La Rendición de Cuentas incrementa el gasto el doble de lo que se afirma: ¿por qué el gobierno lo oculta?

El gobierno ha anunciado que la Rendición de Cuentas incrementará el gasto para 2023 en 226 millones de dólares. Sin embargo, si se lee el articulado y se suman las asignaciones que contiene, esta Rendición de Cuentas incrementa el gasto mucho más, en más de 450 millones de dólares para 2023, lo que representa más de 0,6% del producto interno bruto (PIB) proyectado para ese año. Es decir, el aumento de gasto de la Rendición de Cuentas es de unos 250 millones de dólares más que lo anunciado.

Es insólito que estemos discutiendo sobre cuál es el aumento de gasto de esta Rendición de Cuentas. El gobierno presentó una Rendición de Cuentas con 459 artículos y una extensa exposición de motivos, pero omite la síntesis numérica esencial: un cuadro con las asignaciones presupuestales incorporadas por la Rendición de Cuentas. También es insólito que el equipo económico no respondiera cuando los diputados del Frente Amplio reiteradamente le preguntaron, durante su comparecencia ante la Comisión de Diputados, cuál es realmente el costo de esta rendición y, concretamente, a qué se debe esa diferencia de 250 millones de dólares.

Al día siguiente de la comparecencia del equipo económico en el Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que efectivamente las asignaciones de esta Rendición de Cuentas son del orden de lo que la oposición había señalado el día anterior. O sea, unos 450 millones de dólares en lugar de los 226 millones anunciados. Pero, insólitamente, esa corrección no se hizo en un documento formal, sino a través de la actualización de la aplicación Presupuesto Fácil Uy.

En esta columna procuraremos desentrañar cuál es el verdadero incremento de gasto de la Rendición de Cuentas y qué se debería hacer para que la gestión presupuestal y fiscal fuera efectivamente más transparente. En una próxima columna analizaremos cuánto se asigna en esta Rendición de Cuentas para cada una de las áreas que el gobierno dice haber priorizado: educación, salud, seguridad, ciencia e innovación, y la recuperación salarial de los funcionarios públicos. Veremos que lo que se está asignando con bombos y platillos es apenas una fracción de lo que se recortó en esas áreas en los años 2020 y 2021.

De eso no se habla

La gran diferencia es que el gobierno no explicitó, ni en el documento de exposición de motivos, ni en su presentación ante el Parlamento, la asignación para atender las obligaciones emergentes de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de participación público-privada (PPP) por unos 250 millones de dólares para 2023 y de 285 millones de dólares a partir de 2024, según se establece en el artículo 411 de la Rendición de Cuentas.

Se podría aventurar una hipótesis de por qué el gobierno no explicita una asignación de 250 millones de dólares. Quizá se pueda decir que, en realidad, es un gasto del que se tenía conocimiento y que ya estaba considerado en las proyecciones fiscales. Aun así, es indiscutible que es un gasto adicional para 2023, y que esta Rendición de Cuentas es la que autoriza los créditos presupuestales para atender esos gastos. En cualquier caso, está claro que no es una omisión menor, y que debió ser explicitado claramente en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas. Estamos hablando de una diferencia de más de 0,3% del PIB para el año 2023.

Esto va más allá de la valoración de ese gasto específico, que fundamentalmente corresponde a los pagos por disponibilidad por el proyecto del Ferrocarril Central y por los proyectos viales y educativos que se están terminando de construir bajo la modalidad de PPP, proyectos que, por cierto, son los que han sostenido la inversión y han jugado un papel central en la recuperación de la actividad económica y el empleo desde 2020.

En realidad el costo del articulado que surge de la aplicación Presupuesto Fácil Uy, sin considerar la asignación para el pago de las ppp, es de unos 200 millones de dólares para 2023. ¿Cómo cierra esto con los 226 millones de dólares anunciados? Al respecto, sólo podemos aventurar alguna hipótesis, dado que no está explicitado.

En la Rendición de Cuentas hay asignaciones explícitas y otras que se dan vía autorización para habilitar créditos, o la creación de cargos, sin asignar una partida específica para financiarlos. Por ejemplo, la recuperación salarial para los funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública, Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, que se establece en el artículo 4° de la Rendición de Cuentas. Se prevé un aumento de 0,8% real para 2023, 1% para 2024 y 1% para 2025. Si bien no se prevé una asignación específica para esto, se otorga la facultad de habilitar los créditos presupuestales necesarios para financiarlo. Así, ese aumento de los salarios en 0,8% real en 2023 representa unos 20 millones de dólares. Con esto, nos acercamos a los 226 millones, aunque no se llega exactamente.

¿Por qué no se transparenta la gestión presupuestal y fiscal, cuando se tiene todos los medios para hacerlo?

Toda la discusión legislativa de la Rendición de Cuentas se da en términos de asignaciones presupuestales. Sin embargo, las metas y las proyecciones que se evalúan refieren al resultado fiscal. Lo presupuestal y lo fiscal están vinculados, pero no son lo mismo.

El problema es que en la práctica, durante la discusión legislativa, ambos conceptos se tratan en forma disociada, por lo que no es posible saber realmente cuál va a ser el impacto fiscal de lo que se discuta y apruebe en el Parlamento. Tampoco es posible saber qué es lo que efectivamente está incluido en la proyección fiscal y qué no. La única forma de tener claridad sobre la consistencia de la proyección fiscal con las asignaciones presupuestales es si el MEF lo explicita.

Es de destacar que Uruguay cuenta hoy con un grado de madurez en sus sistemas de gestión de las finanzas públicas que permiten hacer estas proyecciones y conciliaciones. Sin embargo, desde la presentación del Presupuesto en 2020, la oposición viene solicitando sin éxito que el gobierno presente esta conciliación básica. Sin esto, la discusión de la Rendición de Cuentas carece de ancla.

Tenemos que tener en cuenta que mientras las cifras fiscales refieren a los gastos que efectivamente se pagan en el período, los créditos presupuestales son una autorización máxima a gastar, y no todos se llegan a ejecutar. A su vez, el Poder Ejecutivo tiene amplias potestades para ajustar o no los créditos presupuestales de gastos e inversiones por inflación (generalmente no lo hace), para asignar más créditos presupuestales dentro de ciertos límites (vía refuerzos de rubro o habilitaciones de crédito) o modificarlos (mediante transposiciones). Además, existen partidas estimativas que se ajustan automáticamente, por ejemplo, las transferencias al Banco de Previsión Social o al Fondo Nacional de Salud para cubrir los pagos que se deben hacer. Por tanto, no es posible saber con qué créditos presupuestales contarán realmente los organismos para poder llevar adelante sus políticas, ni para 2022, ni para los años siguientes.

En definitiva, la transparencia es una exigencia para que la Rendición de Cuentas sea, efectivamente, una rendición de cuentas que permita que el control parlamentario sea efectivo, que la ciudadanía se informe y que el debate público sea de calidad. Una transparencia que, en esta primera presentación del equipo económico, faltó a la cita, al igual que lo sucedido en la discusión de la Ley de Presupuesto en 2020 y de la Rendición de Cuentas el año pasado. No alcanza sólo con hablar de transparencia. Lo realmente importante es practicarla. En esto, hasta ahora, el equipo económico está en falta.

Adriana Arosteguiberry y Michael Borchardt son asesores parlamentarios del Frente Amplio. Borchardt fue director de la Unidad de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas entre marzo de 2010 y febrero de 2020.