Argentina: futuro incierto

El ascenso al poder de una figura que se autodefine como liberal libertario y cuyo posicionamiento filosófico oscila entre el minarquismo (Estado “vigilante nocturno” con funciones restringidas únicamente a seguridad y justicia) y el anarcocapitalismo (ausencia total del Estado) complejiza cualquier análisis prospectivo sobre lo que podría llegar a suceder; hay un abismo insondable entre esa concepción abstracta de cómo debería funcionar el mundo y las posibilidades reales de poder aterrizarla a medidas concretas que puedan ser viables desde el punto de vista político, económico y social.

Son, como han enfatizado muchos analistas, soluciones mágicas para problemas demasiado complejos. Y eso, naturalmente, podría generar frustraciones dentro del núcleo más duro de sus votantes, como ya ha ocurrido con su acercamiento y alianzas con los miembros de esa famosa “casta” enemiga.

Ante la imposibilidad de anticipar con claridad qué tipo de medidas terminará promoviendo y con qué timing las ejecutará (si efectivamente lo hará), repasamos a continuación cuál es el estado de situación de la economía a efectos de dimensionar el alcance de los desafíos que tendrá por delante esta nueva administración.

Empobrecimiento relativo

Como ya ha sido analizado desde este espacio, la economía argentina acumula más de una década de estanflación, un concepto que refiere a un país que no crece y que además adolece de elevados niveles de inflación. Una precisión: Argentina ha crecido, efectivamente, pero siempre alternando con períodos de contracción. En otras palabras, más allá de esos vaivenes y alternancias, cuando tomamos un período largo, el crecimiento es nulo.

Si además consideramos la dinámica demográfica, lo que tenemos como resultado es un retroceso acumulado de 12% para el PIB per cápita desde 2011. Esto contrasta, como lo plasmó la consultora Exante en un interesante recorrido gráfico por el contexto argentino,¹ con la dinámica del resto de los países de la región: durante ese mismo período Uruguay logró aumentar su ingreso per cápita 17%, en tanto que Paraguay y Chile han experimentado una expansión de 19% y 14%, respectivamente. Como advirtieron desde la consultora, ningún componente de la demanda (inversión, consumo y exportaciones) logró acumular crecimiento relevante en la última década.

Algo más que una inflación elevada

Durante los últimos meses, y en un contexto de abundante emisión monetaria, la inflación ingresó en una dinámica muy peligrosa que ha puesto sobre la mesa el riesgo real de terminar en una hiperinflación. En términos mensuales, los registros de inflación fueron de dos dígitos en agosto (12%) y setiembre (13%). En octubre, que es el último dato oficial, el aumento de los precios se moderó a 8%. Expresado en términos interanuales, lo anterior deja la inflación en el entorno de 143%.

En ningún caso estas cifras implican que el país ingresó en una hiperinflación (una definición canónica establece que los registros mensuales deberían ser superiores al 50%, aunque las definiciones cuantitativas pueden no ser útiles para capturar la complejidad de este fenómeno), pero el problema es que el tránsito desde una situación como la actual hacia esa otra puede darse de forma muy vertiginosa.

Buscando pistas en el pasado, el período que emerge como principal referencia es el de la hiperinflación de 1989. En pocos meses, la inflación mensual pasó de 6,8% (diciembre de 1988) a 197% (julio de 1989). Este antecedente, como recordaron desde Exante, indica que la escalada de precios puede ser abrupta una vez que se alcanzan registros mensuales mayores de un dígito.

Entre los diversos factores que han llevado a esta dramática situación, el financiamiento monetario del gasto público (la monetización del déficit fiscal) ha desempeñado un papel protagónico: el crecimiento interanual del gasto primario del gobierno se viene aproximando al 100% y el crecimiento del agregado monetario viene escalando a un ritmo cercano al 130%.

Sobre estos temas, debe tenerse presente que, en materia de subsidios para la contención de tarifas, el gasto se ubica actualmente en torno al 2,5% del PIB: 76% corresponde a energía, 19% a transporte y el restante a otros. Esto ha provocado una importante distorsión de precios relativos (es decir, la forma en que expresamos el precio de un producto con relación al de otro).

