En la noche del domingo el pleno de la Asamblea Nacional ecuatoriana seguía tratando la destitución del presidente Guillermo Lasso, que fue pedida por los legisladores del partido opositor Unión por la Esperanza (Unes), sector político afín al expresidente Rafael Correa.

Como argumentos para realizar el pedido en el Parlamento, los representantes de Unes manifestaron que las protestas contra el gobierno derivaron en una “grave crisis política y conmoción interna”, según dijo Patricia Núñez en el momento de presentar la solicitud. La Asamblea comenzó el debate el sábado y lo prosiguió el domingo por la tarde en forma virtual. Analistas coinciden en que es muy difícil que la propuesta de Unes salga adelante, ya que para la destitución se precisan 92 de 137 votos, y el partido izquierdista cuenta con 47 legisladores.

Pero el clima social y político se encuentra muy convulsionado, cuando ya el paro impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lleva 15 días.

El sábado el presidente Lasso derogó el estado de excepción que había impuesto en seis provincias del país: Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y Pichincha, cuya capital es Quito.

Si bien esta decisión fue recibida con beneplácito por la poderosa entidad indígena, su presidente, Leonidas Iza, dijo este domingo, en declaraciones que fueron recogidas por radio Pichincha, que las cuestiones centrales que motivaron las movilizaciones todavía no fueron atendidas por el gobierno.

“El tema de combustibles no está resuelto, el tema financiero no está resuelto, el problema petrolero minero no está resuelto, el problema de los bajos precios de los productos de los campesinos no está resuelto”, detalló. El dirigente señaló que “continúan en la lucha” e indicó que las protestas pacíficas proseguirán en Quito y otras partes del país.

Paralelamente, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales y violación al derecho de protesta en Ecuador, durante el paro y los cortes del movimiento indígena.

En un primer informe, al que accedió la agencia Télam, la misión dijo que recabó testimonios e hizo entrevistas en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en la Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito.

“Recibimos declaraciones provenientes de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, y también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos”, señaló el grupo.

El documento denuncia la muerte de cinco personas, “asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal”. Los fallecidos fueron identificados como Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala. Además, la misión dio cuenta de “132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta”, muchos luego imputados por delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia.

“En muchos de estos casos dichas personas fueron imputadas luego por delitos tales como sabotaje, terrorismo o resistencia”, explica el informe. Los enviados internacionales dijeron también que recolectaron información y testimonios sobre seis casos de desaparición de personas, de las que se desconoce su paradero y que se encontraban participando en las movilizaciones.