Hechos, datos, razones y fundamentos para una política pública de combate a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

“Las afirmaciones no se compadecen con la realidad y no describen la situación de Uruguay en ningún aspecto” fue la expresión utilizada a fines de mayo por el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en alusión a la conferencia de prensa brindada por la relatora especial de las Naciones Unidas, doctora Mama Fatima Singhateh, luego de la visita que realizara –invitada por el gobierno uruguayo– para examinar la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) contra la explotación sexual, el matrimonio infantil, la trata de menores y la venta de niños y niñas a través de adopciones ilegales.

El doctor Pablo Abdala remarcaba que manifestaciones como las realizadas por la experta tendrían que “sustentarse con hechos, datos, razones y fundamentos” y que “en ningún caso aparece un dato, una cifra o un hecho que fundamente semejante afirmación”. Se refería a lo expresado por la doctora Singhateh en rueda de prensa el 26 de mayo en Montevideo: “Hay una necesidad de cambiar la cultura en Uruguay que normaliza la explotación y el abuso sexual de menores”.

Estos fenómenos existen desde hace muchos años. A continuación se tratará de recoger algunas pistas recientes que alertan sobre la negación e invisibilización existente tanto a nivel cultural como en las prácticas institucionales.

Hechos preocupantes

En la denominada “operación Océano”, causa iniciada en mayo de 2020 que aún no ha finalizado, fueron investigadas 37 personas de las cuales nueve fueron condenadas por juicio abreviado y 11 fueron a juicio oral y público. Los delitos tipificados por la Ley 17.815 incluyen producción y comercialización de pornografía, contribución a la explotación sexual, tráfico de personas menores de edad. Los agresores tenían en promedio entre 50 y 60 años de edad en ese momento y desarrollaban actividades en el ámbito empresarial, educativo y político, entre otros. En tanto, las víctimas, en condiciones de vulnerabilidad al momento de ser sometidas a diferentes formas de violencias sexuales, tenían entre 13 y 17 años. La asimetría de poder entre varones perpetradores y adolescentes abusadas es evidente, no requiere explicación alguna.

Actualmente existe otra investigación en curso con eventual responsabilidad penal de un legislador de la República por explotación sexual infantil. Si bien el proceso ha comenzado recientemente, los hechos denunciados hasta el momento por varias víctimas y el desarrollo prolongado en el tiempo de estos delitos son elocuentes.

Las preguntas que buena parte de la ciudadanía se hace ante estos hechos surgen casi espontáneamente. ¿Cómo pueden perpetrarse estas brutales agresiones contra NNA sin una red de complicidad que las ampare, en lugares públicos, por hombres connotados y respetados en sus áreas de actividad, sin que a nadie le llame la atención?; ¿con qué medios cuenta el Estado a través de los organismos competentes para prevenir la concreción de estos crímenes?

En tanto, en función de la reacción de algunas autoridades políticas, las preguntas siguen sucediéndose: ¿por qué creen en la versión de los indagados, poniendo en duda la de las víctimas?;¹ ¿cómo pueden exhibir su conmoción por el impacto que estos procesos tienen entre los suyos y no emitir contundentes condenas hacia prácticas repudiables de máxima agresión, como es la violencia sexual, perpetradas contra NNA?; ¿por qué razón la destrucción de jóvenes vidas que quedarán signadas por esa extrema violencia queda por fuera de sus discursos?

Cabe preguntarse si ante hechos que tienen lugar bajo la forma de red delictiva que opera desde hace varios años no debería pensarse que existe en Uruguay una cultura de la negación y naturalización en la sociedad.

Datos reveladores

En la órbita del INAU funciona desde 2004 el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes (Conapees) como órgano interinstitucional que elabora, propone y articula la política pública en la materia. La estructura y los recursos humanos y materiales asignados a este comité no han sido suficientes hasta el momento para desarrollar mediciones confiables del fenómeno.