Obviamente, ante este contexto de estanflación persistente, los salarios (formales) han perdido en esta última década un cuarto de su poder de compra, y la pobreza ha venido escalando de forma sostenida hasta situarse levemente por encima del 40%; esto implica que son 11,8 millones de personas las que perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza (al primer semestre de este año). En particular, el 56% de los menores de 14 años se encuentran en esta situación, y también el 46% de entre quienes tienen entre 15 y 29 años. La indigencia, por su parte, alcanza actualmente el 9,3% de la población (aproximadamente 2,7 millones de personas).

Presiones devaluatorias exacerbadas

Con las reservas internacionales netas negativas (7.000 millones de dólares), sin acceso a financiamiento (el riesgo país supera los 2.500 puntos básicos), y ante las expectativas de la dolarización y el cierre del Banco Central (buque insignia de las propuestas de campaña y aspecto medular de la narrativa de Milei para explicar la decadencia argentina del último siglo), las presiones devaluatorias han ido en aumento. Vale recordar que la dolarización es más viable cuanto menor sea el valor del peso argentino/más alto sea el tipo de cambio (dado que es más barato comprarlos y sustituirlos por la moneda estadounidense).

En efecto, el dólar paralelo inauguró la semana cotizando arriba de los 1.000 pesos, lo que supone una brecha creciente con respecto al dólar oficial (arriba de 160% actualmente). En otras palabras, la brecha entre los tipos de cambio refleja ese incremento de las presiones devaluatorias. Si este proceso continúa en ascenso, las probabilidades de terminar efectivamente en un escenario de hiperinflación se disparan.

El retiro del Estado bajo el paradigma libertario

Dado que los impuestos son, desde la concepción libertaria y desde la retórica que lo llevó hasta la Casa Rosada, un robo y una inmoralidad, el peso del ajuste fiscal (que será de shock y no gradual como se intentó en el gobierno de Macri) deberá recostarse únicamente sobre la reducción de los gastos; de ahí el peso simbólico que le han dado a la motosierra él y muchos de sus votantes. Ahora bien, ante las implicancias sociales que eso podría conllevar, y dada la elevada fragmentación partidaria del Congreso, los márgenes son escasos para lograr los resultados que tanto pregonó durante su campaña y que encendieron las pasiones de sus seguidores más fanáticos.

Considerando el resultado parafiscal (el del Banco Central), además del resultado fiscal primario y la carga de intereses, el déficit fiscal consolidado es cercano al 12% del PIB. “Con ese trasfondo y con grupos de interés fuertes, la ejecución de un ajuste fiscal de entidad será una tarea compleja”, advirtieron desde Exante.

¿Qué esperar en los próximos 12 meses?

Ante este panorama, y en ausencia aún de definiciones más claras sobre el curso de acción y los protagonistas que lo llevarán adelante, difícilmente alguien pueda aproximarse a predecir qué es lo que puede suceder el próximo año.

Nuevamente parece más acertado mirar hacia atrás que anticipar hacia adelante. Esto fue lo que hicieron Eduardo Levy Yeyati y Sebastián Katz hace algunas semanas,² poniendo el foco sobre el período que se extiende desde julio de 1989 (asunción de Carlos Menem) hasta abril de 1991 (convertibilidad). “Ese período es especialmente relevante porque es una referencia natural para pensar los próximos 12 meses”, señalaron.

En el caso argentino, recuerdan, la economía dejó definitivamente atrás la etapa hiperinflacionaria recién en abril de 1991, dos años después de que comenzara el proceso. Y son dos las similitudes que trazan entre la situación actual y aquellos 20 caóticos meses que supusieron el colapso del país.

La primera y más evidente: la combinación de múltiples desequilibrios. A saber, reservas internacionales netas negativas, falta de acceso a mercados de crédito, déficit fiscal financiado con emisión y la promesa de una fijación cambiaria (en este caso la dolarización). De hecho, advierten, sólo el cepo actual (“diferencia crucial” con 1989) es lo que separa al país de una hiperinflación.

La segunda similitud que identifican tiene que ver con las promesas incumplidas y con la creencia de que una sola crisis es capaz de resolver todos los problemas, como una suerte de “purga purificadora” que limpia de una sola vez todos los problemas preexistentes. Sobre las promesas, en particular, recuerdan la del “salariazo” y la de la “revolución productiva” que formaron parte de la campaña de Menem hacia 1989, equiparándolas con la dolarización y la motosierra libertaria.