Con varios ademanes horrorosos/ Los montes de parir dieron señales;/ Consintieron los hombres temerosos/ Ver nacer los abortos más fatales./ Después que con bramidos espantosos/ Infundieron pavor a los mortales./ Estos montes, que al mundo estremecieron,/ Un ratoncillo fue lo que parieron./ Hay autores que en voces misteriosas/ Estilo fanfarrón y campanudo/ Nos anuncian ideas portentosas;/ Pero suele a menudo/ Ser el gran parto de su pensamiento,/ Después de tanto ruido sólo viento.
Fábula El parto de los montes, de Félix María Samaniego, 1781
La fábula “El parto de los montes” con la que damos inicio a este artículo nos inspira a titular las reflexiones que presentaremos a continuación, ya que nos remite a expectativas desmesuradas, grandilocuentes y opulentos anuncios. Es como anillo al dedo para representar la imagen de la titulación universitaria de docentes y educadores ofrecida por las actuales autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la que ha sido, sin objeciones de peso académico e institucional, aceptada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Esto nos llevó a poner la atención en los ademanes y señales de los montes, con sus bramidos estremecedores y sus anuncios ostentosos a partir de la aprobación de la Ley 19.889, que en su artículo 198 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias y que los docentes obtendrían una titulación universitaria, para finalmente contemplar la adversidad de que el parto de este pensamiento ha sido “sólo viento”.
El carácter universitario de la formación inicial de docentes y educadores ha sido y es no sólo un anhelo, sino una propuesta sólidamente fundamentada por la Asamblea Técnico Docente Nacional (ATD) de Formación en Educación, por los consejeros representantes de los docentes y los estudiantes en el seno del Consejo de Formación en Educación (CFE), así como por otros actores sociales y políticos en las últimas décadas.
El sustento de esta propuesta nunca estuvo centrado en la implementación de un proceso de reconocimiento del título de docentes y educadores otorgado por ANEP-CFE como universitario, sino en que la formación inicial de docentes y educadores se desarrollara en una institución de carácter universitario. La aspiración nunca fue la de reconocer un título como universitario (“por sí”), sino que este fuera el producto de una formación institucional dentro de una universidad autónoma de educación, nacional, pública y cogobernada.
¿El rugir de los montes atiende los procesos?
Desde 2006, la comunidad de formación en educación ha dado pasos meditados, consensuados y certeros en pos de una formación inicial de docentes y educadores en una institución de carácter universitario, con todo lo que ello implica. Al respecto podemos citar como ejemplos: 1) la democratización y participación de los órdenes (docentes, estudiantes y egresados), como eje para transitar hacia el cogobierno institucional 2) la implementación de acciones tendientes a la consolidación de estructuras académicas, 3) la promoción de una organización del trabajo docente en cargos y grados no sujetos a la antigüedad en el desempeño, sino dentro de una estructura de departamentos nacionales académicos, 4) la articulación a nivel nacional e internacional de una política de posgrados que permita la formación continua y que favorezca la producción de conocimientos en el campo educativo, 5) la promoción e instalación de espacios académicos reglados para el desarrollo de la investigación y su comunicación a la comunidad a partir de acciones y procesos de extensión con pertinencia social, 6) el desarrollo planificado de la formación en educación en todo el país con la incorporación de nuevas ofertas y modalidades.
Estos procesos que señalamos a modo de ejemplo refuerzan nuestro planteo inicial acerca de que la comunidad educativa de formación en educación no apostó a un reconocimiento de títulos como universitarios, sino a instalar, fortalecer y afirmar una institución terciaria y universitaria, lo que requiere de un esfuerzo coordinado de política pública que trascienda a las personas y a los vaivenes partidarios. Es por esto que la Constitución de la República da a los entes de la educación el mayor nivel de autonomía que permita la estabilización de instituciones y de políticas educativas robustas y superadoras de esas lógicas.
La mentada transformación educativa en formación en educación no fue solo un cambio de planes y programas para actualizarlos a los tiempos que corren, sino un cambio de paradigma educativo, académico y legal.