Asimismo, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) desarrolla actividades en la órbita del INAU. Su carácter permanente fue otorgado por la Ley 19.747 de octubre de 2019. Se encuentra integrado por el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Fiscalía General de la Nación. El Sipiav está habilitado a solicitar la designación de representantes al Poder Judicial, a la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong) y a la Universidad de la República, entre otras instituciones y organizaciones.

En el último informe del Sipiav de 2022² se señala que el 90% de los casos de explotación sexual atendidos se encontraban en fase crónica. También se expresa que la frecuencia y cronicidad de todas las situaciones de violencia son muy altas. Para ese mismo período expresa que solamente un tercio de los niños, niñas y adolescentes logran visualizar las situaciones y el daño asociado, y que respecto de los dos años precedentes la visualización continúa descendiendo.

La interpretación de estos datos puede realizarse en un amplio abanico de alternativas en cuanto a sus causas, pero lo que no deja lugar a dudas es que los casos atendidos que llegan a conocimiento del INAU son de larga data por su cronicidad. Las carencias en su detección precoz y prevención junto a la naturalización que predomina en buena parte de la sociedad seguramente forman parte de un diagnóstico ineludible.

Estas realidades deberían abordarse con carácter urgente, con el rigor de una política pública diseñada en base a información confiable y con la estrecha articulación de las instituciones públicas llamadas a intervenir en las distintas fases de implementación. Año tras año se suceden las rendiciones de cuentas sin que se pueda saber cuál es la prevalencia de estas violencias en Uruguay, cuáles los indicadores por los que se mide su evolución y cuál es el monitoreo que realizan los organismos responsables por la prevención y promoción de una política pública de vital sensibilidad.

La elaboración de información estadística no puede limitarse a la descripción lisa y llana de los eventos, sino que corresponde evaluarla y brindar las explicaciones rigurosas que las personas expertas valoren en su análisis. Si las conclusiones de la relatora especial de ONU no fueron de recibo según las autoridades que así lo expresaron, deberían entonces brindar una convincente explicación respecto de los datos alarmantes de violencias contra NNA con los que cuentan.

En el documento “Diagnóstico nacional sobre violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes”,³ de junio de 2021, se desarrolla un exhaustivo análisis del fenómeno de las violencias sexuales contra NNA en Uruguay y las respuestas del Estado al respecto, desde el marco legal, de políticas públicas, registro de datos y presupuestario. Se identifican obstáculos transversales relativos a la falta de perspectiva de infancia en el presupuesto, de integración de los registros, de monitoreo de las políticas públicas, de participación de NNA, y de formación de agentes que intervienen en el proceso y de sensibilización de la población en general.

Y en cuanto a los obstáculos específicos con relación a la violencia por explotación sexual y trata de personas, el informe expresa: “Diferentes estudios de percepción concluyen que suceden situaciones de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en todos los departamentos del país, en zonas urbanas y rurales en diferentes modalidades. Esta última apreciación encuentra un alto nivel de concordancia con la opinión de las diferentes encuestadas. Se detectan situaciones de trata interna en adolescentes y desapariciones por tiempos limitados. Las jóvenes y adolescentes son captadas por redes de trata para ser explotadas durante un tiempo acotado, lejos de sus redes de protección. La continua desaparición y aparición de adolescentes de sus barrios y entornos de convivencia invisibiliza este fenómeno como mecanismo de operación de las redes de trata [párrafo transcripto de informe de la asociación civil El Paso]”.

A su vez, si nos concentramos en otro de los aspectos a relevar en el marco de la visita de la relatora especial de ONU, esto es, el matrimonio infantil, se puede afirmar que no existen datos accesibles respecto de la magnitud del fenómeno. Los libros que recogen la información sobre los matrimonios celebrados en todo el territorio nacional se encuentran bajo custodia del Registro de Estado Civil, Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Se trata de registros de carácter público, y a pesar de ello el MEC ha negado el acceso ante solicitudes con fines académicos.

Esta debilidad conspira para que nuevas investigaciones puedan profundizar sobre características y evolución de estos matrimonios a lo largo del tiempo, lo que se verá aún más limitado por el cambio introducido por la ley de urgente consideración. Luego de su aprobación, la celebración de matrimonios ha quedado a cargo de municipios y alcaldías de todo el país, lo que significará mayor fragmentación de estos registros y complejizará su sistematización y la elaboración de estadísticas que den cuenta de este fenómeno.

