Una recuperación sostenible precisa enfoque de género

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el seguimiento de la recuperación económica y social luego de la pandemia debe contemplar, además de los indicadores convencionales sobre la actividad económica y las mediciones generales, otras medidas que permitan evaluar la recuperación en los sectores más vulnerables, las secuelas en los aprendizajes de los niños y niñas, la salud mental y el bienestar integral de la población, y las desigualdades entre las personas, en particular las brechas de género.

De hecho, la encuesta realizada por Opción Consultores en febrero de 2022 para la ONU ayuda a ilustrar el impacto que ha tenido la pandemia sobre la calidad de vida de las personas, relevando sus percepciones en distintos aspectos de su vida cotidiana. Si bien las variables relevadas y estudiadas son muchas, en esta columna nos concentraremos en el análisis de los resultados que exponen los impactos diferenciados en la vida de las mujeres en Uruguay, en particular respecto de teletrabajo y cuidados, y de percepción de inseguridad en los espacios públicos.

Teletrabajo y cuidados

Los resultados reflejan que 40% de las mujeres encuestadas afirmó que tuvo que trabajar desde su casa en los últimos dos años a causa de la pandemia, en contraste con el 28% de los hombres. A su vez, la posibilidad de teletrabajar para ambos sexos fue mayor para los niveles educativos y socioeconómicos altos: 69% de quienes tienen nivel educativo alto y 55% de quienes pertenecen a un nivel económico alto. Después de la pandemia, para 43% en las dos categorías se mantuvo la posibilidad del teletrabajo.

De acuerdo con lo relevado en las encuestas sobre Niñez, Uso del Tiempo y Género realizadas por ONU Mujeres y Unicef en 2020 y en 2021,¹² fueron mayoritariamente las mujeres quienes se hicieron cargo de los cuidados que se incrementaron sensiblemente con el cierre de las escuelas, durante el aislamiento para contener la pandemia. En el estudio de 2020 las mujeres se manifestaron “algo”, “bastante” o “muy” sobrecargadas debido a las tareas realizadas dentro del hogar, llegando a 61% frente a 27% en el caso de los hombres.

Ante las medidas de aislamiento y reducción de la movilidad para evitar la propagación del virus, no sólo más mujeres que hombres trabajaron desde el hogar para intentar compatibilizar las tareas del cuidado con su trabajo, sino que un alto porcentaje de mujeres abandonó el mercado de trabajo para hacerse cargo de estas. En ese momento, los hogares se convirtieron en el espacio único para el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización y el trabajo productivo. Sin duda que esta situación sólo exacerbó una crisis de los cuidados preexistente: la recarga de trabajo de cuidado y de trabajo no remunerado en las mujeres. Con anterioridad a la pandemia, los estudios mostraban que las principales restricciones que presentan las mujeres para insertarse en el mercado laboral es la presencia de hijos menores en el hogar.

Otro de los datos que emergen del estudio de 2021 es que entre quienes indicaron que tuvieron un cambio a nivel laboral, 21% respondió que ese cambio se debió a tareas de cuidados o domésticas. Y no llama la atención que las mujeres hayan sido las más afectadas por ese motivo: el porcentaje se eleva a 31% en caso de las mujeres, en tanto que en los hombres baja a menos de la mitad, a 13%.

En el estudio Análisis del impacto de la pandemia en el mercado laboral, la desigualdad y la pobreza según género, realizado por Soledad Salvador en abril de 2021 para ONU Mujeres,³ se analiza cómo el impacto de la pandemia por la covid-19 en el mercado laboral además se profundiza en las desigualdades de acuerdo con los estratos económicos: “Las que poseen mayor nivel educativo (nivel terciario) logran tener una inserción laboral similar a la masculina, mientras que aquellas con nivel educativo bajo o medio no se insertan o tienen una inserción laboral informal y/o intermitente. El determinante de esa desigualdad es el acceso a servicios de cuidados que acompañen la jornada laboral, lo que las mujeres de nivel terciario financian gracias a su formación contratando servicios en el mercado, mientras que las mujeres de estratos medios o bajos no logran alcanzar comprometiendo su formación e inserción laboral”.

Ambos informes evidencian el impacto diferenciado para las mujeres en el empleo de la crisis generada por la pandemia. De hecho, la brecha de género del desempleo se amplió de 1,5 puntos porcentuales en el período marzo-mayo/2020 y a 5 puntos porcentuales en junio-diciembre/2020. Si se consideran los niveles educativos o estratos de ingreso del hogar, las mujeres sufren también impactos diferenciados según los estratos sociales. Y aquí una de las principales conclusiones de ese estudio: “Un aumento en la desigualdad porque las mujeres de los estratos socioeconómicos más altos mantuvieron su empleo a través del teletrabajo”.

No hay dudas de que la pandemia aceleró la Cuarta Revolución Industrial, impulsando transformaciones que habrían tomado años en materializarse. La tecnología se consolida, así, como motor fundamental de la economía. La covid-19 impactó en los modelos de gestión, de producción, de demanda y comercialización de negocios que privilegian los canales online. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó en 324% y la educación a distancia más de 60%.⁴ La falta de acceso a internet también afectó las posibilidades de teletrabajar de muchas mujeres. La misma agencia enunciaba que solamente 67% de la población y 60% de los hogares de América Latina y el Caribe tienen acceso a internet. Sin duda, las dificultades de acceso se hacen más persistentes en los hogares de menores ingresos.

