Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano presentaron una ponencia para formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades cometidas durante la campaña que lo llevó a la presidencia del país en 2022.

De acuerdo con un informe difundido por la revista Semana, “el grueso de las pruebas radica en los dineros que aportó a la campaña la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Unión Sindical Obrera del Petróleo (USO) y los 35.000 testigos electorales a quienes se les pagó 60.000 pesos colombianos [15 dólares] el día de las elecciones”.

Fecode está bajo investigación de la Fiscalía desde comienzos de este año por haber donado aparentemente 126.000 dólares a la plataforma Colombia Humana, integrante de la coalición Pacto Histórico que encabeza el presidente Petro.

“El consejo nacional electoral no es una autoridad, es una autoridad administrativa que busca vulnerar los derechos políticos de más de once millones de electores”, expresó este jueves el mandatario izquierdista en su cuenta de X.

Los dos integrantes del CNE que presentaron la ponencia son Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Prada es un excongresista del partido de derecha Centro Democrático, el partido liderado por el expresidente derechista Álvaro Uribe; y Ortiz ejerció previamente como secretario general del CNE. Ambos piden también que se levanten cargos contra Ricardo Roa, quien estuvo al frente de la campaña de Petro y actualmente es presidente de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal.

El caso deberá ser debatido por el pleno del CNE donde, de acuerdo con lo que informó el portal La Silla Vacía, no hay una mayoría clara. El órgano lo integran nueve magistrados, la oposición tiene cuatro votos, el gobierno tres y hay dos indecisos.

Pero otra cosa, que tampoco está clara, es el alcance que tiene esta investigación, ya que, de acuerdo con la legislación colombiana, el presidente cuenta con fueros y su único investigador puede ser la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto fue recordado por el mandatario en un duro discurso que dio el miércoles en un acto celebrado en la ciudad de Barranquilla.

En dicha intervención pública, consignada por Sputnik, Petro recordó que, de acuerdo con la Constitución colombiana, “el presidente de la República no puede ser juzgado sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara” de Representantes y que de conformidad con lo establecido por la “Convención Americana de Derechos Humanos, parte de la Constitución política de Colombia, [...] nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de un juez penal, es decir, porque es un criminal”.

Previamente, el jefe de Estado comentó la publicación sobre la denuncia contra su campaña. “Ha comenzado el golpe blando”, dijo Petro, que tachó de “arbitrariedad” que una instancia administrativa como el CNE pretendiera elevar acusaciones penales. “Es una abierta ruptura constitucional”, consideró.

En su discurso el mandatario amplió su señalamiento, al apuntar que las instituciones que hoy pretenden expulsarlo del poder “quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren”, porque a su juicio, “su delito, ante los ojos de la oligarquía, es no arrodillarse ante ellos, no enterrar y rendir la bandera popular”.