Razones y fundamentos

Las razones y fundamentos para mejorar una política pública tan sensible para la protección de la niñez y la adolescencia deberían desvelar a las autoridades. Las reacciones negadoras de los fenómenos y descalificadoras hacia quienes aportan una mirada externa y experimentada respecto de esta problemática sólo contribuyen a confirmar que la naturalización generalizada tiene su correlato en la narrativa de los responsables políticos.

Los NNA son sometidos a un continuo de violencias de maltrato, abuso y explotación, y en algunos entornos sociales se justifica por la mejora económica del magro presupuesto familiar (intercambio por dinero, ropa o alimentos) y por el supuesto “consentimiento” de la persona menor de edad abusada.

Las expresiones de naturalización que vienen de comentarse constituyen una barrera enorme en el proceso de erradicación de estos delitos. Se hace imprescindible que los organismos responsables por la detección temprana de estos fenómenos actúen oportuna y articuladamente; es imperioso que la cronicidad sea radicalmente reducida.

Parafraseando a la relatora especial de ONU, su apelación a que se deje de “normalizar” el abuso sexual de menores y a la “necesidad de educación” para crear “conciencia” sobre estos problemas no presenta divergencia alguna con los antecedentes que vienen de referenciarse en los párrafos precedentes.

Se debe cambiar esta cultura en Uruguay, y como enfatizó la doctora Singhateh, los actores públicos que intervienen (jueces, fiscales, abogados defensores) “necesitan reeducarse, deconstruir este concepto de que una chica de 17 años que sale con un tipo de 40 años es normal. ¡No es normal, es explotación sexual!”.

Sin datos confiables ni hechos oportunamente detectados y denunciados el país seguirá oficiando como territorio de origen, tránsito y destino de trata con fines de explotación sexual. La experta señaló las áreas fronterizas entre los países vecinos de Argentina y Brasil como “puntos de entrada para mujeres y niños que ofrecen temporalmente servicios sexuales”.

Las expresiones públicas del presidente del INAU citadas al inicio pueden considerarse como una expresión de negación sistemática ante tantas evidencias que tiene a su alcance. El Estado debería generar estudios de prevalencia e indicadores para medir la evolución en el tiempo de estos fenómenos y asumir compromisos de resultados a alcanzar en la prevención y la protección de los derechos humanos de NNA. Por cada caso de explotación sexual de NNA que llega a ser tratado, ¿cuántos existirán sin que sean detectados?, en ocasiones con la mirada cómplice del entorno institucional que debería garantizarlos.

Ensayo como método del gobierno

En la misma conferencia de prensa, la experta de ONU dijo que la ley de tenencia compartida, aprobada en abril, “no aborda el creciente problema de violencia intrafamiliar y deja a los niños desprotegidos al exponerlos a situaciones de violencia y maltrato por parte de un integrante de la familia”.⁴

Y la vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, hizo una reveladora precisión al sostener que en la puesta en práctica de la ley se va a ver si efectivamente esto acontece. La gravedad de estos impactos significa el 100% de daño para quien sea víctima de estas eventuales agresiones, máxime cuando las estadísticas muestran que, en un alto porcentaje, la principal persona agresora integra el núcleo de convivencia.

Cuando está en juego la prevención de violencias dirigidas a NNA, todo riesgo de ocurrencia debería ser mitigado por quienes son actores públicos responsables por su protección. Ensayar con la aprobación de una ley regresiva y conservadora, como si fuera con cobayos en un laboratorio, es de gran negligencia e insensibilidad.

Estas declaraciones refuerzan la invisibilización de estos fenómenos. El futuro de buena parte de NNA está en decisiones de gobierno que, como en otras esferas de actuación, son improvisadas, inoportunas e irresponsables.

Elizabeth Oria es licenciada en Administración y en Sociología, y fue directora general del Ministerio de Economía y Finanzas (2005-2009).