Nos encontramos, entonces, ante la paradoja de que la economía digital está instalada, y aunque las mujeres tienen más posibilidades de teletrabajar, problemas como la recarga de los cuidados o la falta de formación no les permiten entrar en esta economía y las marginalizan de nuevas formas. Son muy pocos los países que han adaptado los marcos regulatorios para estas nuevas formas de trabajo o teletrabajo y la protección de los derechos de los y las trabajadoras. En Uruguay la Ley 19.978,⁵ sancionada en agosto de 2021, buscó establecer normas para la promoción y regulación del teletrabajo. En estas nuevas dinámicas del trabajo las personas trabajadoras que tienen la posibilidad de tener trabajo a pesar del contexto no siempre cuentan con las protecciones y garantías que el Estado y empresas empleadoras deberían asegurar.

Esto nos lleva a insistir en que la salida de esta crisis requiere un pacto social que construya una sociedad de los cuidados, a la vez que es preciso atender la brecha digital de género, más acentuada en la región y no especialmente en nuestro país, así como la necesidad de impulsar una mayor inserción de mujeres en los campos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y en las áreas STEM (ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería por sus siglas en inglés).

Estos objetivos forman parte de la agenda que ONU Mujeres impulsa en toda la región de América Latina y el Caribe, pero además están incluidos en la Agenda 2030 y los ODS 1 (fin de la pobreza), 4 (educación de calidad) 5 (igualdad de género), 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (reducción de las desigualdades).

Percepción de inseguridad y el acoso sexual callejero

Hay otro aspecto que nos interesa especialmente de los resultados de la encuesta es la percepción de inseguridad que experimentan las mujeres al caminar solas en su barrio de noche. 49% de las encuestadas y sólo 28% de los hombres encuestados afirmó sentirse inseguro caminando por su barrio. Bien merece una mirada con perspectiva de género, porque en los últimos 12 meses, más hombres que mujeres fueron víctimas de algún acto de delincuencia como hurto, rapiña, chantaje, violencia o amenazas (los hombres respondieron afirmativamente a esta pregunta en 21%, pero las mujeres sólo en 13%).

Este dato no es una novedad para ONU Mujeres, ya que las mujeres y las niñas experimentan y temen diferentes formas de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género en las ciudades y espacios públicos que abarcan desde comentarios sexuales y tocamientos no deseados hasta violaciones y femicidios.

En 2018, la encuesta “Habitar urbano” en Montevideo y el área metropolitana dejó como resultado que 84,5% de las mujeres de entre 18 y 44 años afirmó haber vivido acoso sexual en espacios públicos al menos una vez en su vida, siendo los agresores hombres desconocidos en 90% de los casos.

En el espacio privado, como el ámbito doméstico, la violencia contra las mujeres y las niñas es ahora ampliamente reconocida como una violación de los derechos humanos. Pero la violencia en los espacios públicos, especialmente el acoso sexual, ha sido históricamente minimizada y naturalizada encubriendo bajo la idea de piropo una forma particular de violencia hacia las mujeres, lo que impide el reconocimiento, la prevención y la respuesta adecuada. Pero el impacto en la inseguridad de las mujeres para transitar libremente por su propio barrio es enorme, tal como lo relevó la encuesta de la ONU.

Cuando las mujeres y las niñas tienen miedo de caminar por las calles, de desplazarse en el transporte público o de ir a espacios como plazas, mercados o parques, repercute no sólo en su salud y bienestar, sino en su movilidad libre y autónoma. A su vez, esto tiene un impacto en el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo, de formación y de educación, limita sus posibilidades de participar en actividades sociales, deportes o de ocio, vulnerando sus derechos fundamentales.

Por lo general, las estrategias que deben desplegar las adolescentes y mujeres para acceder a su derecho a la ciudad y circular de la manera más segura posible tienen que ver con no caminar solas en la noche, tomar taxis cuando la situación económica lo permite y avisar cuando están llegando, usar auriculares para no escuchar los comentarios que reciben, elegir la ropa según los lugares, sólo transitar por avenidas alargando el camino, etcétera.

Contribuir al cumplimiento de los derechos de mujeres y niñas al uso y disfrute de una ciudad segura significa avanzar en estrategias y acciones que den respuesta a la complejidad de la vida urbana actual. “Ciudades seguras y espacios públicos seguros” es una iniciativa global de ONU Mujeres y hoy se tienen acuerdos en este marco con los gobiernos de Montevideo y Canelones.

La fase de recuperación pospandemia también brinda nuevas oportunidades para promover la planificación de las ciudades con perspectiva de género para que la “nueva normalidad” implique garantías para las mujeres y las niñas y su derecho a la ciudad.

Esto es fundamental para la defensa de los derechos de todas las mujeres y niñas, así como el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 5 sobre igualdad de género y el Objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles.

Magdalena Furtado es coordinadora de Programas de ONU Mujeres en Uruguay.