Desde que el 15 de noviembre comenzaron los diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia, pocas veces el presidente Juan Manuel Santos se refirió a cuáles eran los puntos de desacuerdo entre la delegación gubernamental y la de la guerrilla. En general, ambas partes se han limitado a dar a conocer lineamientos generales sobre sus posturas en las conversaciones. Sin embargo, en una entrevista con la agencia de noticias Reuters, Santos reveló algunos detalles sobre lo que sucede en las negociaciones en La Habana, donde no surgen anuncios importantes desde hace algunos meses.
El último, presentado por Santos en Colombia, fue el de un cese del fuego de las fuerzas de seguridad colombianas que acompaña al que ya aplicaban las FARC. Santos dijo a Reuters que no descarta prorrogar esta medida, que fue anunciada en marzo y que se aplicaría por un mes, o incluso alcanzar un cese bilateral del fuego. Sin embargo, dijo que las negociaciones atraviesan su etapa “más difícil”, pero también “definitiva”.
Manifestó que el principal escollo tiene que ver con la posibilidad de que los guerrilleros enfrentarán o no procesos judiciales.
“Ahí está el meollo del problema: si la guerrilla acepta -como tiene que aceptar- la Justicia transicional, creo que ahí se destraba todo este proceso y llegaremos a un final feliz”, dijo Santos, antes de señalar que “un proceso con total impunidad es imposible” y que “las amnistías de antaño ya no son posibles”.
“No estamos dispuestos a pagar un solo día de cárcel”, aseguró a comienzos de marzo Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor Central de las FARC e integrante de la delegación de la guerrilla en las negociaciones.
Santos dijo ayer: “La Justicia los tiene que condenar. Ahora, qué tipo de condenas y cómo se pagan esas condenas, todo eso es parte de la negociación”. La Justicia transicional que diseñó el gobierno permite, entre otras cosas, el arresto domiciliario y el monitoreo electrónico para responsables de delitos que no califiquen como de lesa humanidad. Agrupaciones de víctimas de las FARC y sectores políticos que se oponen a las negociaciones han manifestado un fuerte rechazo a que los guerrilleros accedan a penas alternativas.
Esta información se conoció horas antes de que se conmemore hoy por tercera vez el Día de las Víctimas del Conflicto, una jornada que creó el gobierno de Santos. En ese marco está prevista una Marcha por la Paz, convocada en febrero por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la ex senadora Piedad Córdoba. El presidente colombiano confirmó su asistencia a la manifestación, mientras que las FARC y la segunda guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, convocaron a la gente a salir a las calles.