Lo que hoy acontece
La disposición legal dada por el Artículo 198 de la Ley 19.889 y sus decretos reglamentarios colocaron a la formación de docentes y educadores en un escenario lejano del anhelado y fundamentado: que los procesos se desarrollen en una institución universitaria, pública y cogobernada.
La reglamentación del MEC respecto de reconocer títulos como universitarios impuso condiciones a la ANEP ente autónomo que tiene constitucionalmente a su cargo la educación, como así al CFE en tanto responsable de la formación en educación. El reconocimiento de títulos de docentes y educadores como universitarios trajo consigo una determinante intervención del MEC en la ANEP. La mentada transformación educativa en formación en educación no fue sólo un cambio de planes y programas para actualizarlos a los tiempos que corren, sino un cambio de paradigma educativo, académico y legal.
¿En qué condiciones se presenta hoy la formación de docentes y educadores pública ante el MEC para este reconocimiento?
- Con planes, programas y reglamentos definidos fuera de los ámbitos de participación. En particular en los últimos dos años, la política de participación ha sido concebida como forma de legitimar las acciones, sin incidencia en la toma de decisiones. Las consultas a estudiantes y docentes se realizan de forma parcial, en tiempos exiguos y fragmentados, generando que las comunidades educativas se sientan ajenas a los cambios propuestos, frente al sistemático desconocimiento de las estructuras de representación existentes, a saber: Comisiones de Carrera Locales y Nacionales, Departamentos Académicos, Sindicato, Asamblea Técnico Docente.
2.Con una estructura académica nacional desmantelada y sin propuestas de reconstitución, lo que favorece la designación directa a la hora de planificar acciones, planes o programas, promoviendo a la interna peligrosas relaciones de micro poder (Foucault, 2002, p. 83). Lejos queda la consolidación de las estructuras académicas y la unicidad e integralidad de la formación de grado de docentes y educadores a nivel nacional, lo que se traduce en propuestas curriculares incompletas, inconexas y con falta de rigurosidad académica, dejando en entredicho sus parámetros de calidad.
3.Con una organización del trabajo docente precarizado al semestralizar la propuesta curricular sin resolver una organización de la labor en cargos y grados académicos. Las normas que definen el régimen de trabajo datan de 1992, los cambios aprobados en 2019 se dejaron sin efecto y más allá de voces y más voces que lo reclaman, no hay respuestas. Esto se traduce en rebaja salarial y precarización de las condiciones laborales. Asimismo, no se avanza en políticas de concursos excepto para equipos directivos que ahora, en 2023, serán formados bajo las lógicas definidas por el MEC, amparado en lo dispuesto en la ley de urgente consideración que crea el Programa de Fortalecimiento a la Formación Docente.
4.Con ausencia de políticas de posgrado propias. Estos últimos años se han limitado a mantener los posgrados que ya se realizaban en coordinación con la Universidad de la República (Udelar) desde hace varios años. Lejos quedaron los anuncios en actos públicos de nuevos programas de maestrías y doctorados gestados desde CFE. Ahora será el MEC quien disponga, luego de desarrollados los cursos para directivos que antes mencionamos, quiénes de ellos accederán a becas de maestría y doctorado.
5.Con graves problemas en la planificación de la oferta educativa desarrollada por el actual CFE. Se ha abandonado una planificación desde una perspectiva macro institucional, propiciando una lógica sujeta a la demanda y de respuesta ante emergentes. Asimismo, se ha implementado la eliminación de titulaciones intermedias de algunas especialidades de maestro técnico y profesorado y de la Tecnicatura en Primera Infancia de gran demanda laboral, lo cual -al menos en los números preliminares- ya ha tenido impacto en la disminución de la matrícula en 2023 y que reduce además el derecho a la educación de algunos sectores de la población.
