación costo-beneficio”. Señaló que tampoco debe descartarse impulsar “canales alternativos de transacciones en monedas alternativas”.

En respuesta a esto, Loinaz aseguró que debe intensificarse el trabajo entre el sector privado y las autoridades, a fin de “encontrar una solución” a la prohibición para operar con bancos, e hizo una advertencia: “Hay empresas que invirtieron mucho dinero en Uruguay y cuando empiezan a producir para vender tienen dificultades; que no puedan hacerlo trae responsabilidades para el Estado. El Ircca emitió licencias que autorizan el comercio y la exportación, pero en los hechos eso se nos está bloqueando”.