A dos años de la “conquista de Kabul”, los talibanes destacaron en un mensaje oficial lo que consideran logros de su gobierno, que puso fin a 20 años de invasión estadounidense.

“Ahora la seguridad está garantizada, el conjunto del territorio está controlado por un único régimen, hay un sistema islámico en vigor y todo se explica desde el prisma de la sharia [la ley islámica]”, manifestaron.

Si bien llegaron al poder afirmando que establecerían un sistema menos rígido que el que habían tenido entre 1996 y 2001, desde entonces no pararon de decretar nuevas restricciones, sobre todo para la vida de las mujeres, lo cual ha sido calificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un “apartheid de género”. Así lo define un informe reciente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, Richard Bennett, y la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, Dorothy Estrada-Tanck.

Al dar a conocer ese trabajo, Bennett señaló que “las mujeres y las niñas de Afganistán sufren una grave discriminación que puede equivaler a persecución por motivos de género y crimen contra la humanidad”. Agregó que las autoridades afganas “parecen regirse por una discriminación sistémica con la intención de someter a las mujeres y las niñas a una dominación total”. A su vez, Estrada-Tanck manifestó que “en ningún otro lugar del mundo se ha producido un ataque tan generalizado, sistemático y global contra los derechos de las mujeres y las niñas como en Afganistán”.

Los dos expertos señalaron que desde agosto de 2021, cuando los talibanes llegaron al poder, impusieron sucesivas restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas que abarcan su libertad de movimiento, el control del atuendo que utilizan y de sus comportamientos, así como límites en el acceso a la educación, el trabajo, la justicia y la salud. “Dado que las niñas y las mujeres sólo pueden ser atendidas por doctoras, a menos que las restricciones se reviertan rápidamente, existe un riesgo real de que se produzcan múltiples muertes evitables, lo que podría equivaler a un feminicidio”, dice el informe.

Sus autores manifestaron que las mujeres afganas tienen prohibido el trabajo en la mayoría de los sectores, así como salir de su casa para recorrer trayectos largos sin la compañía de un familiar varón y el acceso a determinados ambientes y espacios públicos. En cuanto a la educación, se ha impedido el acceso de mujeres a la formación secundaria y universitaria. A esto se suma la normalización de la violencia de género, agregan. “Ha diezmado el sistema de protección y apoyo para quienes huyen de la violencia doméstica, dejando a mujeres y niñas sin ningún recurso”, afirman Bennett y Estrada-Tanck. Advierten también sobre prácticas de discriminación que están arraigadas en la sociedad afgana y que preceden al gobierno talibán.

Este martes, en el aniversario del régimen, la ONU pidió a los gobernantes afganos “devolver a las mujeres y niñas los derechos y la dignidad que les pertenecen, que cada hombre, mujer y niño posee”. Así lo manifestó en una conferencia de prensa Farhan Haq, el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, António Guterres.

“Lo que hemos visto han sido retrocesos casi semanales en Afganistán durante los últimos dos años, que están alejando cada vez más a las mujeres y niñas de Afganistán de los derechos humanos que les corresponden. Y esto [...] está alejando al país del desarrollo que cualquier nación debería tener”, agregó Haq.

También el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, llamó a quienes gobiernan en Afganistán a respetar los derechos de todas las personas sin discriminación. “No es demasiado tarde para cambiar la trayectoria del país y para que los talibanes cambien sus políticas en el entendido de que el respeto y la protección de los derechos humanos son esenciales para la prosperidad, la cohesión y la estabilidad de la nación”, manifestó Türk en un comunicado, en el que expresó su preocupación por las “severas restricciones” impuestas a las mujeres y niñas mediante normas “discriminatorias” que restringen sus derechos.