6.Con innumerables irregularidades y falta de previsión en la implementación del nuevo Plan de Estudios 2023, que fuera requisito del MEC para el reconocimiento universitario de los títulos de docente y educador, dejando en evidencia un desconocimiento acerca de la complejidad académica, administrativa, de gestión y de los tiempos que implica poner en marcha un nuevo plan. A modo de ejemplo, el reglamento de evaluación y pasaje de grado de los estudiantes fue aprobado casi dos meses luego de comenzados los cursos, unidades curriculares semestrales que a mayo aún no tienen docente a cargo, cursos con más de 100 estudiantes, unidades curriculares que en muchos casos no presentan programas, problemas locativos, de horarios y de extensión de turnos que atentan contra un perfil de estudiante que estudia y trabaja en general, la desaparición paulatina de la Modalidad Nacional de Profesorado Semipresencial y la implementación de la Modalidad Semipresencial Centro y Centro de Referencia, las que determinan verdaderos éxodos de estudiantes entre varios centros del país para realizar su carrera.
En este escenario y acorde a lo dispuesto en el Artículo 198 de la Ley 19.889 y sus decretos reglamentarios, la ANEP en lo que refiere a formación en educación ha sujeto su autonomía técnica al MEC, sin objeciones significativas, bajo el manto de recertificar títulos de docentes y educadores como universitarios, como una forma de complacer las demandas de la comunidad de formación en educación.
Nuevamente la fábula
Como lo han señalado Cortazzo y Silva (la diaria Educación, 22 de junio de 2022), estamos ante un importante problema de política pública: acreditar la titulación universitaria de un sector de estudiantes de formación en educación, maestros y profesores centrado en un proceso exógeno a la propia institución formadora, que además implica una prueba de conocimientos regulada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED). Este proceso impone una transformación educativa con una lógica y parámetros también externos, que no responden a los cambios esperados, reclamados y fundamentados por la comunidad educativa de formación en educación.
Los grandes ausentes en este proceso resultan aquellos que deberían estar en primera fila hacia la implementación de una formación de docentes y educadores de carácter universitario, no por reconocimiento sino por inmersión. El Codicen de la ANEP y los consejeros políticos del Consejo de Formación en Educación son quienes por mandato constitucional y legal deberían ser celosos cuidadores de la autonomía de la ANEP y propulsores de una imprescindible Universidad de la Educación. Hacen que oyen, pero no escuchan a los profesionales de la educación, a estudiantes y funcionarios, siendo solícitos a los planteos del MEC, desconociendo todo el proceso y el camino transitado anteriormente.
Asistimos a la insensatez de las acciones dominadas por un discurso utilitarista y una ética ajena a las instituciones, incapaz de promover la convivencia en las comunidades educativas sustentada en un verdadero proceso de universitarización.
De manera grandilocuente, los “Montes” nos dicen que docentes y educadores tendremos titulación universitaria, pero eso no sólo no será real por el modelo académico e institucional de formación impulsado, sino que además deberá intervenir una tercera institución, el INEED, para certificar que lo que hizo el ente autónomo de la educación (ANEP), es decir la formación inicial que brindó a los futuros profesionales de la educación, admite ser reconocida como universitaria.
Esta forma de reconocimiento, como ha venido siendo denunciado durante todo este proceso, no es acompañada por docentes ni estudiantes, y por si fuera poco, socava la autonomía de la ANEP establecida por la Constitución de la República.
Que los “Montes”, luego de sus ostentosos anuncios, den a luz a la Universidad de la Educación y con ella a una verdadera titulación universitaria para docentes y educadores, es lo que esperamos.
Carlos Cabral, Rita Cabrera, Rosana Cortazzo, Gustavo Klein y Gabriela Rico son profesores del Consejo de Formación en Educación.
Referencias
Cortazzo, R y Silva, D. 2022. Desinstitucionalizar la formación en educación: desde una institucionalidad universitaria incipiente hacia el individualismo y la precarización. https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2022/6/desinstitucionalizar-la-formacion-en-educacion-desde-una-institucionalidad-universitaria-incipiente-hacia-el-individualismo-y-la-precarizacion/ Foucault, M. 2002. Vigilar y castigar. Traducción de: Aurelio Garzón del Camino. Argentina: Editorial Siglo XXI.
MEC, 2022. Programa Nacional de Fortalecimiento a la Formación docente. https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/programa-nacional-fortalecimiento-formacion-docente.