Más democracia participativa

En la columna pasada se propuso una reflexión, con nota de atención incluida, en relación a nuestra práctica y prédica democrática. En esa oportunidad se revisaron un conjunto de elementos y alertas respecto a pronunciamientos y comportamientos que, sin amenazar explícitamente la vocación democrática y nuestra institucionalidad, presentan deficiencias importantes a considerar.

En esta oportunidad interesa proponer una reflexión que, opuesto a las carencias y deterioros que exhibe nuestra democracia representativa, identifica alternativas (no necesariamente opuestas sino más bien complementarias), para el fortalecimiento democrático. Porque entre tanta nube negra y debate chato en las redes sociales, también es posible identificar y resaltar experiencias y dispositivos que promueven y contribuyen a preservar la buena salud de nuestra democracia. Esa profundización democrática se vincula más con la dimensión participativa que con la representativa, aunque quiero insistir en que se trata de elementos perfectamente articulables.

Sin pretender cuestionar el esencial instituto de la representación (aun pese al visible deterioro de la calidad de los debates y los productos legislativos actuales en Uruguay), sí se torna necesario discutir y proponer en la perspectiva de ampliar miradas que complementen la democracia representativa con un enfoque participativo y de apropiación ciudadana. Problematizar la democracia es tan legítimo como necesario, e implica animarse a profundizar e innovar desde la práctica. Porque no debe ser suficiente, ni debe contentarnos, una suerte de “mínimo común” democrático en un sistema sustentado teóricamente en la titularidad del poder que es confiada a representantes de la ciudadanía que se eligen cada cuatro o cinco años.

Entonces, trascender la definición de participación restringida a los ciudadanos/as que votan y luego aceptan y acatan los pronunciamientos de sus “representantes”, involucra aspectos de interés colectivo relevantes. Y esos aspectos deben propiciarse en base a: normativa, procesos, ámbitos, recursos y capacidades específicas. Porque se propone aquí una participación que además, debe ser informada y tener incidencia en la toma de decisiones (colectivas y vinculantes). Esa es una parte sustantiva del enfoque participativo, pero que además incorpora también la necesidad de involucrar a las personas en el control sobre las políticas públicas, tanto en la etapa del diseño como en la de implementación y evaluación.

Guillermo O’Donnel, referente insalvable de la ciencia política en el continente, ha insistido fuertemente en el potencial que supone promover una distribución del poder con mecanismos de control mutuo horizontal entre las agencias. El autor habla de una modalidad horizontal societal para referir a esa posibilidad de exigir responsabilidad a los gobernantes desde una sociedad civil que despliega y protagoniza mecanismos complementarios al voto. Ello constituye otro aspecto decisivo y diferencial de la democracia participativa.

La democracia participativa también requiere de un marco de legitimidad institucional y ello por cierto no sólo es habilitar la selección de gobernantes mediante elecciones libres, sino que supone contar con marcos y procedimientos que viabilicen mecanismos decisorios de involucramiento de la ciudadanía. Pese a múltiples discusiones y debates, Uruguay cuenta con legislación que (más allá de su gradualidad o timidez), es habilitante en ese sentido. Eso es una buena noticia.

Otro pilar de la democracia participativa es el impulso a la deliberación pública como método que complementa y potencia la toma de decisiones estratégicas para una comunidad dada. Ese es un aspecto de enorme valía, en la medida que privilegia una argumentación pública y colectiva de ciertas decisiones por encima de preferencias o beneficios individuales, corporativos o incluso tecnocráticos. La deliberación como elemento clave de la democracia participativa es una herramienta muy relevante para mitigar muchas de las frustrantes promesas democráticas que hace décadas mencionaba Norberto Bobbio.

Los principios rectores de una gestión democrática de calidad también deben sostenerse en puentes de diálogo con y en la comunidad o el territorio. Eso representa una enorme oportunidad de abonar legitimidad desde la transparencia y el ejercicio de control ciudadano. En las próximas columnas se proponen dos ejemplos de práctica y prédica participativa que, aún con poca prensa, son muy relevantes para robustecer la democracia uruguaya. Esas experiencias se vinculan con los presupuestos participativos en Montevideo y el enfoque de gestión de cercanía en Canelones. Cada uno cuenta con diversos procesos y mecanismos políticos que promueven mucho más que el voto cada un determinado lapso de tiempo, sino que les otorgan voz y decisión a las personas que habitan y transitan cotidianamente los territorios.

Martín Pardo es politólogo, magíster en Desarrollo Local y Regional. Integra el equipo de dirección de fundación La Plaza.