“Preferiría no hacerlo”: sobre la transparencia en San José

En el interior del país la transparencia es un concepto manejado al antojo de los gobiernos de turno, que se manipula en función de ciertos intereses. Ante tanta maleabilidad del término y su utilización banalizada, se constituye como un significante vacío. Particularmente desde las intendencias se goza de privilegios normativos que habilitan a eludirla, una burla al sistema político, mediante la construcción de una modalidad que se basa en la arbitrariedad. La falta de transparencia no sólo refiere a las designaciones directas -quizás el fenómeno más visible-, sino que también se da mediante los procedimientos de compra directa y el manejo arbitrario en la asignación de compensaciones salariales y horas extras, elementos que se sustentan en una absoluta arbitrariedad y que conllevan un enorme riesgo de transformarse en acciones favorecedoras de clientelismo político.

Ante esta realidad, resulta relevante preguntarse por qué es necesaria la transparencia, y la respuesta es que se constituye como herramienta que permite eliminar las asimetrías de poder y las incertidumbres que suelen existir en el ámbito político. La transparencia expone intereses ocultos y dinámicas de gobierno que pueden interponerse en el camino de la verdadera democracia. La transparencia se convierte en una herramienta importante para equilibrar las relaciones de poder y asegurar la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Parte del proceso clave a la hora de aportar transparencia al sistema político es hacer que la información sea accesible y comprensible para todos. De esta forma se promueve la igualdad de oportunidades y se evita la concentración del poder en manos de unos pocos. Por tanto, la transparencia no debería ser un privilegio o una categoría inalcanzable. Debe ser un deber obligatorio en el marco del ejercicio del poder delegado.

En nuestro país, avances normativos establecen mecanismos para ejercer el control, que la Intendencia de San José incumple. Uno podría pensar -de forma ingenua- que se da por desconocimiento, pero no. En diciembre de 2022 cursé una nota al ejecutivo y legislativo departamental exhortando al cumplimiento de la normativa de datos abiertos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). En ella se expone claramente que los portales de organismos públicos deben disponer de información pública con relación a la estructura orgánica, las facultades de cada unidad administrativa, la estructura de cargos y remuneraciones por escalafón, funciones y compensaciones, información acerca de las concesiones, licitaciones y compras directas con nombre de titulares y beneficiarios, entre otros datos. No obstante, se ha hecho caso omiso desde la Intendencia de San José.

En forma paralela, durante un tiempo considerable tracé como objetivo estudiar las compensaciones salariales asignadas por la Intendencia de San José en el periodo de 2015 a 2022. Esto, con motivo de las reiteradas observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas de la República respecto al incumplimiento del artículo 86 de la Constitución y el convenio 30 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo que se sintetiza en la falta de criterios para asignar compensaciones salariales, la falta de carrera administrativa y de estructura de cargos, que habilitan a un sistema de premios y castigos con base en la arbitrariedad de las autoridades, ya que no se cuenta con una norma presupuestal que las habilite.

Entre los hallazgos, pude identificar que 339 de 876 funcionarios (39%) percibe compensaciones salariales, incrementándose este beneficio desde 2015 a 2022 en 88%. Pero más preocupantes aún son los montos que se les destinan, ya que, desde 2015 a 2022, tuvieron una tasa de incremento de 299%, destinando en ese período 475 millones de pesos o lo equivalente a casi 12 millones de dólares en recursos ejecutados arbitrariamente, acción que genera una absoluta dependencia de las y los funcionarios de las voluntades políticas de turno, dejándolos en una situación de inferioridad.

En lo que se refiere a estas lógicas en la forma de ejercer el poder basándose en la arbitrariedad, el filósofo Enrique Dussel nos plantea en 20 tesis de política que “si los miembros del gobierno, [...] creen que ejercen el poder desde la autoridad referente, su poder se ha corrompido”. Pero advierte que existe una doble corrupción del poder soberano ante el aval de esta corrupción originaria, en el proceso de fetichización del poder, desde la absolutización. De esta forma, el ejercicio del poder se vuelve servil y, podríamos decir, una lógica parasitaria.

Estas lógicas están constituidas bajo un sustento ideológico de modos de gobernar bajo la lógica de feudo, perpetuando y agudizando una problemática que viene instaurada y transmitida social y culturalmente en nuestro departamento, a la que es necesario desnaturalizar.

En ese proceso de análisis y tratando de comenzar a dar un puntapié inicial, es que fue propuesto eliminar las lógicas arbitrarias y constructoras de desigualdades a través de una moción en la Junta Departamental de San José a la que el Partido Nacional se opuso tajantemente reivindicando la metodología que utiliza la actual administración, basada en la opacidad. Un personaje literario llamado Bartleby, de una novela de Herman Melville, ante las órdenes de su superior, generaba una reiterada resistencia pasiva con la repetición de la frase “preferiría no hacerlo”. Esta actitud puede acoplarse con la falta de voluntad política por parte del Partido Nacional en San José y con la falta de transparencia en sus estructuras de poder. En San José, ante la propuesta de aprobar medidas para mejorar la transparencia, el Partido Nacional “preferiría no hacerlo”.

Damián Romero es psicólogo y edil del Frente Amplio por la lista 82 en San José.